“No está en la agenda el tema de Punta Peuco”, dijo en marzo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, mientras que -en la misma fecha- su par de la Segegob, Cecilia Pérez, señaló que “nunca ha estado en nuestra voluntad poner cierre a ese recinto”.
Las declaraciones de los secretarios de Estado hacían alusión a que, por esos días, un poco antes de que Michelle Bachelet dejara La Moneda, se reflotó la idea que ella tenía de cerrar el penal, lo que fue descartado de plano por la administración de Piñera.
Pese a lo anterior, en una minuta interna de 26 páginas que elaboró el Ministerio de Justicia durante septiembre pasado, a la que tuvo acceso La Tercera, se señala como propuesta -dentro de un recuadro- el cierre del Penal Punta Peuco. Y se establece que eso debe ser sometido a decisión del Presidente Piñera. Esto, además junto a otras iniciativas.
Además, en la minuta -que viene con el logo de la cartera de Justicia y con los nombres del ministro y de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren- se plantea continuar con el Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos, el que fue parte del Plan Nacional de DD.HH. que impulsó la administración anterior y que, según la página web de ese programa, se encuentra siendo implementado.
Sobre esto, en el texto se establece “determinar la cifra oficial de víctimas de desaparición forzada o involuntaria y la identidad de quienes hayan sido identificadas a la fecha”. También se afirma que “redirigiremos todos los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo, a fin de concluir la identificación de restos para que sus familiares puedan comenzar a cerrar el ciclo”, y que ya se comenzó a destinar recursos para eso.
Esto último también está incluido dentro del recuadro, donde se señala que debe someterse a la decisión del Mandatario.
Por otro lado, se plantea una propuesta para enfrentar el retiro que hizo el gobierno, en abril, del proyecto que establecía un bono reparatorio para las víctimas Valech, decisión que argumentaron apelando a un problema de financiamiento para esa política pública, la que otorgaba un bono a presos políticos y torturados durante el régimen militar, lo que desató duras críticas de la oposición, e incluso terminó con una interpelación al ministro Larraín.
Para compensar eso, en el texto se establece la idea de “eliminar la incompatibilidad entre el Pilar Solidario y las pensiones Valech”. Y también se estipula modificar el acceso a la pensión Valech. “Se propone modificar el artículo 3° de la Ley 19.992, de 2004, en el sentido de que la pensión se otorgue por el solo ministerio de la ley, de forma similar como lo establece la Ley 19.123. Esto significaría un incremento en 930 pensiones (467 titulares y 463 viudas)”, se señala en la minuta.
En el documento, además, está la idea de presentar un proyecto de ley de “sitios de memoria”, el que tendría el objeto de “contribuir a la preservación de la memoria colectiva” del país. “En Chile existen más de 135 memoriales que han sido financiados por el Programa de Derechos Humanos que hoy depende de la Subsecretaría de DD.HH. De estos no existe una fuente de ingresos ni una regulación que permita mantener estos sitios”, dice la minuta.
En el texto, también se asegura que avanzarán en tres proyectos con enfoque en derechos humanos: la ley humanitaria; un proyecto que regula la situación de las mujeres embarazadas y con niños menores de 2 años privadas de libertad, y un proyecto “de ley de capacidad jurídica cuyo objetivo principal es derogar toda disposición legal que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”.
La Tercera consultó al Ministerio de Justicia sobre este texto y respecto de los avances de las propuestas que ahí se señalan. Sin embargo, descartaron que se trate de un informe final. “Se trata de un borrador, que fue preparado por un funcionario de la Subsecretaría de DD.HH., el cual fue desechado en los términos propuestos, tanto por el ministro y la subsecretaria”, dijo Recabarren. Y añadió: “No reconocemos en este texto una propuesta oficial que haya sido, en ese carácter, presentada en ninguna instancia formal. Sin perjuicio de ello, y al ser un documento interno, el Ministerio de Justicia y DD.HH. instruirá una investigación sumaria para determinar la fuente de la filtración”.
La Tercera/Agencias
