Prometieron solucionar el problema de la inmigración ilegal. Ofrecían análisis biométricos de los extranjeros, negociar cuotas y ponerse de acuerdo con los países vecinos y resolver en seis meses el tema de los albergues, pero nada de eso ha pasado bajo la nueva administración del Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo democrático.
Se cumplió un año desde que los vecinos de Iquique quemaron y destruyeron un campamento de inmigrantes y la situación presagia aluviones, porque todas las señales que da el gobierno es que sigue siendo impune llegar a Chile en forma clandestina, trabajar sin papeles y luego regularizar. No hay control en la frontera y una vez adentro, nadie te mueve.
Sólo en lo que va del año la PDI ha registrado 38 mil ingresos clandestinos y se espera que con el buen tiempo el flujo escale por sobre el anterior récord histórico de 56.586 en 2021. Todo sugiere un colapso, no tanto desde el punto de vista de los servicios públicos exigidos o el empleo, justo cuando empieza a decaer antes de recuperar los niveles pre pandemia. Lo más acuciante es la seguridad. La población chilena mira ahora con mayor desconfianza a los migrantes porque muchos han importado un nivel de delitos desconocido antes, hay más armas, más homicidios, más tráfico, más trenes de Aragua.
Y, ¿qué ofrecen las autoridades? Las declaraciones del delegado presidencial de Tarapacá son indicativas de cómo pretende aliviar la tensión que sufren los vecinos de Iquique o Alto Hospicio con los ilegales. Daniel Quinteros señaló que apoyará el tránsito, desde los albergues oficiales o la frontera, porque sólo el 3% de los que ingresan clandestinamente busca quedarse en la región, “con el fin que no sea Tarapacá la única que deba soportar la carga de un fenómeno internacional”. O sea, la solución es seguir cargando a la Región Metropolitana, que ya alberga dos tercios de la población migrante.
Nada extraña, porque los mismos que antes criticaron los intentos del ex Presidente Piñera por ordenar la inmigración (desde el Frente Amplio o el Servicio Jesuita a Migrantes) y pusieron recursos en las cortes para impedir la expulsión de personas condenadas hasta por tráfico de drogas, son los que hoy están en el poder como alcaldes o delegados en las regiones más afectadas o como asesores en los ministerios involucrados.
Eso explica los 38 mil ingresos clandestinos registrados y solo 9 expulsiones (en el gobierno anterior fueron 7 mil). Y esa mirada que está hoy en el poder, que el ingreso clandestino no es suficiente para expulsar, es lo que justifica que Interior, a través de una resolución del Servicio de Migraciones, dictara una temprana resolución en abril ordenando no reconducir a extranjeros no bolivianos a Bolivia. Eso es lo que se hizo hasta febrero y son precisamente los 50 pasos limítrofes, entre Arica y Antofagasta, por donde ingresa la mayor parte de los ilegales.
Da lo mismo que en abril pasado se promulgara una nueva ley de Migración y Extranjería si la señal del gobierno es que en Chile son bienvenidos todos, emprendedores y delincuentes, perseguidos políticamente y traficantes. La señal es que cuando te corretean de Meiggs, como comerciante ilegal, puedes ir a otro barrio, porque nadie te objetará tu condición de ilegal.
Si no se expulsa al que entra clandestinamente, solo queda una cosa: sancionarlo (lo que no se hace) o regularizarlo, que parece será la política de la izquierda frente al tema, sin separar el trigo de la paja. No mirarle los papeles a quienes llegan al país en medio de esta crisis de seguridad es lo mismo que mirar para el lado frente al principal problema de los chilenos. Y así no se gobierna. No escondiendo las cifras de cómo suben los extranjeros residentes en Chile. Esta misma falta de empatía es la que ya llevan años padeciendo los habitantes de las regiones del sur, asolados por el terrorismo mapuche. (El Líbero)
Pilar Molina
