EL DESCONTENTO de la ciudadanía con el sistema de pensiones es real, debemos hacernos cargo de ello, no minimizar una molestia que es generalizada y que lleva mucho tiempo incubándose.

Soy partidario de aumentar la cotización obligatoria, gradualmente, y que ello sea de cargo del empleador. Soy partidario también de ampliar y fortalecer el pilar solidario y de buscar los recursos permanentes para su financiamiento.

Los cambios descritos generan un amplio consenso, por lo tanto, enviar al Congreso Nacional un Proyecto de Ley de estas características debiera tener un trámite expedito, recordando por supuesto, que de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, la iniciativa exclusiva en materias de previsión social es del Poder Ejecutivo.

Los cambios al sistema tendrán que hacerse cargo de las mayores expectativas de vida de nuestra población. Las edades para jubilar tendrán que elevarse, pero ello debe hacerse para quienes están comenzando a cotizar, no para quienes ya tienen una larga vida laboral y previsional, porque ello significaría un cambio en las reglas del juego simplemente inaceptable.

Insistir en la creación de una AFP Estatal, como solución a las bajas pensiones, es agregar más rabia al enojo ciudadano.

Insistir también en volver al sistema de reparto, es profundizar las desigualdades, ya que dicho sistema favorece a los grupos  de mayor presión política, queda expuesto a iniciativas de enorme costo fiscal y finalmente, a la disminución de beneficios sociales o, peor aún, a su quiebra. Ejemplos en el mundo hay muchos, entre ellos nuestro propio sistema de reparto, que obligó a crear el sistema de AFP, en la década de los 80.

No olvidemos que los jubilazos de Gendarmería, que han escandalizado a la ciudadanía, fueron otorgados precisamente bajo el sistema de reparto. No nos engañemos. No repitamos los mismos errores.

La inmensa mayoría de la ciudadanía desconoce los beneficios que el sistema de ahorro previsional individual ha traído al país, a través de las AFP. Es útil señalar, a modo de ejemplo, que Chile tiene una de las tasas más bajas del mundo en créditos hipotecarios. Ello no es fruto del azar, es consecuencia directa del alto volumen de recursos que ha logrado acumular el sistema; 170 mil millones de dólares que fortalecen la posición financiera, y que nos han transformado en un país serio y confiable. Esto ha permitido, por ejemplo, que miles de familias hayan accedido a su vivienda propia con costos financieros abordables y en créditos hipotecarios de largo plazo.

Otro beneficio concreto que ha traído la creación del nuevo sistema, es la posibilidad de entregar una pensión de cargo fiscal, a miles de personas mayores de 65 años y miles de personas inválidas, que nunca cotizaron en un sistema previsional, o que no cumplían los requisitos legales para obtenerla.   Hoy, casi 600 mil personas reciben una Pensión Básica Solidaria, de vejez o invalidez según corresponda, de 93 mil pesos mensuales. Este importante beneficio social no habría sido posible, de haberse mantenido el alto costo fiscal que significaba el sistema de reparto.

Tampoco habría sido posible crear, el año 2007, sin subir los impuestos, un pilar solidario que hoy beneficia a casi 800 mil personas.

Pero es cierto, el nuevo sistema previsional le ha hecho bien al país, al crecimiento, al ahorro, a la inversión, al empleo, al equilibro de las cuentas fiscales; pero no ha cumplido con su tarea esencial: otorgar pensiones que permitan enfrentar la vejez con mayor seguridad y tranquilidad.

Hagamos los cambios necesarios para asegurar mejores pensiones. ¡Ese es el desafío!