A once meses que culmine el plazo de la Convención Constitucional, Sergio Muñoz Riveros mantiene sus dudas y su pesimismo sobre el proceso constituyente. El columinista y cientista político, quien se encuentra afinando su último libro “La tarea democrática”, cree que la incertidumbre afectará las inversiones y se pregunta si el próximo Presidente de la República tendrá que guardar silencio sobre el texto que emane de la Convención.
Ud. se ha declarado escéptico del avance de la Convención. ¿Ha cambiado algo su impresión después de un mes de sesiones?
Ha bastado un mes para confirmar que la idea de crear un segundo parlamento para elaborar una nueva Constitución fue un acto de desidia política. Y no olvidemos que los padres de la criatura, los negociadores del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, eran casi todos parlamentarios. Luego, el Congreso formalizó la renuncia de parte de su potestad constitucional, y el gobierno del Presidente Piñera le dio el aval. Ni la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional parecen haber tenido inquietud alguna por las implicancias del experimento. Es cierto que este fue consagrado en el plebiscito en octubre del año pasado, pero ello solo demostró que, como dice el politólogo español Daniel Innerarity: “a veces se crean dinámicas que hacen eco, que extienden los errores, los encadenan e incluso fortalecen, dando lugar a enormes fracasos colectivos”. Tanto el Apruebo como el Rechazo eran alternativas abstractas. No era claro qué se aprobaba ni qué se rechazaba. Cada ciudadano les puso contenido a esas opciones. Y el Apruebo fue visto por la mayoría como la opción que iba a frenar la violencia, a favorecer la paz y, especialmente, a elaborar una Constitución que daría satisfacción a todas las demandas, una especie de “pomada curalotodo”. Fue como si se hubieran alineado los astros para confundirlo todo. Y aquí estamos, ahora, en un escenario insólito: dentro de 100 días vamos a votar para elegir presidente de la República, senadores y diputados, ¡y en el mismo momento, la Convención estará discutiendo sobre el piso institucional en que estarán parados los elegidos!
Pero incluso convencionales de la UDI admiten que, en general, cuando se apagan las cámaras, el clima humano es bueno y que las votaciones de los temas reglamentarios están avanzando con bastante acuerdo. En los debates coyunturales obviamente se polarizan las posiciones.
Es meritorio que los convencionales hagan un esfuerzo por establecer relaciones civilizadas. Pero este no es un asunto de buena onda. La pregunta es adónde conduce este proceso, cuyo horizonte ya era confuso a causa de su diseño, pero que las declaraciones y gestos rupturistas han terminado por volver francamente borroso. La Convención no parece la vía de solución de ningún problema del país, sino al revés. Se ha convertido en un problema, y justo cuando el país busca recuperarse de los efectos de la pandemia, en particular en la economía. La Convención es un foco de incertidumbre. ¿Qué inversionista nacional o extranjero puede sentirse dispuesto a tomar riesgos en este contexto?
¿Ud. cree que el proceso constituyente fuera de Chile es visto en forma negativa?
Debe costar entender en el exterior que nuestro país, donde las instituciones han funcionado sin interrupciones desde 1990, se haya metido en este embrollo. En realidad, solo se explica como resultado de la suma de negligencias y oportunismos que trajo octubre de 2019 a nuestra convivencia. ¿Qué les pasó a los chilenos, deben preguntarse afuera, que parecen afectados por una suerte de delirio?
Es una vergüenza que Chile tenga hoy dos parlamentos, esquema en cuya génesis fueron determinantes los cálculos de los partidos. No queda sino reconocer que hay un enorme interrogante sobre el futuro, y que las responsabilidades de ello son claras: el Congreso y el gobierno metieron a Chile en un túnel constitucional. Y no se divisa la luz al final.
Una polémica particular ocurrió con la presencia del almirante en retiro Jorge Arancibia en la Comisión de DD.HH. Algunos lo consideraron una provocación porque fue edecán de Pinochet. Él se defendió y dijo que fue promotor de la Mesa de Diálogo (1999-2000), que derivó en que las FF.AA. reconocieran y condenaran las violaciones de los DD.HH. en dictadura. ¿El almirante tiene derecho a participar en esa instancia o cree que era mejor haberse ahorrado la polémica?
Lo ocurrido con el almirante Arancibia es ilustrativo del feble compromiso con los procedimientos democráticos de parte de la corriente que domina la Convención. Despliegan una actitud de superioridad moral para juzgar a los demás en la que asoma la tentación totalitaria. Arancibia fue senador entre 2002 y 2010 con plena legitimidad, y hoy tiene todo el derecho de desempeñar su rol de convencional sin limitaciones. Es mejor que ningún sector crea que tiene algo así como la propiedad de la pureza. Desde hace 31 años, personas de diversas filiaciones conviven en el parlamento, en los municipios y en todas las instancias de participación de la sociedad civil, y eso es de la esencia de la vida en democracia. Hay que poner freno a la acción de los nuevos inquisidores, y no dejarse intimidar por el hecho de que proclamen que ellos son el pueblo.
Entre los grupos opositores al Gobierno, y sobre todo en la izquierda, hay una tensión que parece expresar una lucha por la hegemonía. El exmandatario uruguayo José Mujica expresó su temor de que la Convención se convierta en una “bolsa de gatos”. ¿Hay un problema en cómo la izquierda está resolviendo sus diferencias?
En la política siempre está presente la pugna por la hegemonía. Lo deseable es que ello no se haga con malas artes ni juego sucio. En la Convención, hemos visto aparecer a una corriente que sacó provecho de las facilidades que se dieron para la inscripción de candidaturas independientes, la Lista del Pueblo, la que, a poco andar, ha demostrado que es una agrupación política más. Da la impresión de que, en la campaña, funcionó como una cooperativa para juntar votos. En su seno, parece que opera un comando que aplica criterios verticalistas para alinear a la tropa. No es extraño que dos convencionales hayan renunciado a esa agrupación.
¿Pero supongo que Ud. evidencia que no hay una sola izquierda?
En la Convención, es posible identificar varias izquierdas, unas más intransigentes que otras. En la derecha, también hay diversidad de discursos y estilos. Más vale que todos los convencionales tengan conciencia de que están siendo observados por el país. Y también desde fuera. Me pareció muy atinada la observación que hizo el expresidente Mujica sobre la posibilidad de que la Convención se convierta en una bolsa de gatos. No hace falta aportar evidencias.
¿Cómo visualiza el desarrollo de la Convención en los meses que vienen?
Creo que solo sirve ser realistas. Las expresiones de buena voluntad no bastan, ni tampoco esa descripción casi romántica que se hacía de la Convención durante la campaña para elegir a sus integrantes. Estoy consciente de que hay varios convencionales animados de verdadero sentido republicano y que hacen su mejor esfuerzo para encauzar las cosas de un modo constructivo, pero me temo que navegan contra la corriente. El problema es que se insertó un cuerpo extraño en la institucionalidad para cumplir una tarea que le correspondía al Congreso. Y, por lo tanto, tenemos motivos para preguntar si el Senado y la Cámara que elegiremos en noviembre estará también despojado de sus poderes en el terreno constitucional, y tendrá que aceptar que se convoque a un plebiscito sobre un nuevo texto sin derecho siquiera a revisarlo. O si el próximo Presidente tendrá que guardar silencio sobre el asunto. ¿Y por qué tendría que ser así, si tanto el Presidente como los parlamentarios estarán recién elegidos y tendrán las atribuciones que les reconoce el actual orden constitucional?
Esto partió mal, y se agravó con el hecho de que la Convención pasó a ser controlada por grupos excitados con la obsesión refundacional. La imagen de la presidenta Elisa Loncón, con el puño en alto y llamando a refundar Chile el 4 de julio fue la síntesis de un grave malentendido.
El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, dijo en La Tercera que si se llega a rechazar en un plebiscito “una propuesta de nueva Constitución no puede ser interpretado como una aceptación del actual texto, pues el mandato del plebiscito de 2020 seguirá vigente”. ¿Cómo lo interpreta?
Es muy grave lo dicho por el abogado Jaime Bassa respecto de los efectos del plebiscito de salida del próximo año. Es una interpretación insólita de lo establecido en la reforma constitucional que echó a andar este proceso. Si los ciudadanos rechazan la eventual propuesta de la Convención, simplemente se acaba el asunto. Bassa parece creer que el mandato de redactar una nueva Constitución es indefinido, lo que constituye una demostración de entusiasmo casi adolescente. Si por una u otra circunstancia, la Convención fracasa, se pone punto final al experimento. Y por supuesto, seguirá vigente la actual Constitución, tal como lo está en estos mismos días, lo que permite que los convencionales se reúnan, discutan y reciban un sueldo del Estado.
El posible rechazo de la propuesta de la Convención, ¿significaría que la Constitución vigente se vuelve inmodificable? Nunca lo ha sido. Desde la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, que condujo a las primeras reformas del 89, todos los gobiernos democráticos promovieron cambios a la Constitución que fueron aprobados por amplia mayoría en el Congreso. El eslogan de que el texto actual es el mismo de 1980 es un puro cuento. La ilegitimidad de origen fue borrada hace mucho tiempo por la acumulación de reformas. En los hechos, el país llevó adelante un proceso constituyente que duró 31 años, y su mayor mérito es que dio estabilidad y gobernabilidad al país y fue la base del progreso alcanzado.
Nada de esto niega la posibilidad de introducir otros cambios o elaborar un texto enteramente nuevo. Pero eso debe estar en consonancia con el funcionamiento de las instituciones propias de la democracia representativa, y no del asambleísmo o de la llamada “democracia plebiscitaria”, que tanto gusta a los autócratas. El próximo mandatario y el próximo Congreso deberán considerar el asunto con realismo y calma. El país ha perdido mucho tiempo y muchos recursos en todo este enredo. Y hay muchas necesidades que atender. (Ex Ante)
