A menos de dos semanas de la reciente elección presidencial, ya no queda nadie, en Venezuela ni en el mundo, que sostenga que Nicolás Maduro obtuvo más votos que Edmundo González Urrutia en esa elección. La razón para afirmar esto es simple: Maduro, su gobierno y su partido tienen en su poder, según lo han reconocido, todas las actas con los resultados de la elección y se han negado simplemente a hacerlas de conocimiento público, como debían hacerlo de acuerdo con la ley.
Tras un primer porcentaje, entregado unilateralmente y sin dar cifras, por el Consejo Superior Electoral, en la medianoche de la elección, se pasó luego a dar explicaciones claramente falsas por el retardo, como un supuesto hackeo del sitio de Consejo Nacional Electoral, que nadie más ha conseguido encontrar en la red; luego vino la solemne promesa de entrega que nunca se cumplió y finalmente a los monólogos incoherentes y el uso grotesco de citas bíblicas por parte de Maduro, (Juan 20: 24-29, “bienaventurados los que no vieron, y creyeron…”) que sólo consiguen aumentar la convicción de que el Gobierno no puede entregar cifras sin reconocer su amplia derrota.
No es extraño, pues, que muy pocos países hayan estado disponibles para apoyar a Maduro en su fraude y que más recientemente hayan evitado sistemáticamente referirse al tema. Pero han sido suficientes para paralizar un sistema internacional que, en este caso, ha puesto de manifiesto todas sus debilidades, que se presentan precisamente cuando la intervención del sistema sería más necesaria.
La realización de una elección que debía ser más competitiva que las de dos décadas anteriores, fue posible mediante una negociación directa en la que participaron varios países. Los Acuerdos de Barbados, suscritos el 17 de octubre de 2023 entre el gobierno de Maduro y la “Plataforma Unitaria” de partidos de oposición de Venezuela, con participación, además, de representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, acordaron el derecho de cada actor de elegir sus representantes, las garantías electorales y la realización de elecciones en el segundo semestre de 2024.
Pero la verdadera condición para que el Gobierno de Venezuela accediera a esas garantías, se conoció un día después. El 18 de octubre de 2023, luego de la firma del tratado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió cuatro licencias aliviando durante seis meses un grupo de sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y oro, removiendo también las prohibiciones contra la comercialización secundaria. Pero el gobierno de Estados Unidos advirtió que la decisión sería revocada si el Gobierno venezolano no honraba sus compromisos en el acuerdo del día anterior. El Secretario de Estado Antony Blinken, luego aclaró que se esperaba la definición de un cronograma electoral, la habilitación de todos los candidatos a la presidencia, y la libertad de los prisioneros políticos para finales de noviembre. La licencia se renovaría sólo si Venezuela cumplía sus compromisos en virtud de la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a presos políticos.
Demás está decir que lo único que el gobierno de Maduro cumplió del Acuerdo de Barbados fue la fecha de las elecciones. Desde el rechazo a la candidatura de María Corina Machado, hasta la falta total de garantías electorales prometidas, se avanzó hacia la elección, con la convicción que muchos compartimos, de que esta vez la victoria sería tan grande que el gobierno tendría que buscar una salida. Pero en la noche de la elección se rompió el último compromiso, el de entrega de las actas completas y a tiempo; y se optó directamente por el fraude.
Maduro se equivoca al pensar que esta situación puede durar poco tiempo; porque la necesidad de una cierta normalidad haría que el tema se fuera diluyendo. Pero lo nuevo es que la fuerza del apoyo interno e internacional, es mucho mayor. Maduro perdió por muchos votos y el número de países latinoamericanos que lo rechaza es muy grande.
Además, tiene que lidiar con el problema económico. Las licencias para exportación de petróleo, gas y oro renovadas o mantenidas para determinadas empresas norteamericanas y de otros países (Repsol de España, fue la última, al día siguiente de la convocatoria a elecciones), aún están vigentes y probablemente en términos precarios, seguirán estándolo porque Estados Unidos y Europa también necesitan del petróleo. De hecho, casi la mitad de las exportaciones de Chevron (que ya tenía licencia antes del Acuerdo de Barbados), van al mercado norteamericano. La caída de estas licencias sería desastrosa para Maduro, a pesar de que China sigue siendo su principal cliente.
El tema económico es uno de los intereses de Estados Unidos, pero no el principal. El otro y más importante, es terminar pacíficamente el conflicto con una negociación que signifique un cambio de régimen en Venezuela. De allí, el apoyo del gobierno de Washington, a las gestiones de los tres países. La postergación de la reunión de los tres presidentes, con Maduro indica que existen aún posibilidades de acuerdo y voluntad de lograrlo.
En todo caso, lo que deja de manifiesto la actual crisis de Venezuela, es una vez más la debilidad del sistema internacional, tanto regional como global. Venezuela, ya no es miembro de la OEA, destruyó la Unasur y cuenta con la benevolencia de China y Rusia, como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La salida política de la crisis, depende de un plazo indeterminado, “lo que dure la paciencia”, como dijo Lula, lo cual es una afirmación realista, pero también es un diagnóstico trágico para un continente aún ligado formalmente por una Carta Democrática Interamericana, que enfrenta este conflicto sin el peso que antes tuvo, sin instituciones sólidas y sin acuerdos.
El sistema internacional, como lo hemos dicho muchas veces, no es un sistema supranacional que se ponga por encima de los países, ni siquiera cuando existan Tratados o acuerdos previos. Al contrario, es un sistema multilateral en que la opinión de los países que conforman en su conjunto o cada subsistema, prima por sobre los intereses del colectivo, en virtud de la soberanía asegurada a todos los países miembros. Por esa razón, el reconocimiento de los gobiernos no sólo tiene que ver con su legitimidad de origen, sino con su capacidad para manejar con autoridad los negocios públicos. Olvidar esto, puede inducir a errores. El mejor ejemplo reciente es el “gobierno” de Juan Guaidó en Venezuela.
Guaidó tenía la legitimidad que le confería su carácter de presidente del Congreso, en virtud de la Constitución venezolana, pero carecía de toda capacidad material para gobernar: No tenía administración pública, no tenía a su servicio las fuerzas de orden público, en pocas palabras, no podía gestionar siquiera la recolección de basura en su capital. Todo eso lo hacia el gobierno de Nicolás Maduro, a gusto o disgusto de sus ciudadanos y, por consiguiente, el experimento terminó fracasando; y con él fracasó la OEA, que había intentado legitimarlo, sentando a su representante en el Consejo permanente de la organización.
Los países que han declarado que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos, al mismo tiempo no lo han reconocido como el gobernante de Venezuela, precisamente para evitar el mismo error. El tema entonces, ha dejado de ser de legitimidad (González la tiene de sobra) y ha pasado a ser un problema de fuerza, de control. Al mismo tiempo, los países que son intermediarios (Brasil, México y Colombia), se abstienen de reconocer la elección de Maduro, porque saben que ella es falsa, pero se ven en la necesidad de negociar con él, para obtener un resultado.
Finalmente, es necesario poner de relieve el papel que le ha cabido a Chile en este proceso dramático. El Presidente Boric fue el primero en señalar que su país no admitiría resultados no verificados, actitud que fue seguida por la mayoría de los países de la región. Ha mantenido desde entonces, una postura equidistante, entre los países latinoamericanos que han declarado vencedor a Edmundo González y aquellos que esperan el resultado de la acción de los tres presidentes. Sus declaraciones han provocado los peores insultos de Maduro, Cabello y otros, miembros de la dictadura venezolana. Indignados por ver un Presidente de izquierda, que rompe esquemas, para defender principios que deberían ser comunes a toda democracia. (El Líbero)
José Miguel Insulza
