¿Debemos simplemente esperar que la Convención Constitucional haga bien su trabajo, o podemos hacer algo para asegurarnos que cumpla bien su cometido?
Hasta el momento el proceso constituyente no es alentador. Parece improbable que un conjunto de personas, que parece preocuparse más de representar intereses de grupos identitarios, y que no tiene conocimientos previos de Derecho Constitucional, elabore un texto de Carta Fundamental que dé estabilidad política, económica y social a nuestro país por las próximas décadas, equilibre derechos sociales con realismo y responsabilidad, conciba un adecuado sistema de pesos y contrapesos de poderes del Estado, reconozca el destino común de los bienes y, al mismo tiempo, respete las facultades esenciales del derecho de propiedad, entre otros múltiples aspectos.
Si la Convención Constitucional no logra llegar a un acuerdo por 2/3 dentro del plazo ya establecido, o si llega a tal acuerdo, pero la ciudadanía no aprueba por mayoría el nuevo texto en el plebiscito de salida, entonces continuará rigiendo la Constitución de 1980, la que, pese a haber sido reformada más de 40 veces (y continúa siéndolo), no goza de aceptación popular.
¿Y si el texto propuesto por la Convención tiene múltiples errores u omisiones intolerables? ¿Debemos necesariamente optar por una Constitución mal diseñada y una impopular? ¿Hay alguna forma de salir de este zapato chino?
Sí, la hay.
¿Qué ocurriría si este Congreso (o el próximo a partir de marzo) trabaja en un nuevo texto constitucional, que goce de la aprobación de 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio? Ese texto, ya sea partiendo de una “hoja en blanco”, o tomando como base nuestra tradición constitucional, podría acoger las iniciativas que ha planteado la sociedad civil, e incorporar los elementos que un texto equilibrado y moderno debiera tener. Un catálogo ambicioso, pero realista, de derechos sociales, delegando en la ley la forma y progresividad para hacer efectivo cada derecho. Protección al derecho de propiedad, pero reconociendo la función social del dominio. Un régimen de gobierno que solucione los defectos del actual, pero que no sea un simple trasplante de experiencias foráneas. Reconocimiento expreso de los pueblos originarios, pero sin abandonar al Estado unitario y la identidad nacional. Neutralidad en el sistema económico, pero con cooperación público-privada. Un Banco Central autónomo y lejos de presiones políticas. Y así.
Ese mismo nuevo texto constitucional podría reproducir, en sus normas transitorias, la regulación actual del proceso constituyente en curso, para así respetarlo y darle perfecta continuidad.
Si el Congreso trabaja en un texto que represente a las grandes mayorías y lo aprueba por 2/3, entonces ese texto reemplazaría la Constitución actualmente vigente. Así, si la Convención Constitucional no llega a tiempo con un texto para presentar a la ciudadanía, o si llega a tiempo, pero ésta lo rechaza en el plebiscito de salida, entonces ya no regiría la impopular Constitución de 1980, sino este nuevo texto, moderno, comprensivo del sentir nacional actual. En este último caso, además, el texto aprobado por el Congreso sería ratificado por la ciudadanía en el mismo plebiscito de salida, ya que un rechazo del texto de la Convención significaría la aprobación del elaborado por el Congreso. El plebiscito de salida tendría, así, dos textos nuevos y alternativos que se disputarían la preferencia de los ciudadanos. No es difícil imaginar cómo esto sería un poderoso incentivo para que la Convención abandone posiciones extremas y refundacionales que representan a un sector muy pequeño de la ciudadanía y que, por circunstancias aún difíciles de comprender, resultó ser hegemónico en la Convención.
El plan descrito parte del supuesto, obviamente, de que en el Congreso actual – o quizás con mayor probabilidad en el próximo – prime la cordura y exista más capacidad de diálogo y altura de miras que las que hemos observado hasta ahora en la Convención Constitucional.
¿Será mucho pedir? (La Tercera)
Gonzalo Jiménez
