Han pasado más de 70 días desde que comenzara el estallido social en Chile y basta mirar alrededor para entender que lo que persiste aún es una tensa calma, que si bien ha encontrado un camino institucional a partir del acuerdo que abrirá el proceso constituyente y la agenda de reformas sociales y antiabusos, precisa aún de caminos de encuentro para poder solucionar lo más inmediato, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la recuperación del espacio y el orden público. Sigue siendo aún una realidad difícil de explicar que, pese a que se haya suspendido hace más de un mes el uso de balines antidisturbios, la cifra de personas mutiladas en sus ojos haya aumentado a más de 350, en muchos casos, por el uso de gases lacrimógenos.
Imagino que con el encabezado de esta columna habrá quienes pensarán que se trata de otro analista más que defiende a los manifestantes (y de paso, como un absurdo, el intento de justificar y no de entender los hechos de violencia), como también habrá quienes crean que lo que busco es equiparar el orden público al respeto a los derechos fundamentales. La buena noticia para todo tipo de lector es que creo que ambas cosas son indisociables.
En efecto, pareciera que a ratos la discusión se torna en un imposible en este país, lo que da cuenta de los niveles de polarización y de simplificación absurda de la realidad que enfrentamos. Si se releva el número de mutilados y las violaciones a los derechos humanos, entonces se es un violentista. Si se pone énfasis en el control público y la realidad de las personas que padecen a diario la situación en la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia y sus alrededores, entonces se es un inconsciente de la vulneración de los derechos humanos y la garantía que en democracia deben tener las personas de manifestarse. Al final, este tipo de argumentación sólo abre espacio a la polarización y se convierte en tierra fértil para que las posiciones más extremas ganen en esta vuelta, poniendo en riesgo la posibilidad de que la gran mayoría de los ciudadanos encuentre una respuesta sensata que permita perseguir las violaciones a los derechos humanos, restaure el orden y la utilización de espacios públicos y allane el camino para una salida institucional, donde las grandes mayorías puedan sentirse satisfechas con la respuesta desde el mundo de la política, cuestión básica para nuestra democracia.
No habrá camino de solución posible si no hay claridad en hacer estas distinciones básicas, pero relevantes. Es la inconsciencia de esto, al final, lo que ha abierto un camino de división entre los propios habitantes del país, que se expresa en la calle, pero también en las discusiones cotidianas (¿o no le ha pasado que ya se ha peleado con gente cercana por esta situación?), lo que a todas luces es una mala noticia para enfrentar un camino de diálogo, tan necesario si lo que queremos es efectivamente construir un nuevo pacto social, entre todos, no entre los que piensan como uno.
El tiempo corre en contra del propio mundo político para buscar caminos que permitan enfrentar de manera adecuada lo que viene de cara a marzo y al plebiscito de abril, porque los niveles de desconfianza en la política y sus instituciones no han cedido ni un ápice. Enfrentar tardíamente esta situación y no adelantarse a los hechos puede ser una mala noticia para todos, porque en algún momento se puede instalar esto de “que se vayan todos”. La democracia requiere relevar la apuesta institucional y hacerse cargo de los costos. (La Tercera)
Gloria de la Fuente
