El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, explicó que una de las consecuencias de terminar las relaciones diplomáticas con Venezuela, provocaría la imposibilidad de ejecutar expulsiones de ciudadanos de ese país.
El cuestionamiento de la relación entre ambos países surge luego de que el titular del Ministerio Público venezolano, Tarek William Saab, quien acusó que el secuestro con homicidio del ex teniente Ronald Ojeda involucraría a agentes de inteligencia chilenos.
Durante una sesión de la comisión de Seguridad de la cámara de Diputados, el secretario de Estado (s) sostuvo que la consecuencia de terminar con la relación diplomática con Venezuela es «no tendríamos ninguna posibilidad de expulsar ni por razones administrativas, ni por razones judiciales«.
En ese sentido, agregó que «en ese caso, aquellas personas venezolanas, que estuvieron en la cárcel por haber cometido crímenes, tendríamos que dejarlas libre una vez que cumplan su condena». «Nosotros no queremos que eso ocurra«, completó su punto.
CRÍTICAS AL ACUERDO
Sobre el acuerdo suscrito por él mismo en representación de Chile con Venezuela, el ministro (s) se refirió a las críticas que han surgido. Durante la sesión, Monsalve dijo que el acuerdo se trata de un convenio policial entre ambas naciones y que, a través del mencionado pacto, no se ha solicitado información sobre la investigación del caso Ojeda.
«Walter Rodríguez Pérez, una de las personas que la Fiscalía identificó como parte del grupo de personas que secuestró y asesinó al ex teniente Ojeda», planteó.
En ese sentido, afirmó que «ingresó a Chile en marzo del año 2019 y en septiembre del mismo año se le entregó una visa por un año. En ese tiempo, se entregaba visa sin tener los antecedentes penales de las personas, de los ciudadanos venezolanos».
El ministro (s) preguntó: «¿Es razonable aquello? ¿Es razonable que el país entregue una visa sin hacer el esfuerzo de poder acceder a los antecedentes penales de las personas a las que se le están entregando?», luego dijo: «A mí me parece que no es razonable».
Ahondó señalando que «el convenio tenía un solo fin: habíamos empadronado a 182 mil personas. Sabíamos que eventualmente había miles de venezolanos que habían ingresado en situación absolutamente irregular a Chile, de los cuales no tenemos ningún conocimiento en términos de su identidad ni sus antecedentes».
«Ya teníamos 182 mil huellas, rostros y nombres. Y además teníamos un problema en el Centro de Justicia, porque se tomaba detenidas personas que daban un nombre, eran liberadas para que tres días después fueran detenidas y dieran otro nombre», agregó.
Por ello, según Monsalve, «era indispensable hacer los mayores esfuerzos para acceder a los antecedentes policiales y penales de esas personas. Ese fue el objetivo del convenio«.
También indicó que a través del convenio, «la PDI ha obtenido información policial de blancos de interés en Chile y esa información permite darle más seguridad a los chilenos».
EN LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
En calidad de ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve asistió este lunes a la sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y abordó ante los legisladores consultas por el convenio de colaboración policial con Venezuela.
Monsalve también se refirió a las críticas por el manejo de la administración de Gabriel Boric a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respecto a que el homicidio y secuestro del exmilitar de ese país refugiado en Chile, Ronald Ojeda, pudo ser ejecutado por “cuerpos de Inteligencia de Chile y extranjeros” como una “operación de falsa bandera”.
“Yo pediría que en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal general de Venezuela, parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el fiscal venezolano”, advirtió.
Temprano, en entrevista con CNN Chile Radio, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó “ingenuidad” del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la relación con el régimen de Nicolás Maduro y apuntó a Monsalve por la firma del convenio en enero para facilitar el intercambio de antecedentes penales, datos de delitos violentos y crimen organizado.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a ese planteamiento, calificándolo de “poco patriota”. Al finalizar la sesión, Monsalve fue consultado por la prensa del Congreso respecto a ese calificativo que utilizó la vocera y señaló que para “proteger de verdad a la patria, es muy importante mantener unidad en materia de políticas internacionales y esa unidad se hace respaldando al Jefe de Estado en materia de relaciones internacionales”.
También desde las filas de la Unión Demócrata Independiente, el diputado por La Araucanía Henry Leal, integrante de la instancia, afirmó en la sesión que frente al tema “este gobierno ha actuado con debilidad y no ha defendido los intereses del país”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, Andrés Longton, cuestionó que ante los dichos del fiscal venezolano se reaccionara de la misma forma que se reaccionó por las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que afirmó que el grupo terrorista Hezbollah tendría presencia en Chile. En ambos casos se optó por una nota de protesta.
Ante esto, la autoridad de gobierno aseguró que el carácter de la administración corresponde a un debate que se está planteando desde que asumieron en marzo de 2022.
“El tema de la ingenuidad, de la falta de carácter, de la debilidad para enfrentar los temas de seguridad fue el primer argumento que se esgrimió en La Araucanía y basta mirar los hechos para demostrar que este gobierno no solo ha tenido más carácter, ha tenido mejor capacidad para tomar decisiones que permitan revertir una tendencia persistente al alza en materia de seguridad en la región”, afirmó.
El subsecretario agregó que el tema también se discutió en el norte, a propósito de las tasas de homicidios, asegurando que demostraron capacidad para aplicar allí una estrategia para revertir la tendencia al alza en las cifras de eso delitos.
Respecto al convenio, hizo una acotación para precisar que se refiere a apoyo en materia información que la Policía de Investigaciones coordina y no se relaciona con la colaboración solicitada por el Ministerio Público por canales diplomáticos.
“Lo quiero separar porque en el marco de ese convenio no ha habido ninguna solicitud de información respecto a los casos que hay, ninguna. La solicitud de información no la hace el gobierno, y no la hace ocupando este convenio, por supuesto, la hace el Ministerio Público chileno, la Fiscalía chilena, que hace una solicitud de cooperación penal internacional (…) en el marco, además, de un convenio que la Fiscalía tiene, con la Fiscalía de Iberoamérica, en la cual incluía la Fiscalía de Venezuela. Por lo tanto, si alguien acusa ingenuidad, tendría que hacer esa acusación a la Fiscalía, en este caso”, argumentó.
Manuel Monsalve expuso que Walter Rodríguez Pérez, uno de los sujetos identificado como responsable del secuestro y homicidio del disidente, ingresó a Chile en marzo de 2019 y seis meses después accedió a una visa por un año porque en esos días se entregaba documento sin hacer la revisión de los antecedentes penales de los solicitantes.
“¿Es razonable que el país entregue una visa sin hacer el esfuerzo de poder hacer a los antecedentes penales de las personas que se le están entregando? A mí me parece que no es razonable. Y lo que nosotros hicimos, y lo dijimos aquí en esta comisión, que el convenio tenía un solo fin. Habíamos empadronado 182.000 personas. Sabíamos que, eventualmente, había miles de venezolanos que habían ingresado en situación absolutamente irregular a Chile, de los cuales no teníamos ningún conocimiento en términos de ni su identidad ni sus antecedentes. Ya teníamos 182.000 huellas, 182.000 rostros y nombres. Y además teníamos un problema porque la justicia tomaba detenidas personas, que daban un nombre, eran liberadas para que tres días después fueran detenidas y dieran otro nombre. ¿Le hacía bien eso al país? A nosotros nos parecía que no. Y nos parecía, por lo tanto, que era necesario, indispensable, hacer los mayores esfuerzos para acceder a los antecedentes policiales y penales de esas personas. Ese fue el objetivo del convenio”, argumentó.
“Yo no estoy en condiciones de entregar el detalle de la información que ha solicitado la PDI. Lo que sí puedo decir es que la PDI ha obtenido información policial de blancos de interés en Chile. Y esa información permite darle más seguridad a los chilenos”, agregó.
“¿Cuál es la ingenuidad? ¿Dónde parta la ingenuidad en querer saber cuáles son los antecedentes penales de ciudadanos extranjeros que están en Chile para poder tomar decisiones correctas, para proteger la seguridad del país?¿Eso es ingenuidad? Hacer el esfuerzo de tener esos antecedentes no tiene nada de ingenuo. Es nuestra responsabilidad. Que es la que hemos buscado cumplir”, afirmó.
“Yo pediría que en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal general de Venezuela, parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el Fiscal venezolano”. (Emol-La Tercera)
