Se ha difundido este apelativo a raíz de un juicio con procesados y detenidos en el Ejército y que por lo bochornoso ingresa más y más al debate público. No está claro todavía si los fondos comprometidos provienen del presupuesto ordinario o de los fondos del cobre, este último fuente esencial para la adquisición de armamento de las Fuerzas Armadas.
Si se tratara de un caso en el Ministerio de Salud, igual podría haber escándalo público, pero a nadie se le ocurriría dejar de financiar compras de insumos para el sistema hospitalario. En el caso de la defensa en cambio los criterios son distintos debido a que, por ejemplo, es fácil plantear que las necesidades en salud y educación tienen prioridad sobre la defensa («total, no hay guerra y nadie la quiere») y la tendencia histórica ha sido la de postergar el gasto para reemplazar material de defensa.
Es una reacción bastante común en la mayoría de los países, con la casi única excepción de EE.UU., único lugar donde incluso se puede fomentar la demagogia demandando más gastos en defensa, como en una ocasión célebre la efectuó John Kennedy frente a Richard Nixon en 1960. Está lejos de haber sido el único caso; basta con mirar los debates de los precandidatos republicanos.
Es la razón por la que ya desde al menos fines de los 1930 se ideó una fórmula, cierto que algo «a la chilena» aunque eficaz, de vincular los ingresos del cobre con la compra de armamentos. Se formalizó en 1958, pero se reforzó durante el régimen militar, al reservar el valor del 10% de las ventas brutas de Codelco para la adquisición de armamento, de manera de asegurar su financiamiento más allá de los cambios de gobierno y de parlamento. Es la Ley Reservada del Cobre. Entretanto han surgido proyectos para reemplazarla por una legislación más acorde con los sistemas democráticos y la economía moderna.
Suena bien, aunque cuidado con esto. Es que el sistema tal como está resultó. Rindió muchos frutos, en especial en la primera década del siglo actual. En cambio en los años del régimen de Pinochet el cobre casi siempre tuvo malos precios, por lo que el significado del aporte fue más bien modesto, amén de que embargos políticos de los proveedores pusieron demasiadas cortapisas a la renovación de material, lo que persistió hasta 1990.
El precio del cobre tuvo un alza espectacular en la última década hasta el 2013 en un grado nunca antes visto y significó una extraordinaria acumulación de recursos. Esto ha llamado la atención y despertado críticas bien y mal intencionadas. El proceso judicial en curso le ha añadido la enjundia del escándalo.
Cuando se fijó el criterio, se puso un piso, es decir, un mínimo de aporte al ítem de renovación de armamento. Faltó poner un techo más allá del cual los recursos podrían haber ido por ejemplo a inversiones que tuvieran sentido para la seguridad, pero a las que nadie podría haber interpretado como amenaza o agresividad, como mejorar la conectividad -completando la Carretera Austral- y la promoción del poblamiento en las zonas extremas, es decir, el tema de las fronteras interiores siempre pendiente en la agenda política.
Descuidar la seguridad es ignorar el grito desgarrado del mundo actual, aunque su monto debe tener un límite. Han existido demasiados ejemplos de gastos militares ruinosos que al final erosionan fatalmente las bases mismas de la seguridad. La Ley Reservada del Cobre puede ser una anomalía en las legislaciones contemporáneas y sin embargo cumplió su propósito sin producir ninguna grave consecuencia; el antiguo sistema -en un país mucho más pobre, de acuerdo- sencillamente no resultaba. En la hora de la reforma no se debe olvidar la lección.
