No hay primera sin segunda, dicen las cuecas. Y parece que el espíritu dieciochero contagió a los diputados, porque no quedando satisfechos con el primer retiro de 10% desde las AFP, ahora van por el segundo. Los impulsores de este segundo zarpazo al sistema son Pamela Jiles, Karim Bianchi y René Saffirio, lo que no debiera extrañar a nadie, porque está claro que sus intenciones son terminar con las AFP para transitar a un sistema estatal de reparto.
Pero lo que sí es sorprendente es que diputados oficialistas, como ya lo han manifestado, estén dispuestos a evaluar el mérito del proyecto y decidir en consecuencia, cuando iniciativas de esta naturaleza lo que pretenden es poco a poco ir sacando todos los fondos de las AFP y destruir el sistema por la vía de reformas constitucionales transitorias.
Esto es incomprensible, porque de unirse a este proyecto, se convertirían en instrumentos de la izquierda para alcanzar el fin último al cual aspira dicho sector, cual es estatizar las pensiones y nacionalizar los fondos. Es cosa de haber leído la carta de Luis Mesina en El Mercurio el viernes pasado, donde claramente expresa que por ningún motivo el sistema de pensiones puede seguir bajo la lógica de la capitalización individual y administradas por entidades privadas, calificándolo de fallido y vergonzoso.
Esto ya ocurrió en Argentina en 2008, cuando nacionalizaron las AFJP, como se las llamaba, y todos los fondos quedaron en manos del Estado, los que pasaron a mejor vida. ¿Por qué lo hicieron? Supuestamente para garantizar las pensiones de los argentinos, pero lo que sucedió es que el gobierno necesitaba caja porque tenía que pagar la deuda externa y les echaron mano a los fondos previsionales. La prensa de la época lo tildó de saqueo.
¿Qué pasaría en nuestro país si se aprueba este nuevo retiro? Se estima que quedarían con $0 en sus cuentas individuales 5 millones de cotizantes, lo que es gravísimo. Para empezar, cuando esos trabajadores tengan que jubilar, no tendrán fondos suficientes y por ende recurrirán al Estado para que les proporcione pensiones dignas, que terminarán pagando los empleadores con una nueva alza en las cotizaciones, o con impuestos generales de la nación, para lo cual habrá que hacer una nueva reforma tributaria.
Junto con este proyecto, sigue pendiente la reforma a las pensiones, y la izquierda, para su aprobación, exige que el 6% de cotización adicional de costo empresarial, vaya a un sistema de reparto manejado por un ente estatal, aun cuando la mayoría de los chilenos quiere que ese 6% vaya a las cuentas individuales.
Está claro entonces que hay una estrategia en marcha desde la izquierda para ponerle término al sistema de capitalización individual y a las AFP, y resulta inexplicable que diputados oficialistas quieran ser comparsas de un proyecto así. El Gobierno claramente tiene una posición contraria al mismo y por lo tanto, lo que se espera de los parlamentarios de Chile Vamos es que apoyen la postura del ejecutivo y no desconozcan que pertenecen a una coalición gobernante uniéndose a la oposición.
De no hacerlo por temor a sus electores, porque les podrían quitar apoyo si no aprueban un segundo retiro, quiere decir que no están en el Congreso para defender principios, ideas y una visión de sociedad compartida con la de los partidos en que militan y de quienes los eligieron, sino para satisfacer sus intereses personales. De ser así, sería más honesto que renunciaran y se dedicaran a otra cosa.
Esta reforma no se debe aprobar; de lo contrario, serán cómplices del mayor daño que se le pueda infringir al país. (El Líbero)
Jaime Jankelevich
