El tema de la permisología en Chile es de larga data. Ya en 2018 el presidente de la República mandató, a la entonces Comisión Nacional de Productividad, realizar un estudio de revisión normativa para implementar una estrategia de simplificación administrativa y regulatoria en el ámbito del desarrollo y tramitación de grandes proyectos de inversión, en cinco sectores: minería, infraestructura, energía, industria e inmobiliario. Este estudio identificó que los grandes proyectos de inversión requerían de 400 permisos sectoriales. No obstante, dado que un permiso se tramitaba más de una vez durante el desarrollo de un proyecto, al final el número de permisos tramitados para un gran proyecto de inversión se elevaba a cerca de 3.000.
Un nuevo estudio de la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad identificó 439 trámites que afectan el proceso de inversión (no se refiere a aquellos permisos que requieren tramitación más de una vez), que dependen de más de 71 entidades distintas. Toda una pesadilla burocrática que ha llevado a que la ruta crítica de algunos proyectos demore hasta 11 años.
El Ministerio de Economía anunció un proyecto de ley de reforma a los permisos sectoriales, para agilizar el proceso de tramitación y que se concreten inversiones en el país.
Cualquier proyecto de ley que busque disminuir la cantidad de permisos, o bien acortar los plazos de respuesta, es un avance. Pero el principal riesgo no está en lo técnico, sino en lo político.
El mayor riesgo de cualquier proyecto de inversión en Chile es que, aun habiendo cumplido y obtenido todos los permisos necesarios, todos los requisitos legales, en pleno proceso de —o habiendo terminado la— construcción, cualquier autoridad política —alcaldes, gobernadores, ministros— puede parar el proceso de inversión/construcción/venta/implementación, llevando a los inversionistas a comenzar un proceso judicial para poder terminar dicha inversión.
En Chile no existirá certeza legal ni incentivos para la inversión, aunque los permisos disminuyan a 10 y se puedan obtener en dos meses, mientras las autoridades políticas se sientan en el derecho de opinar y, por ende, exigir que un proyecto se pare, para posteriormente judicializarlo.
La parte más importante de un proyecto de ley que finalmente entregue certeza legal a un proyecto de inversión, debe incluir un artículo que inhiba y prohíba a cualquier autoridad judicializar un proyecto de inversión que haya cumplido con todos los requisitos y permisos legales. Sin este artículo, la inversión en Chile seguirá sujeta a gran incertidumbre y, por ende, seguirá disminuyendo. (El Mercurio)
Michèle Labbé C.
