En Venezuela también aplica eso del “cada día puede ser peor”. Recientemente la Asamblea Constituyente (AC) ha intentado despojar de todo el poder al parlamento democráticamente elegido. La movida ha provocado el rechazo de muchos. El gobierno chileno lo ha cuestionado pudorosamente; la Cámara y el Senado han sido más contundentes aprobando proyectos de acuerdos que solo recibieron la oposición del PC y el Frente Amplio.
Conviene preguntarse si lo que ha pasado en Venezuela podría repetirse en Chile en caso que, como quieren algunos, se convoque a una AC. Lamentablemente la respuesta es afirmativa.
Convocar a una AC para modificar la Constitución se empezó a popularizar en torno al 2011 cuando, silenciados por las marchas, casi nadie desde la izquierda se atrevió a inyectar razonabilidad a los gritos de la calle. Con eso se derrumbó la Concertación, el orgullo por la transición, la política de los acuerdos, la defensa del modelo y también la Constitución y sus reformas. Y surgió la Nueva Mayoría, la retroexcavadora, el igualitarismo chato (“los patines”) y el grito por una AC. No hay que olvidar que José Antonio Gómez, como candidato a la primaria el 2013, vociferaba a favor de ella. Y que Bachelet, inspirada en esa culpa que la atraviesa, nunca la ha cuestionado.
Pero la experiencia de Venezuela nos debiera enseñar, de una vez, que la AC no es un camino para el cambio constitucional. Ello no solo porque es una forma de profundizar el divorcio entre ciudadanía y política; o porque en la historia de Chile, como ha mostrado Sofía Correa, las reformas constitucionales más exitosas han sido fruto del acuerdo que se logra en los congresos. También porque el camino que está siguiendo Venezuela perfectamente podría replicarse en Chile en caso de convocarse a una AC.
¿Exagero? Para nada; de hecho ya hay algunas similitudes. Una de ellas es que allá, como quisieron algunos acá, la AC se impuso por medio de la trampa de un “decretazo”: la Constitución de Venezuela exige que una AC sea convocada por un referéndum pero a Maduro le bastó un decreto (que entre otras cosas llama a “constitucionalizar las grandes misiones socialistas (…) hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social”).
Pero la similitud más compleja podría darse al instalarse la AC. Por definición, el poder de ella no tiene límites pues es la expresión del constituyente originario que la ubica por sobre los poderes constituidos. Dicho de otra forma, su poder se instala sobre el Congreso, jueces y el propio Presidente. Por eso, como supuesta expresión originaria de la ciudadanía, una AC chilena podría repetir la historia venezolana y enfrentarse al Legislativo al romper con los límites del mandato original.
Hay que celebrar que tanto congresista chileno que ha coqueteado con la AC se haya pronunciado en contra de la venezolana. Los mismos argumentos que inspiran ese rechazo debieran motivar un no + AC en Chile. (La Tercera)
Sebastián Soto
