“Urgente”. Esta palabra aparece en la mayoría de los documentos que Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), tiene en su despacho. Los archivadores, que suman más de 50, se apilan en su mesa de reuniones, en su escritorio, en las ventanas y en la mesa de centro. “Tengo que ordenar, pero, como ve, hay hartas cosas que hacer”, dice la ex fiscal Regional Metropolitana Occidente. Antes de asumir su actual cargo, el 16 de julio, tuvo un paso por la Fiscalía Nacional como jefa de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.
Huerta tomó las riendas del Sename en medio de una verdadera crisis, que se desató al conocerse la muerte de Lissette, una menor de 11 años que estaba en una residencia del servicio. En paralelo, la ex fiscal tenía que responder a la solicitud de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que pidió conocer la cantidad de fallecidos en los centros. A dos meses y medio de su nombramiento, Huerta concluyó el catastro: 243 fallecimientos en 11 años. Antes, eso sí, tuvo que pasar por una serie de dificultades en la recopilación de la información, las que aborda, entre otras cosas, en entrevista con La Tercera.
¿Con qué se encontró al asumir el cargo?
Una de las primeras cosas que vimos, después de solicitar información para ir conociendo el trabajo que se hace acá, es que había un tema de carencias. Yo lo he planteado: es como que la modernización del Estado no entró a la estructura del Sename. La ley orgánica es del año 1979 y no tiene impacto en varias áreas, por ejemplo, la que dice relación con la información, con la calidad y la prontitud con que se requiere. Por otra parte, también falta una estructura orgánica que dé cuenta de las necesidades que tiene este servicio.
En cuanto al trabajo con los niños, ¿qué detectó?
En nuestros centros hay carencias importantes que dicen relación con asegurar derechos, pero además tener la certeza de qué derechos se están prestando. Una de las primeras cosas que me llamó la atención era que no había claridad en rescatar la información que nos permitiera saber en qué estado de salud estaban los niños de las residencias. Esto no es porque no hayan recibido atenciones, sino porque nuestro sistema con el Ministerio de Salud no conversa, ni hay interoperabilidad. Esta cartera desconoce cuáles son los niños que están en centros y, por ende, nosotros no tenemos acceso a saber si los niños en residencias están recibiendo las prestaciones adecuadas. Esa fue una de las primeras cosas que a nosotros nos hizo ruido, en términos de generar esta base de datos, donde el Ministerio de Salud tuviera la información de los menores en residencias, y a través de esa vía nosotros poder tener el control de las atenciones prestadas. Nuestros niños, que son los niños del Estado, son invisibles para las otras instituciones públicas. Esto obedece a que nuestros sistemas no conversan. Nuestro propósito ha sido ir generando convenios y decir que estos son nuestros niños y estas son sus necesidades.
En cuanto al proceso de levantar información, ¿cómo funcionaba el sistema? ¿Cómo se verificó la cantidad de fallecidos?
Cuando revisamos las dificultades, para poder entregar la información, dada la sensibilidad del tema, empezamos a ver qué problemas tenía el sistema. Cuando se señaló que había 185 niños fallecidos, fuimos detectando distintas cuestiones. Una de ellas era que ingresando el Código Niño (verificador de identidad del menor), el sistema no requería obligatoriamente la cédula de identidad. Nosotros sabemos que la forma de identificar identidad es a través de la cédula, entonces, claro, podías tener los nombres, los apellidos, pero sin la cédula tenías que hacer el proceso de verificar nombres y fecha de nacimiento. A veces, tenías la cédula de identidad, los nombres, apellidos, pero no tenías la fecha de nacimiento.
¿Cree que esto derivó en que los anuarios del Sename no tuvieran la información exacta sobre la cantidad de niños fallecidos?
La base de información que tienen los anuarios estadísticos, efectivamente, surgen de esta plataforma informática. Desde mi perspectiva, toda la información que se fue trabajando en los boletines obedecía a lo que estaba en Senainfo (servicio de información del Sename), y recién en el año 2014 se incorporó información de los ámbitos de protección en relación a los fallecidos. Ahora, lo que hay que decir es que ningún sistema informático es infalible.
El que se haya entregado información errónea, a través de los anuarios, ¿trajo consigo la apertura de algún sumario administrativo?
Desde mi mirada, no hay una responsabilidad administrativa o alguna infracción de las tareas funcionarias, porque el sistema tenía estos inconvenientes. Sin embargo, a propósito de lo que pasó con los anuarios estadísticos, yo le solicité la renuncia a la persona que estaba a cargo de esa división dentro del servicio, de la Unidad de Estudios. Si yo estoy sacando una información hacia la comunidad y a la opinión pública, debo tener la certeza de que lo que estoy entregando es correcto. Y desde nuestra mirada, había muchas cosas que no se habían hecho bien, ya que no solamente hay responsabilidades desde lo administrativo. Todo esto estaba bajo la responsabilidad de alguien y no se hizo adecuadamente.
Ya con los datos sobre la mesa en los casos identificados: 243 fallecidos, lugares en que ocurrieron los decesos y causas de las muertes, ¿qué conclusiones han podido sacar?
Un tema que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de las causas de muerte no concluyentes, como es el paro cardiorrespiratorio. Ese es un llamado a los médicos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes fallecidos. El poner como causa de muerte paro cardiorrespiratorio no me parece como suficiente. Eso para nosotros implica transparentar esta información al Ministerio de Salud y también al gremio. Estos casos, donde la causa de muerte no es concluyente, son situaciones que nos llaman la atención y que ahora tenemos que ir avanzando para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando uno revise un certificado de defunción, tiene que existir la claridad del motivo del fallecimiento.
La mayoría de las muertes ocurrieron en centros colaboradores. ¿Se ha solicitado, en su administración, el cierre de alguna de estas residencias?
Eso efectivamente se ha hecho. No tengo cifras concretas, pero sí, a propósito de los requerimientos e información de la fiscalía, se han solicitado intervenciones y cierres de centros. En este período, lo que nos ocurrió fue que un juez, por resolución autónoma, encargó que el servicio se hiciera cargo de una residencia, por lo que en este lapso tuvimos que tomar la administración. Y también pasó que pedimos el cierre de un centro, pero nos fue mal en tribunales, ya que la Corte rechazó la solicitud de clausura. Esto ocurrió en la Sexta Región.
¿Cómo se explica que de las 33 muertes en el área de justicia juvenil, todas estén asociadas a un hecho violento?
En los centros de administración directa, de detención de adolescentes, lo que se establece es que las 33 muertes no están asociadas a patologías base, ni enfermedad, sino que a situaciones de intervención de terceros, accidentes y a suicidios (…) Es llamativo y es un tema para poner el foco, pero también hay que ver cómo está este número en relación a la población adulta detenida, tanto en Chile como en otros países. Sería muy importante tener esta información para poder tener un nivel de comparación, porque ahí se producen riñas, en situaciones de encierro y, particularmente, en ciertas fechas se generan más hechos de violencia. Es parte de la realidad que ocurre en los centros de reclusión adolescente.
¿Cuál es su posición respecto de bajar o mantener la edad de imputabilidad en los menores infractores?
Creo que hay que hacerse cargo como Estado de los inimputables, es decir, de los niños menores de 14 años que están cometiendo delitos. Yo no creo que la solución sea transformarlos en imputables penales, sino más bien entender que si un niño que tiene 10 años está cometiendo delitos, es porque hay motivos relacionados con lo social, con situaciones de abandono, muchas veces de estar viviendo en la calle. Esto explica el que esté cometiendo infracciones.
¿Entonces no cree en una cárcel para menores?
Desde la convención para los derechos, es cuestionable. Acá la ley marco debiese resolver esas discusiones, pero pongámonos de acuerdo en cómo trataremos a los niños. ¿Vamos a tener la mirada que son delincuentes o que hemos fracasados como sociedad, y tenemos niños de 12 años consumiendo droga y cometiendo delitos? No volvamos a decir que un niño que comete un delito es un delincuente. O son inimputables, porque tienen menos de 14 años y no se les aplica la responsabilidad penal adolescente, o son infractores de ley. Esos son los conceptos que se pueden aceptar, lo otro es estigmatizar.
¿En ese sentido, el sistema de adopción es un desafío?
En que nos tenemos que plantear nuevos desafíos y uno de éstos son los procesos de adopción, ya que hay que asegurar el derecho de vivir en familia. Nuestro éxito no es que nuestros niños queden en las residencias.
Al anunciarse el plan Sename, surgieron críticas. Se dijo que la separación del organismo es un proyecto o una intención de hace casi 15 años.
La Presidenta Bachelet, de forma muy clara, lo dijo en la semana. Este gobierno ha avanzado con un paquete de medidas legislativas en cuanto a la infancia. La mirada de esto sólo se ha centrado en separar el Sename y eso, desde mi punto de vista, no abarca la complejidad del tema. Ese es un primer punto, porque hay otras iniciativas en discusión: la Subsecretaría de la Infancia, la Ley de Adopción, la Ley de Entrevista Videograbada, y también el proyecto de violencia al interior de la familia. Entonces, son una serie de iniciativas que están en etapa legislativa, y tal como lo indicó la Presidenta, el apoyo de los parlamentarios es fundamental para que salgan lo antes posible. No se trata sólo de separar el Sename. Eso no es lo que va a cambiar el fondo. Lo trascendente tiene que ver con este paquete de reformas, y en que también se hizo un llamado a agilizar esta tramitación.
La Tercera/Emol
