La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) enfrenta una de las mayores crisis institucionales de su historia tras el vencimiento del plazo otorgado por el Ministerio de Justicia para terminar los contratos con casas de apuestas online, considerados ilegales según la normativa vigente. Ahora, la posible cancelación de su personalidad jurídica (Pena de muerte empresarial) se alza como una medida drástica que pone de manifiesto los riesgos de operar al margen de la ley y principios de integridad.
El diputado Arroyo ha sido enfático: «Es imperativo que el Estado actúe con celeridad para garantizar la legalidad y proteger la transparencia en el deporte». Su llamado no solo apunta a la legalidad de los contratos, sino también a la ética y probidad en una institución clave para el fútbol chileno. La relación entre la ANFP y las casas de apuestas online no solo es problemática desde el punto de vista legal, sino que también plantea interrogantes sobre los valores que guían a la organización y su responsabilidad social.
Este caso no puede analizarse de forma aislada; es un síntoma más de la crisis de integridad que atraviesa el país, donde las prácticas cuestionables en sectores clave parecen ser una constante. Lo preocupante no es solo la relación contractual con las casas de apuestas, sino la falta de controles preventivos y una cultura organizacional que permita decisiones alineadas con la ética y la normativa actual.
La relación entre entidades deportivas y casas de apuestas ha sido objeto de controversia a nivel mundial. Por ejemplo, en Italia, se han destapado múltiples escándalos relacionados con apuestas ilegales y amaño de partidos, involucrando a jugadores, dirigentes y árbitros.
Estos casos evidencian cómo la falta de controles efectivos y la permisividad ante conflictos de interés pueden derivar en prácticas corruptas que afectan la integridad del deporte. Esta relación no solo vulnera la normativa, sino que también plantea serios conflictos de interés, ya que las apuestas pueden influir en el desarrollo de los partidos y, por ende, en la transparencia de las competencias deportivas.
Para abordar esta problemática, es fundamental implementar programas de compliance que contemplen diversos elementos clave. En primer lugar, se debe promover la capacitación continua, asegurando que todos los miembros de la organización estén educados sobre las normativas vigentes y los riesgos asociados a prácticas corruptas. Asimismo, resulta imprescindible establecer políticas claras de conflicto de interés que permitan identificar y gestionar adecuadamente cualquier situación que pueda comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones.
De igual forma, resulta necesario implementar mecanismos eficaces de denuncia y protección al denunciante, proporcionando canales seguros para reportar irregularidades y garantizando la protección de quienes se atrevan a hacerlo. Por último, las auditorías periódicas desempeñan un papel esencial, ya que permiten realizar revisiones constantes para verificar el cumplimiento de las políticas establecidas y detectar posibles desviaciones.
La experiencia demuestra que la implementación efectiva de programas de compliance y una cultura organizacional basada en la ética son fundamentales para prevenir la corrupción y los conflictos de interés. La ANFP, al igual que otras instituciones deportivas, debe asumir un compromiso real con la integridad, adoptando medidas proactivas que aseguren la transparencia y el respeto a la normativa vigente.
En un contexto donde la confianza pública en las instituciones está en juego, casos como este nos recuerdan la importancia de actuar con integridad y responsabilidad. El desafío para la ANFP no es solo legal, sino moral: demostrar que el deporte puede ser un ejemplo de ética y transparencia para la sociedad. (Red NP)
José Ignacio Camus
Co Founder Admiral Compliance
