A un par de horas de asumir como jefa del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, movió las piezas y pidió la renuncia a cinco de los siete ejecutivos más importantes de la entidad.
La también exministra de Transportes dejó en su cargo sólo al gerente de estrategia y desarrollo, Ignacio Abud; y al coordinador legal, Alejandro Adasme.
El resto, a partir de este lunes, dejó las dependencias en el quinto piso de Moneda 975. En resumen, salieron del organismo técnico Miguel Ormeño (infraestructura), Eduardo Castro (operaciones), Loreto Porras (usuario y marketing), Carlos Orellana (tecnología) y Diego Puga (finanzas).
Desde la nueva gestión explicaron que “los cambios implementados en la línea gerencial tuvieron por objetivo construir un equipo que permita avanzar hacia los desafíos propuestos (por el Presidente Gabriel Boric). Es por ello que para la mayoría de los nuevos puestos se optó por promover a integrantes del DTPM, de manera de asegurar la continuidad operacional del sistema y, en forma paralela, ir implementando las transformaciones que se requieren”.
Esta renovación se hace en medio de un desafiante período en materia de transportes. Y es que en 2022 vence la ley de subsidio que financia el 60% de la tarifa; se prevé un aumento sustancial de los costos del sistema por la presión del diésel y el dólar; y aún falta implementar y renovar un tercio de la flota de buses de la Región Metropolitana.
Hasta el cierre de esta edición, la nueva administración seguía definiendo los nombres, pero en la industria señalan que el cargo de operaciones, el cual desempeñó durante una década Eduardo Castro, será difícil de llenar.
Sus cercanos definieron al ingeniero como “un hombre capaz de resolver los problemas de la calle instantáneamente”.
Y es que tenía experiencia en desenredar nudos para echar a andar los buses a través de su amplia red de contactos en Carabineros, municipios y empresas operadoras.
“Esas habilidades”, dijeron, “no son fáciles de encontrar”.
TEMAS PENDIENTES
Antes de irse, el exDTPM, Fernando Saka, y la exministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, dejaron firmados los contratos de los operadores y hechas las órdenes de compra para mandar a fabricar los buses.
Por ende, la primera tarea de Paola Tapia y el ministro Juan Carlos Muñoz será implementar, en nueve meses más la circulación de 1.600 máquinas.
En la industria coinciden en que el tema que marcará la agenda de la nueva administración será el financiamiento del sistema que actualmente está presionado por el alza del diésel y el dólar.
El Panel de Expertos de Transportes alertó al anterior gobierno que por polinomio -herramienta que calcula los gastos y dispara los cobros- vendrán aumentos del orden de $ 20 en el segundo trimestre. Sin embargo, podría ser mayor por el efecto del conflicto de Rusia y Ucrania.
Por otro lado, se tendrá que ir a buscar al Congreso una nueva ley para subsidiar la tarifa de buses y Metro.
En junio vence la norma que estará vigente hasta fines de 2022. Sin la aplicación de estos montos que pone a disposición el Estado, el valor del pasaje se dispararía.
En tanto, a semanas de dejar su cargo, Hutt mandó a Contraloría las bases de licitación de los servicios complementarios, que regulan la gestión de flota y pago.
Desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet está pendiente un concurso, siendo su actual operador Sonda, firma que lleva dos renovaciones adicionales. Pero por ley, la compañía no está facultada para un tercer período con el mismo contrato y el gobierno tiene 12 meses para lanzar un nuevo proceso licitatorio. (DF)