Respecto de lo primero y sin perjuicio de que no es correcto señalar que el país está normalizado (salvo en lo que a la ausencia de protestas se refiere), lo cierto es que, como dice el dicho, el Gobierno “con su deber no más cumple”. Por lo demás, es una obligación en la que muchos de sus colaboradores tienen una especial responsabilidad: hoy deben normalizar aquello que hicieron todo por desestabilizar (“cómo quieren que no lo quememos todo”, decía una diputada del Frente Amplio). El país estuvo “desnormalizado” por el covid-19; una inflación que en buena medida se explica en los retiros de fondos de pensiones; un sistema político que no tiene incentivos a la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y, principalmente, por la violencia.
Quienes trabajamos con el presidente Piñera sabemos que el juicio de la historia también dice relación con lo que los gobernantes hacen después de dejar La Moneda. Así, está por verse qué harán el FA y el PC si les toca ser oposición nuevamente. En ese momento demostrarán si creen en la normalidad o en la desestabilización como método de acción política.
Respecto del supuesto obstruccionismo de la centroderecha, ello no es cierto. El propio Gobierno ha destacado sus éxitos legislativos en materia de seguridad y, para ello, ha contado con los votos de la derecha, y no así con todos los parlamentarios del FA y del PC. Tienen un pie en La Moneda y otro en la obstrucción legislativa.
Respecto de las reformas fiscales y de pensiones, no ha sido solo la centroderecha quien las ha rechazado. Al Gobierno le ha faltado conquistar, además, a Demócratas, Amarillos, al PDG y a parte de la Democracia Cristiana. Y ni hablar del CAE, que no convence ni al PS. Así, no es justo echarle la culpa a la centroderecha sobre el derrotero de las reformas que impulsan el FA y el PC.
Por cierto, tampoco se ha enfrentado el Gobierno a una oposición ni remotamente tan mezquina como la que encontró el presidente Piñera. Esta es una verdad cuantitativa y cualitativa. Solo recordemos que, durante el gobierno anterior, entre acusaciones constitucionales (dos dirigidas en contra del presidente), interpelaciones y comisiones investigadoras, se desperdiciaron más de mil horas legislativas que podrían haber servido, por ejemplo, para aprobar una reforma al sistema de salud o una de pensiones. Peor aún, ello ocurría mientras miles de personas perdían la vida en el contexto del covid-19 y toda la población sufría, mientras el presidente Piñera conseguía vacunas que les salvaron la vida a decenas de miles de chilenos.
Mientras eso sucedía, el FA y el PC obstruían todo lo que se proponía, repletaron de querellas y acusaciones a las autoridades, pedían que el país subiera considerablemente su nivel de deuda pública, que se decretaran cortocircuitos y que los niños no fueran a clases. Además, la entonces oposición incumplió el acuerdo de los 12 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia (pues a los pocos días impulsaron los retiros de pensiones que trajeron parte de la inflación que el Banco Central ha ido normalizando).
Somos muchos quienes, siempre, respetaremos al Presidente de Chile. Así nos enseñó Sebastián Piñera, y ese respeto supone jamás pegarle en el suelo a un gobierno en problemas. Esto implica no condenar al Presidente Boric cada vez que hace un giro (al revés, eso debiese destacarse, de lo contrario solo se logra que se parapete en su 30% de apoyo) y valorar las cosas que se hacen bien. Sabemos que “otra cosa es con guitarra”, y que para el Gobierno no debe haber sido fácil sacar adelante la Ley Corta de Isapres y que si lo hizo por convicción o responsabilidad da igual, pues buscó evitar una catástrofe sanitaria.
Sin embargo, no se nos pida apoyar reformas como un sistema de reparto y una distribución de cotizaciones que ya no tiene sentido luego de la PGU, ni aprobar un pacto fiscal que, tal como probó la reforma tributaria realizada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nos condenará al estancamiento económico y la mediocridad.
Por otro lado, el Gobierno contará con la centroderecha y con todo el país para aprobar reformas que aumenten la PGU, fomenten la calidad de la educación, realcen la educación pública, se cambie un sistema político enfermo, se resuelvan los problemas de “permisología”, creen un sistema de salud que mejore su calidad y acceso, y que entreguen herramientas efectivas para el combate contra el crimen organizado. (Emol)
Juan José Ossa
