En los momentos que escribo, continúa el conflicto entre varios gremios del transporte y las autoridades. Aquellos han paralizado y bloqueado rutas, comprometiendo un amplio espectro de combustibles, bienes agrícolas, alimentos que se venden en supermercados y otros comercios, productos que se procesan, etc., lo que comienza a delinear algún grado de desabastecimiento a lo largo de nuestro país. Sin duda, este es el mayor desafío que ha debido enfrentar la actual administración.
Las autoridades han reaccionado con la aplicación de la ley de seguridad interior del estado (LSE), el mismo tipo de querellas que pesaban sobre una cantidad importante de personas en el contexto del estallido, de las cuales apenas llegado el actual gobierno procedió a desistirse. Las actuales autoridades comprendieron que aquellos habían contribuido decisivamente para que el actual Mandatario se instalara en La Moneda, como ocurrió en otros episodios, lo que llevó a algunos ha recordar la conocida expresión campesina y que me enseñara mi abuelita: “otra cosa es con guitarra”.
Si bien comprendo la desesperación de amplios segmentos de esos empresarios, quienes han sido robados, asaltados, sus medios de trabajo quemados, e incluso asesinados, no comparto el mecanismo de restricción al libre uso de las vías para el transporte de las mercancías indicadas.
El gobierno ha tenido una dura lección sobre el impacto de ausencia del estado de derecho, algo que durante la anterior administración los que están hoy en La Moneda no observaron, porque buscaban desestabilizar justamente al gobierno.
Por otra parte, los largos preámbulos para establecer las bases para la redacción de una nueva constitución determinaron que no hay acuerdo en lo sustancial. Frente a la propuesta del oficialismo de mecanismos para la estructura de aquellos para la redacción de una nueva constitución, la oposición ha calificado la propuesta como simplemente decepcionante.
Mi interpretación de estos hechos es que el oficialismo intenta reeditar de alguna forma los mecanismos utilizados para el texto constitucional que fue rechazado en forma abrumadora el 4 de septiembre recién pasado, en una tozuda actitud, encabezada por el PC y el FA. En esas condiciones es difícil que se llegue a un acuerdo.
Las próximas elecciones comienzan a incidir en los cálculos electorales de la extrema izquierda, y por tanto ese conglomerado busca acomodarse a unas reglas que no dañen sus posibilidades en los próximos concursos electorales.
Si bien la oposición ha reconocido un compromiso para redactar un una nueva Constitución, no es posible soslayar que las preocupaciones de la ciudadanía se dirigen a terminar con la violencia, expresada en terrorismo y delincuencia, como también la frágil situación de la economía expresada en inflación, y asimismo se cierne una recesión, sobre la que hay un debate por la profundidad que puede alcanzar aquella, y el impacto sobre el desempleo que afecta principalmente a los segmentos más pobres de nuestra sociedad.
Asimismo, el debate político comienza a ser afectado por un par de situaciones: una de ellas es el recordado reajuste de las tarifas del transporte público, que precedió a la revuelta de octubre 2019.
Los expertos hablan de un rezago de unos 100 pesos en el costo de la tarifa. Consultado el Presidente de la República, dio una confusa versión de su posición. En las próximas semanas, tendrá que haber una posición por cuanto la mantención del transporte público no es sostenible a esos precios, a menos que reciba una fuerte subvención desde el Estado. La estrecha situación del erario fiscal augura un difícil desenlace para este problema.
El otro tema que mantiene tensionado al oficialismo es la llamado crisis educacional de los colegios públicos, donde la deserción, el ausentismo y la violencia marcan el ejercicio de esos establecimientos, con agudos debates sobre la aplicación de la ley sobre aula segura, las mediciones del estado educacional de alumnos y también el rechazo del colegio de profesores a las mediciones de calidad pedagógica de sus asociados, todo esto bajo el amparo del PC.
En el plano económico, el comportamiento del dólar refleja la volatilidad de la percepción futura de la inflación en EEUU. Luego de una inflación más baja de la esperada allí, las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés comenzaron a aparecer, con lo que el fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales dio lugar a una devaluación en Chile, con todo lo que ello implica para nuestra inflación futura.
La entrega de los datos del PIB para el tercer trimestre, con una tasa de crecimiento de 0,3%, confirman la trayectoria de crecimiento negativo para los datos de esta variable durante el cuarto trimestre. La recesión es inevitable.
Entonces ante el difícil panorama que se avecina en nuestro país, las autoridades tendrán que mejorar los estándares de gobernabilidad, empezando por una mayor coordinación de las dos coaliciones que encabezan el gobierno, y ciertamente una mayor consistencia y efectividad de las políticas públicas que se pretenden implementar para hacer frente a los problemas de la sociedad, sobre todo de los segmentos más débiles. (El Líbero)
Alejandro Alarcón
