La próxima promulgación de la ley que crea la Región de Ñuble confirma la desordenada hoja de ruta que rige la descentralización en Chile. Se hace urgente que la clase política asuma su responsabilidad y legisle finalmente la elección directa de los gobernadores regionales, para así dotar a las regiones de la autonomía y mecanismos de rendición de cuentas que ayuden a terminar con la incuestionable afirmación de que Santiago es Chile.
Como una de las 25 provincias que existían en el período pre-dictadura, la Provincia de Ñuble se sentía desplazada por Concepción, la capital regional y también cabeza de la que otrora era otra de las 25 provincias. Lamentablemente, la misma lógica que justifica la demanda de Ñuble aplica a cualquiera de las otras provincias que fueron fusionadas en regiones durante el régimen militar en 1976. Es más, el logro de Ñuble en convertirse en región probablemente alentará a provincias como Aconcagua, Linares, Colchagua o Chiloé a seguir el mismo camino. Después de todo, si convertirse en región implica un aumento en el número de parlamentarios para la zona, sería un sinsentido no querer el cambio. De ahí que la decisión de crear una nueva región amenace con desatar un efecto inflacionario en el número de regiones que existen en el país.
Pero ser región no significa adquirir autonomía o minimizar la excesiva dependencia de Santiago. Después de todo, las autoridades locales seguirán siendo nombradas por La Moneda y rendirán cuentas ante el ministro del Interior, no ante los residentes de la región. El Ministerio de Hacienda seguirá controlando la billetera y los intendentes tendrán que sufrir las frustraciones de una población que espera su liderazgo activo y de una estructura institucional que los convierte en débiles representantes del Gobierno nacional en las capitales regionales.
Parte de la solución sería la elección directa de los Intendentes. Desde la campaña de Ricardo Lagos en 1999 que la promesa de elegir a las autoridades regionales ha sido repetida por casi todos los candidatos presidenciales, exitosos y perdedores. Si bien es evidente que ha habido avances —desde 2013 que los consejeros regionales se eligen democráticamente—, la promesa de que la máxima autoridad regional también será decidida por cada región y no por el Presidente de la República sigue incumplida. Aunque el Congreso ha avanzado en el proyecto de ley que permitirá la elección directa de intendentes —gobernadores regionales—, parece altamente improbable que los chilenos puedan escoger a sus autoridades regionales este noviembre. En el mejor de los casos, los nuevos gobernadores podrían ser electos de forma extraordinaria en 2018, aunque parece más probable que en el futuro las elecciones de las autoridades regionales coincidan con las elecciones municipales que se realizan cada año y que deben realizarse nuevamente en 2020.
Pero la principal razón por la que el Congreso no ha sido capaz de enviar la ley que regula la elección directa de los gobernadores regionales es porque no existe acuerdo mayoritario sobre cuáles serán los poderes y atribuciones de estas autoridades. El temor de muchos centralistas de que las regiones son como adolescentes irresponsables que no pueden asumir obligaciones ha bloqueado un proyecto necesario para el desarrollo del país. Al elegir a sus autoridades, las regiones competirán entre ellas por atraer proyectos de inversión e innovar en políticas públicas. Santiago perderá poder, pero Chile ganará en desarrollo.
Por cierto, con 2,1 millones de habitantes, Bio-Bío (incluido Ñuble) es la segunda región más poblada de Chile. Al restarle los 440 mil habitantes de Ñuble, la reducida Región del Bio-Bio quedará con 1,650,000 habitantes, siendo la tercera más poblada (después de la Metropolitana y Valparaíso). Como Ñuble deberá escoger sus propios senadores, lo más probable es que se deba aumentar el número de escaños del Senado. Después de todo, no tiene sentido que Bio-Bio pierda alguno de sus cinco cupos si sigue teniendo más población que otras dos regiones que tendrán cinco senadores (Maule y Araucanía). A su vez, con sus 440 habitantes, Ñuble demandará un número similar de senadores que Los Ríos, que elige tres escaños. Así, aunque todos digan que no aumentará el número de 50 senadores —que deberá empezar a regir desde marzo de 2022—, lo más probable es que el aumento en el número de regiones (a 16 ahora, pero más después) tenga también un efecto sobre el número de miembros en el Senado.
Un país centralizado al estilo de la colonia no puede soñar con ser desarrollado en el mundo globalizado del siglo XXI. Si bien la decisión de convertir a Ñuble en región responde a una sentida demanda de la zona, resulta incomprensible que el Gobierno y el Congreso hayan concordado en crear una nueva región antes de promulgar la ley que establece la elección directa de los gobernadores regionales. (El Líbero)
Patricio Navia
