En paralelo a la participación de las Fuerzas Armadas chilenas en la Misión de Paz de la ONU en Haití entre 2004 y este año, la Embajada en ese país realizó su propia misión: ayudar a la construcción de instituciones políticas y brindar apoyo consular a las tropas nacionales, entre otros aspectos. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de polémicas. Radio Bío Bío accedió a una investigación que constató gastos sin respaldo por US$ 109 mil ($ 53 millones de pesos) y otra que reveló desórdenes financieros por US$ 358 mil (177 millones de pesos), las que apuntaron al período del embajador Marcel Young. A ello se suman dos sumarios que ha cursado el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el excónsul en la isla, Diego Rivera. Estos y otros antecedentes forman parte de esta segunda entrega de la serie sobre la misión chilena en Haití.
El bar restaurante Jet Set, pese a conformar el listado de lugares no recomendados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), por considerarlos peligrosos, era uno de los locales nocturnos más concurridos en 2012 en el sector de Petion-Ville, en Puerto Príncipe, Haití. Al interior de ese lugar, cerca de la 1 a.m. del 17 de junio de ese año, el cónsul chileno Diego Rivera López se encontraba compartiendo con Marcelo Atenas Meneses, agente de seguridad de la empresa de telecomunicaciones Digicel y con pasado de mercenario en Irak.
A ellos se unió más tarde un conocido de Rivera: el sargento primero de la Armada, Guillermo Arévalo Flores, quien trabajaba como asistente del Agregado de Defensa en la Embajada chilena en ese país; y también Jorge Oyarzo Poffald, sargento primero de Carabineros, quien era escolta del embajador Mauricio Leone. Arévalo y Oyarzo siguieron la noche en el Barak, otro local nocturno considerado no recomendado por la ONU. La historia de ambos es trágica, pues el primero fue baleado por dos haitianos a la salida del lugar, mientras que el segundo escapó. Rivera, tras ser alertado de los hechos, tomó su vehículo, condujo hasta el lugar, y trasladó a Arévalo a la Clínica Lambert Santé. Pero ya era tarde. Los seis disparos que recibió acabaron con su vida en tan sólo 45 minutos.
El caso de Arévalo Flores desató la apertura de sumarios administrativos en el Estado Mayor Conjunto (EMCO) y en Carabineros. Pero los uniformados no fueron los únicos en recibir medidas disciplinarias. El Ministerio de Relaciones Exteriores también levantó un sumario, con el fin de determinar las responsabilidades de funcionarios que hubieran estado ligados a los hechos. El proceso llevado a cabo en el ministerio, iniciado en junio de 2012 y finalizado en octubre de ese año, terminó con una medida disciplinaria contra el cónsul Rivera: una multa del 5% de su remuneración mensual, por haber infringido ciertos reglamentos, como haber concurrido a locales nocturnos prohibidos por la ONU.
La de Rivera, sin embargo, no fue la única situación irregular en la que estuvieron involucrados funcionarios de la Embajada de Chile en Haití, en el marco de la misión diplomática de ayuda que brindó el país hacia la isla, en paralelo a la participación de las Fuerzas Armadas nacionales en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), desarrollada entre 2004 y este año. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explican que sus principales objetivos durante ese período fueron, entre otros, ayudar a construir y consolidar las instituciones políticas de la isla y brindar apoyo a las tropas chilenas, a través de los requerimientos consulares que éstas realizaban y también coordinándose a nivel de comandancia de las diferentes unidades y con los oficiales que estuvieron en el mando militar de Minustah.
El presente reportaje aborda el actuar de los funcionarios civiles en la misión chilena en la isla, principalmente de los funcionarios de la Embajada, complementando la primera entrega publicada ayer sobre las situaciones irregulares en las que estuvieron involucrados funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden (revisa acá el primer reportaje sobre la Misión chilena en Haití).
Radio Bío Bío tuvo acceso a numerosos antecedentes y documentos a través de la Ley de Transparencia, dictámenes de Contraloría y fuentes diplomáticas que colaboraron con el tema, mediante los cuales se pudo constatar, entre otros hallazgos, que existe otro sumario abierto contra Diego Rivera, ligado a gastos no justificados realizados con recursos fiscales. En paralelo, en mayo de 2011, un informe determinó que entre enero de 2009 y agosto de 2010 en la Embajada se realizaron gastos por US$ 109 mil (53 millones de pesos) que no tenían documentación que los respaldara, dando cuenta de múltiples desórdenes financieros y contables.
El último caso motivó que el subsecretario de Relaciones Exteriores de esa época, Ignacio Larraín, iniciara un sumario administrativo el 5 de julio de 2011. En paralelo, el fiscal interno que se hizo cargo del proceso presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la posible existencia de delitos.
A ello se suma que en septiembre de 2011 otra auditoría realizada a la Embajada (abajo, en la foto)determinó que habían desórdenes financieros-contables que ascendían a US$ 358 mil (177 millones de pesos, según el tipo de cambio de la época), relacionados a la administración de fondos de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI) entre 2006 y 2010.
“Estamos satisfechos con los resultados que hemos obtenido hasta ahora, ya que todos los mecanismos dispuestos para ello han funcionado correctamente y este caso, en especial, es una prueba de ello. Nuestros mecanismos de control, funcionan”, señalaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras ser consultados sobre cómo ven todas estas situaciones irregulares y qué medidas tomaron para que no volvieran a ocurrir.
DINEROS PERDIDOS
Cuando Mauricio Leone Bravo asumió como embajador de Chile en Haití, en septiembre de 2010, se encontró con un panorama complejo: su antecesor, Marcel Young Debeuf, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2010, le dejó como herencia un gran desorden contable y financiero. Por esa razón, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que ordenara efectuar una visita inspectiva para aclarar la situación y despejar la incertidumbre.
En marzo de 2011, la Cancillería concedió su petición y ordenó una visita inspectiva a la Embajada para hacer una revisión de la gestión administrativa-financiera, contemplando el período comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2011. El proceso fue liderado por Pía Álvarez Villena, contadora de la Dirección de Finanzas y Presupuesto de la subsecretaría del ramo.
Tras dos meses de trabajo Álvarez emitió un informe ejecutivo en mayo de ese año, y el resultado vino a confirmar las sospechas iniciales: detectó que existían gastos o egresos sin documentación válida de respaldo y partidas por reintegrar. “La misión presenta situaciones pendientes de regularización o aprobación de gastos por la suma de US$ 109.900,60 (53 millones de pesos), correspondientes al período Enero 2009 – Agosto 2010”, consigna el documento al que accedió Radio Bío Bío, a través de la Ley de Transparencia.
De ese monto total, identificó, entre otras irregularidades, que faltaba la documentación que respaldara gastos por US$ 50 mil, que se había realizado un sobregiro de US$ 17 mil de la cuenta corriente de la Embajada por concepto de asignación de gastos de representación, monto que aún no era reintegrado, y la existencia de fondos sin rendir por concepto de remesa enviada en efectivo producto del terremoto que azotó a Haití en 2010, los que alcanzaban US 11 mil.
En el informe final, que ratificó dichas irregularidades, Álvarez concluyó de forma categórica que “se vislumbra que la Embajada de Chile en Haití presentó un claro desorden administrativo, financiero y contable durante el periodo enero 2009 a agosto 2010 (sic), situación que provocó los hechos aquí informados, pues no existió control en varios aspectos de la gestión administrativa, contable y financiera”.
En vista de todos estos antecedentes, en julio de 2011, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Larraín, instruyó abrir un sumario para establecer las responsabilidades administrativas contempladas en estas irregularidades. Para ello, designó como fiscal instructor a Roberto Matus Harris.
El 25 de enero de 2012, en el marco de ese sumario, declaró de forma voluntaria Marcel Young, quien estuvo a cargo de la Embajada durante el período en que ocurrieron los hechos investigados. Young afirmó que la situación de la Embajada en materia administrativa, financiera y contable cuando él era embajador “era compleja porque el personal que llevaba la contabilidad no era idóneo en el tema, que se fue complicando cada día más por las distintas tareas que iba asumiendo la Embajada”.
Young agregó en su testimonio que “justamente por eso varias veces solicité a Santiago que enviara un profesional que conociera el sistema de contabilidad chileno, pues la persona que estaba a cargo de eso era de profesión profesora (…) En general nunca tuve grandes reparos de Santiago, lo que me mantenía en un cierto grado de tranquilidad. En general yo pedía de Santiago que, si no podía enviar un funcionario mandara, al menos, un equipo de inspección anualmente, lo que ocurrió en los dos últimos años”.
En los últimos pasajes de su declaración, el exembajador en Haití apuntó a la Misión de Paz como otro factor que hacía difícil desarrollar de buena forma el manejo del ámbito contable y financiero. “La complejidad de tres monedas y el exceso de trabajo y aumento de las responsabilidades que se iban exigiendo a la Embajada como consecuencia de la Misión de Paz y el proceso en el que estaba sumergido el país hacían que el personal fuera insuficiente para enfrentar de la manera más prolija y eficiente posible los temas adminsitrativos”.
A ello se sumaba, añadió, que “complicaba esta situación el nivel de informalidad del país en esta materia. Pocas instituciones entregaban facturas, los recibos eran hechos de manera muy artesanal, en muchas partes no se entregaban boletas, era necesario a veces abastecerse en el mercado negro. Todos estos son elementos que dificultaban, junto con los recursos humanos, tener una situación totalmente normal”.
Después de más de un año de investigación, el fiscal instructor del sumario dio por concluida la investigación el 25 de abril de 2012. “Efectuada la ponderación de los testimonios recibidos y el análisis de la documentación recopilada durante el presente sumario, esta Fiscalía no puede más que concluir la efectividad del manejo irregular de fondos fiscales ocurrido en la Embajada de Chile en Haití durante el período transcurrido entre enero de 2009 y agosto de 2010, tal como lo denuncia el informe de la visita inspectiva que originó la investigación”, estableció Roberto Mauts Harris.
Matus Harris añadió que “por lo que respecta a quien ejercía el cargo de Embajador de Chile en Haití en el período sujeto a investigación, D. Alain Marcel Young Debeuf, sería dable considerar la aplicación de medidas disciplinarias si se consideran las obligaciones propias de dicho cargo”. Sin embargo, explicó, “tal como lo informa la Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional, D. Alain Marcel Young Debeuf cumplió funciones como Embajador de Chile en Haití solo hasta el 1 de agosto de 2010, es decir, con anterioridad a la instrucción del presente sumario, por lo que ya no es posible considerar a su respecto sanciones administrativas por haberse extinguido dicha responsabilidad”.
En vista de estos antecedentes, recomendó que se sobreseyera el sumario. El subsecretario de la cartera acogió la sugerencia y el 24 de septiembre de 2012 dictó el sobreseimiento del proceso administrativo.
LA ARISTA PENAL
En paralelo al sumario administrativo que llevó a cabo por las irregularidades detectadas en la Embajada de Chile en Haití entre 2009 y 2010, Roberto Matus Harris también buscó que se determinaran las posibles responsabilidades penales que pudieran desprenderse de estos hechos. En ese contexto, en marzo de 2012, presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, donde entregó todos los antecedentes del caso.
Sumado a ello, si bien durante el sumario se estableció que no podían aplicarse sanciones administrativas contra Marcel Young por su responsabilidad como embajador durante el período investigado, pues había dejado el cargo antes de que se instruyera el sumario, de todos modos en el Ministerio de Relaciones Exteriores buscaron determinar su posible responsabilidad penal.
Así, el 27 de octubre de 2012, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la cartera, presentó una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra Marcel Young y contra todos los que resultaran responsables del delito de malversación de caudales públicos y de otros delitos que pudieran aparecer en el desarrollo de la investigación (revisa acá la querella del CDE).
En este escenario, el Ministerio Público puso a cargo del caso a la fiscal Ximena Chong.
Consultados sobre qué pasó con la causa, desde la Fiscalía señalaron que “en esta indagatoria se agotaron todas las diligencias investigativas, incluida cooperación internacional, para acreditar la existencia del ilícito y establecer presunciones fundadas de participación de imputados en el mismo”.
Así, añadieron, “luego de realizar todas las diligencias investigativas, en julio de 2015, la Fiscalía comunicó en audiencia ante el juzgado de garantía, su decisión de no perseverar en el procedimiento puesto que no se encontraron antecedentes suficientes para formular una acusación penal, petición a la que se allanó la parte querellante” (revisa acá la respuesta completa del Ministerio Público).
MÁS IRREGULARIDADES FINANCIERAS
Entre el 16 de agosto y el 12 de septiembre de 2011, Pía Álvarez Villena, contadora de la Dirección de Finanzas y Presupuesto de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, realizó una nueva visita inspectiva a la Embajada de Chile en Haití. Esta nueva acción fiscalizadora, al igual que la anterior, también había sido solicitada por el embajador Mauricio Leone tras encontrar diversos desórdenes contables y financieros tras asumir el cargo en reemplazo de Marcel Young.
En esta oportunidad tuvo que efectuar y lograr la cuadratura financiera de la administración de los fondos por concepto de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI) puestos a disposición de la Embajada para la ejecución de proyectos entre octubre de 2006 y agosto de 2011, en los ámbitos de educación inicial, seguridad alimentaria y fomento agrícola.
Durante ese período hubo tres funcionarios encargados de la Embajada: Marcel Young desde octubre hasta julio de 2010 como embajador; el tercer secretario encargado de negocios, José Juan Hernández, en agosto de 2010; y Mauricio Leone Bravo, quien asumió como reemplazante de Young en septiembre de ese año.
En el informe, publicado en septiembre de 2012 y al que accedió Radio Bío Bío, Álvarez Villena dio cuenta de desórdenes financieros que ascendían a US$ 358.740,24 (173 millones de pesos); US$ 318.251,85 (153 millones de pesos) entre 2006 y 2010; y US$ 40.488,39 (19,5 millones de pesos) entre enero y septiembre de 2011.
Dentro de las irregularidades detectadas entre 2006 y 2010, se encontró una diferencia por US$ 61.324 entre los movimientos efectuados con cargo a una cuenta corriente respecto de los gastos informados en las respectivas rendiciones de cuenta, lo que abarcó todo ese período.
El documento de 30 páginas también da cuenta de una diferencia por US$ 32.688 entre los envíos de fondos efectuados desde Santiago y los transferidos por la Embajada chilena en el país centroamericano. El monto total correspondía a tres cheques que no fueron depositados en la cuenta corriente de la AGCI. Otra situación fuera de la regla consistió en gastos efectuados sin la debida documentación de respaldo, que alcanzaron US$ 158.911.
La investigación realizada por Álvarez además detectó que se efectuaron gastos por US$ 65.328 que no cumplieron con la normativa establecida para la correcta inversión de fondos fiscales.
“Lo anterior indica que a la fecha se encuentran pendientes de regularización, aclaración o aprobación por parte de la AGCI, gastos por la suma de US$ 285.563,85 e ingresos por aclarar por la suma de US$ 32.688”, constata el informe (revisa acá el informe completo de Álvarez).
En tanto, para el lapso comprendido entre enero y septiembre de 2011, se identificaron inconsistencias en los gastos por US$ 9.388 informados mediante rendiciones de cuenta entre enero y marzo de ese año. Entre ellos, estaban incluidos gastos por US$ 2.650 por concepto de prestación de servicios, correspondientes al pago de servicios de agrónomo, contador y secretaria, de los cuales no existían convenios suscritos.
Durante ese lapso también se detectaron gastos pendientes de rendir que llegaban a US$ 31.100.
El documento detalla que se efectuó la separación del análisis en los dos períodos mencionados a petición del embajador de la época, Mauricio Leone, ya que decidió no hacerse responsable de los fondos AGCI que administraba para la ejecución de proyectos. Lo anterior, debido a que no existía claridad respecto de los saldos financieros contables a esa fecha, los cuales eran parte del legado que le dejó su antecesor, Marcel Young. De hecho, remarcó Álvarez, esa fue una de las razones por las que Leone solicitó la visita inspectiva que dio origen a este informe.
Tras exponer todos estos antecedentes, Álvarez fue tajante en sus conclusiones. “Se vislumbra que la Embajada de Chile en Haití respecto de los fondos correspondientes a la Agencia de Cooperación Internacional, presentó un claro desorden administrativo, financiero y contable durante el período octubre 2006 a diciembre 2010 (sic), situación que provocó los hechos aquí informados, pues no existió control en varios aspectos de la gestión administrativa, contable y financiera”, estableció la contadora.
Consultados en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre qué pasó con esta auditoría y las medidas que tomaron a partir de ella, dijeron que “se trata de un sumario en curso por lo que no es posible entregar más información”.
FISCALIZACIÓN DE LA AGCI
En paralelo a la auditoría realizada por Álvarez que detectó desórdenes financieros en la Embajada chilena en Haití respecto de la administración de fondos provenientes de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), la Contraloría General de la República revisó el manejo de los recursos al interior de la AGCI. Radio Bío Bío encontró dos auditorías del ente contralor que formulan observaciones a la AGCI, donde hay algunas ligadas a Haití.
Una de las auditorías, cuyo informe se publicó en en enero de 2014, revisó las transferencias corrientes realizadas por la entidad al sector privado, destinadas a proyectos de cooperación técnica entre países en desarrollo, los que se ejecutaron entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Lo anterior, con el objetivo de verificar si se utilizaron de buena forma los recursos transferidos desde el Ministerio de Hacienda a la AGCI.
Los recursos invertidos en ese lapso superaron los 1.297 millones de pesos, de los cuales 841 millones de pesos fueron ejecutados directamente por la AGCI y 455 millones de pesos correspondieron a “fondos a rendir” entregados a instituciones a través de convenios de colaboración. Del total, la Contraloría revisó 859 millones de pesos (66% del total), de los cuales 198 millones de pesos correspondían a fondos a rendir. Dentro de este último ítem, se incluyeron 7,9 millones de pesos destinados a apoyo a la reconstrucción de la Escuela República de Chile de Haití, en el marco del programa bilateral entre Chile y Haití.
“Se estableció que algunas resoluciones que aprueban las transferencias de recursos, estipulan que deberá rendirse cuenta documentada de los gastos dentro del plazo de 60 días de realizada la actividad”, consignó la Contraloría en el informe de 74 páginas. Añadió que “lo anterior, deja abierta la posibilidad para que el ejecutor del proyecto rinda cuenta de los recursos en cualquier momento, dado que la fecha en que se realizará la actividad no se encuentra estipulada en el convenio respectivo, lo que a su vez genera como consecuencia que no se rinda cuenta de los gastos o que no se soliciten los antecedentes de respaldo pertinentes”.
También comprobó que la AGCI no sancionaba el incumplimiento de los plazos ni la falta de rendición de cuenta, lo que vulneraba la normativa sobre control de recursos públicos.
El ente contralor, encabezado en ese tiempo por Ramiro Mendoza, precisó que en su repuesta a las observaciones la AGCI señaló que el 11 de agosto de 2011 abrió un sumario administrativo “para investigar los hechos y establecer las eventuales responsabilidades funcionarias por la falta de rendición del programa de Cooperación Chile-Haití entre los años 2006-2010”. Junto con ello, instruyó otro sumario para establecer los hechos y eventuales responsabilidades derivadas de las observaciones que había formulado la Contraloría en el preinforme que antecedió al informe final de esta auditoría, emitido el 2012. Sin embargo, en el documento no se entregan mayores detalles sobre estos procesos.
LOS SUMARIOS DE RIVERA
Pese a que fue el único que auxilió a Guillermo Arévalo Flores después que le dispararan la madrugada del 17 de junio de 2012, llevándolo a la clínica donde murió a las 5:45 horas, el excónsul en Haití, Diego Rivera, fue impactado por los efectos colaterales de ese trágico suceso.
El 20 de junio de ese año, el subsecretario (s) de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva, instruyó desarrollar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades de funcionarios de esa cartera en los hechos que derivaron en la muerte de Arévalo. Luego de tres meses de investigación, donde se tomaron declaraciones a varios funcionarios de la Embajada chilena en la isla y se revisaron múltiples antecedentes, el 13 de septiembre de 2012 la fiscal a cargo del sumario, Raquel Espejo, determinó que Rivera era el único al que le cabían responsabilidades administrativas.
“Acorde con el mérito del sumario administrativo, asistiéndole responsabilidad administrativa al PS (Primer Secretario) señor Rivera en las conductas materia de los cargos que se le imputan, atendiendo a la naturaleza de las faltas cometidas, tomando en cuenta el auxilio prestado al sargento Arévalo y ponderando la circunstancia atenuante que concurre en favor del inculpado, esta fiscalía propone a la autoridad que se aplique al señor Diego Rivera López (…) la medida disciplinaria de multa del diez por ciento de su remuneración mensual”, consigna el expediente del proceso al que tuvo acceso Radio Bío Bío, a través de la Ley de Transparencia.
Durante la investigación se establecieron cuatro cargos contra Rivera. Uno de ellos fue que al concurrir a los bares Jet Set y Barak, lugares no recomendados por la ONU y considerados de “mala reputación” por la fiscalía que desarrolló el sumario, el excónsul contravino lo establecido en el estatuto administrativo: “serán obligaciones de cada funcionario observar una vida social, acorde con la dignidad del cargo”. Otro cargo consistió en que tras la muerte de Arévalo, Rivera dio declaraciones a la prensa sin el conocimiento ni la autorización del embajador Mauricio Leone, por lo que infringió las instrucciones generales del Cuerpo Diplomático chileno.
A lo anterior se suma, según constata el expediente, que Rivera no le informó al embajador que el sargento primero de Carabineros, Jorge Oyarzo Poffald, lo llamó tres horas después de la muerte de Arévalo para contarle que él andaba con el sargento primero de la Armada al momento del ataque. Este era “un hecho de importancia, teniendo en cuenta que dicho sargento (Oyarzo) era el escolta del embajador, viviendo en esa calidad en la residencia de éste”, expone el documento. De ese modo, se estableció que con esta omisión Rivera contravino las instrucciones generales del Cuerpo Diplomático chileno y la Ley sobre Estatuto Administrativo.
Con todos estos antecedentes sobre la mesa, en octubre de 2012, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, resolvió aplicar a Rivera “la medida disciplinaria de multa del cinco por ciento de su remuneración mensual”, según aparece en la respectiva resolución.
Este no fue el único sumario que se desarrolló contra el excónsul. Hurgando en los archivos de la Contraloría General de la República, encontramos un dictamen en el que se hace referencia a un proceso administrativo desarrollado por Cancillería contra Rivera, el cual debía ser revisado por el ente contralor para seguir su tramitación.
En el documento, emitido en diciembre de 2016, se relata que el sumario estableció aplicar a Rivera la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses con goce del 50% de sus remuneraciones. La investigación había sido instruida con motivo de las rendiciones de cuentas de los fondos proporcionados a la Embajada de Chile en Haití, correspondientes al proyecto de “Apoyo a la Educación de la Pequeña Infancia”.
En ella se le atribuyó a Rivera “haber firmado y autorizado cheques, emitidos bajo la modalidad cash o pago al portador, que fueron cobrados por él mismo o por un empleado de la Embajada, para efectuar el pago, con cargo a fondos fiscales, de alojamientos que no se verificaron y presentar un documento adulterado en la cantidad de dinero que correspondía pagar; incorporar a su informe de cuentas, recibos de pago presuntamente falsos para justificar gastos de supuestos hospedajes y, además, haber incurrido en la inobservancia de un informe de auditoría del servicio para el uso de la aludida modalidad de pago, suscrito por el propio inculpado”.
La Contraloría precisó que en el sumario se desestimaron las alegaciones de Rivera, ya que no pudieron justificar los pagos que se habrían efectuado por alojamiento en las fechas involucradas en la investigación, por lo que no logró desvirtuar los cargos que se le imputaron.
En ese contexto, afirmó que “el actuar del mencionado funcionario, constituye un comportamiento negligente e inexcusable en el cumplimiento de sus labores, que configura una transgresión a las obligaciones estatutarias y al principio de probidad administrativa (…) de la ley N° 18.575, que reviste una gravedad que no tiene correspondencia entre la responsabilidad administrativa comprometida y la sanción que se le impone por la resolución en trámite”.
Por esos motivos, el organismo fiscalizador le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que realizara una nueva ponderación de los antecedentes del sumario para determinar una medida que fuera proporcional a las contravenciones cometidas por Rivera (revisa acá el dictamen de Contraloría).
Radio Bío Bío envió preguntas a la Cancillería para tener más detalles sobre este sumario y si se aplicaron las medidas recomendadas por Contraloría, pero señalaron que aún no pueden realizar comentarios porque el proceso no está ejecutoriado. También nos contactamos con Diego Rivera, pero prefirió no dar declaraciones.
RELATO DE UN MERCENARIO
Horas antes de que mataran a Guillermo Arévalo, en la madrugada del 17 de junio de 2012, el excónsul Rivera había compartido con él en el bar Jet Set, ubicado en la zona de Petion-Ville. En ese lugar, no recomendado por la ONU para los integrantes de la Minustah ni los funcionarios de las embajadas presentes en Haití, Rivera también compartió con Marcelo Atenas, un personaje enigmático que ha estado en más de un conflicto armado.
A más de cinco años de este hecho, Atenas (44) accedió a conversar con Radio Bío Bío para hablar sobre su nexo con Rivera y su experiencia en la isla, donde ha prestado servicios como agente de seguridad desde 2007 hasta la actualidad.
“Él era el cónsul chileno en Haití y yo desde que estoy trabajando acá siempre he visitado a los cónsules, aunque no todos tienen la misma disposición y voluntad. Cuando estaba Diego Rivera, él me decía ‘¿cuando salga y ande en Petion-Ville te puedo llamar para estar más seguro?’ Yo le respondía que no tenía ningún problema, ya que era un chileno más y era un funcionario del Estado. Pero nunca fuimos amigos o algo parecido”, relata.
Atenas está contratado por la empresa de origen irlandés Reconnaissance Gruop, a través de la que presta servicios de seguridad para Digicel, la mayor compañía de telecomunicaciones en Haití. Pero la isla no ha sido su único destino, ya que entre 2007 y la actualidad lo han enviado a Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
Recibe un sueldo de US$ 2.600, cerca de 1,7 millón de pesos, y está dos o tres meses en Haití y luego lo envían por un mes a descansar a Chile. Explica que la OTAN le exige esta condición a las empresas de seguridad que operan en el país, debido a la fuerte presión y estrés a los que se ven sometidos los funcionarios.
“Yo formo la sección de reacción rápida, si es que hay algún ataque a algún cliente, ingeniero o técnico, tengo que repeler eso, por lo que tengo portar armas. Acá los clientes salen a un lugar que se llama Petion-Ville, que es una zona naranja, es decir, riesgosa pero no tanto como para ser considerada roja. De todos modos, Haití en general es un país bastante peligroso. Hay algunos que se confían y tienen problemas”, cuenta.
¿Cómo llegó a ser agente de seguridad en la isla? Marcelo Atenas explica que su carrera militar partió cuando formó parte de la Armada entre 1991 y 1996, donde llegó a ser infante de marina. Tras un problema con un oficial, se retiró de la institución. En ese momento fue a Estados Unidos a hacer cursos especializados de seguridad que no se realizan en Chile.
A mediados de la década del 2000 lo contactó José Miguel Pizarro, exoficial del Ejército. Pizarro era dueño de la empresa Red Táctica, subcontratista de la estadounidense Black Water, y se encontraba reclutando gente para llevarlos a la guerra de Irak.
Atenas aceptó la propuesta. Primero realizaron un curso en Estados Unidos y luego se embarcó con un contingente de más de 200 personas al país asiático. “Comenzamos a recibir varios ataques y eso provocó que varios se devolvieran a Chile porque no resistieron las condiciones a las que nos enfrentamos, pero yo me quedé”, narra Atenas.
Después de varios meses volvió a Chile y al poco tiempo partió a realizar un nuevo curso a petición de José Miguel Pizarro. Al retornar al país entrenó a un nuevo grupo con el que se embarcó por segunda vez a Irak, donde estuvo algunos meses. Las dos veces en las que estuvo en Irak tuvo que disparar en varias oportunidades para salvar su vida.
¿Fuiste realmente mercenario?, le preguntamos. “Considero que no correspondía que nos denominaran como mercenarios, ya que estos trabajan al mejor postor. En cambio, nosotros trabajábamos para un empleador en particular”, afirma Atenas.
Posterior a su experiencia en Irak, postuló y quedó en su actual trabajo, donde le ha tocado compartir labores con varios chilenos. “Todos los chilenos que han trabajado para Reconnaissance Group fueron uniformados en algún momento. No pueden haber civiles portando armas, ya que se requiere un conocimiento, una experiencia bastante larga o haber cursado entrenamientos especiales”, explica.
Sin embargo, precisa que hoy en día, además de él, solo queda un chileno en el equipo, el que está compuesto por un contingente cercano a las 120 personas, donde alrededor de 20 son extranjeros y el resto son haitianos.
¿Consideras que la situación en Haití está igual o mejor que cuando llegaste? “Creo que la situación en Haití está peor en materia de seguridad. Yo siento que cuando llegué en 2007 era más seguro pero tras el terremoto del 2010 la cosa cambió para peor”, confiesa Atenas. El agente de seguridad añade que “acá los supermercados están resguardados por fuerza policial que carga escopetas adentro y fuera del local”. (Bio Bio-Gabriel Álvarez)
