El senador y también candidato presidencial del partido País, Alejandro Navarro, calificó de «inconstitucional» este sábado la actualización del decreto 142 de 2005 por parte del Ministerio del Interior, que regula la forma en que las empresas proveedoras de telecomunicaciones manipulan los datos de los usuarios y que vulneraría la garantía fundamental de la privacidad.
A su juicio, «esta será la carta blanca para el uso abusivo de información privada de los chilenos y chilenas”.
Navarro, quien integra la Comisión de Derecvhos Humanos del Senado explicó que, «durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dictó el decreto 142, el cual obliga a las empresas de telecomunicaciones a conservar un registro de las direcciones IP durante al menos 6 meses, plazo que fue extendido a un año más tarde».
De este modo, dijo, «»as empresas de telecomunicaciones deben mantener a disposición del Ministerio Público las direcciones IP por 12 meses, según establece el artículo 222 del Código Procesal Penal, esto para favorecer el trabajo de la justicia en casos de delincuencia que se requieran investigar. El problema es que la actualización del decreto, llevada a cabo por el Ministerio del Interior, y que hoy se encuentra en Contraloría, permitirá que todas las empresas telefónicas tengan por un plazo de 2 años la información de todos los chilenos y chilenas con respecto a que hora y fecha hicimos una llamada, a quien se llamó y por cuanto tiempo, desde qué IP uno se conectó, en que lugar geográfico, qué sitios web visitamos, o cuántos mensajes escribimos y a quién se los enviamos».
“En otras palabras”, explicitó, “una aberración en contra de los derechos y la privacidad de las personas y que vulnera la Constitución de la República, ya que esta garantiza la inviolabilidad de nuestras comunicaciones privadas”.
De acuerdo al presidenciable de País, “con este decreto se está dando un gran paso para crear un sistema de vigilancia masiva con capacidad para acceder a toda la información de celulares y computadores, pues no será difícil obtener los datos privados de ordenadores o dispositivos móviles sin que el usuario del equipo sepa, permitiendo así el monitoreo de todo lo que los ciudadanos hacen, escriben o fotografíen, así como sus contactos, chats, e incluso micrófonos o el GPS”. (El Mostrador)
