La posibilidad de que la reforma a la educación superior permita que existan universidades que derechamente puedan lucrar, pero que no tengan acceso a fondos públicos, es una opción que divide a la Nueva Mayoría, pero que toma fuerza entre algunos parlamentarios. Según fuentes oficialistas este es uno de los puntos que se ha discutido en torno al proyecto de ley y que impiden tener un consenso para el ingreso de la iniciativa al Congreso.
En las minutas que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha entregado a los rectores se indica que en el sistema van a coexistir instituciones estatales, no estatales con vocación pública y las privadas. En este último grupo, según algunos parlamentarios, deberían estar las universidades con fines de lucro, que no puedan tener acceso al financiamiento fiscal.
Actualmente en la legislación chilena se prohíbe el lucro en las universidades, pero hay sectores que argumentan que hay instituciones donde los controladores retiran utilidades, usando diversos mecanismos que impiden sancionarlas. Por esto piensan que sería más sensato transparentar el lucro en estas instituciones. Es el caso del senador socialista Carlos Montes (PS), quien ha planteado esta idea al gobierno y a otros parlamentarios, argumentando que ese modelo se basaría en fortalecer el sector de educación superior estatal.
“La clave es un gran desarrollo del sector estatal que debería llegar al 50% de la matrícula. No puede ser de golpe, requiere una transición, porque hacerlo de la noche a la mañana sería un desastre”, explicó Montes.
El senador enfatizó que los planteles privados que lucren no sólo estarían impedidos de recibir fondos fiscales para los estudiantes, “sino que tampoco beneficios tributarios como pagar impuesto a la renta y contribuciones, ganancia de capital sobre los sueldos”. Según el parlamentario socialista, el gobierno no ha manifestado una postura definitiva, “más bien observa”.
Su par Andrés Zaldívar (DC) opina en la misma línea. “Creo que tiene que haber universidades estatales, no estatales con rol público, como las católicas, de Concepción o Santa María; y luego universidades privadas que no reciban recursos del Estado y que sean de mercado con regulación y supervisión en materia de calidad”.
Zaldívar enfatizó que “no me opongo a que haya una universidad que tenga lucro, siempre que no reciba recursos del Estado”. Y dijo que “hay que ser transparente, porque en Chile hay universidades estatales, hay privadas que tienen rol publico y que no tienen fines de lucro, y pueden haber privadas que tengan fines de lucro derechamente”.
En dicha postura coincide también el senador Fulvio Rossi, quien planteó que “no me molesta que existan universidades con lucro, mientras no reciban un peso del Estado, creo que es más transparente”. Y recordó que en el sistema escolar se permite un sector de colegios particulares pagados que pueden tener fines comerciales.
Ignacio Walker (DC) dijo que “es del todo insuficiente distinguir entre universidades estatales y no estatales, o entre públicas y privadas. La clave está en entender que lo público no es sinónimo de lo estatal. De allí que concuerdo en distinguir entre estatales, de vocación pública (sean estatales o no estatales) y privadas propiamente tales”. Y advirtió que “al financiamiento público se debe acceder cumpliendo con ciertos requisitos y estándares, accesible a todas las que cumplan con ellos”.
RECHAZO EN NM
Otros sectores de la Nueva Mayoría no ven factible la opción del lucro. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, enfatizó que “no puede existir lucro en la educación superior”. Y subrayó que una medida de ese tipo “sería un retroceso, incluso con respecto a lo que existe hoy día. En 1981 se prohibió el lucro en las universidades y no podemos hacer una reforma que termine tolerándolo. Hasta Pinochet quiso terminar con el lucro, al menos en el papel, y por lo tanto ahora no sería aceptable”.
El rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, planteó que “el lucro afecta la calidad de la educación, porque si un controlador que retira utilidades debe decidir entre instalar un nuevo laboratorio y tener mayor ganancia, probablemente optará por su propio beneficio”.
En tanto, el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, piensa que “hay bastante consenso social y político en que las universidades no deben ser comerciales y que debieran estar constituidas por corporaciones o fundaciones. Es mal visto y no creo que sea posible aplicar una medida de ese tipo en Chile”.
Por otro lado, el rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, planteó que “el país debe enfocarse en mejorar la calidad de la educación superior. Hay que estudiar a fondo la correlación entre lucro y la falta de calidad, viendo lo que ocurre en otros países”.
BANCADA ESTUDIANTIL
Rechazo generó entre diputados de la Comisión de Educación y miembros de la llamada bancada estudiantil, que un grupo de senadores de la Nueva Mayoría planteara permitir la existencia de universidades con fines de lucro que no tengan acceso a recursos públicos.
“Su propuesta es indignante. La lucha del movimiento social y estudiantil desde el 2006, pasando por el 2011, ha sido terminar con el lucro en la educación. La Nueva Mayoría tomó estos principios para hacer su campaña y le dijo a la gente que va a acabar con la educación de mercado y el lucro, pero los senadores proponen que esto no se cumpla”, criticó Giorgio Jackson (RD), quien agregó que “ni siquiera en la dictadura se atrevieron a proponer algo así”.
Para el ex dirigente estudiantil y actual diputado por el distrito de Santiago, si hay que transparentar el lucro -como señaló el senador Fulvio Rossi-, la idea es hacerlo “tipificando los delitos de quienes vulneren la prohibición de retirar utilidades”.
Similar opinión tiene su par Camila Vallejo (PC), quien subrayó que el lucro “se tiene que transparentar, pero para sancionar. Si hay instituciones que transparentan que están lucrando, eso debe ser sancionado, porque la ley lo prohíbe. Más que hacer un perdonazo, hay que buscar regular”.
La parlamentaria enfatizó que “independiente de si una univesidad recibe o no fondos públicos, no puede seguir con la lógica del negocio. Por eso en el programa se puso desmercantilizar el sistema, porque el mercado atenta contra los derechos de los estudiantes de recibir educación”.
También con molestia reaccióno el diputado magallánico, Gabriel Boric (Izquierda Autónoma). “La educación no puede ser un negocio en ninguna dimensión. Legitimar el lucro y la no reinversión de los recursos que aportan las familias al proceso educativo por una eventual transparencia del sistema, es absolutamente inaceptable”, señaló el ex dirigente estudiantil.
El senador Carlos Montes (PS) aclaró que no es que él y los otros senadores que plantearon la idea -Rossi (PS) y Zaldívar (DC)- busquen que los planteles terminen lucrando, sino que “dentro de esa reforma estructural que planteará el proyecto, es probable quedar con tres grandes sectores: uno estatal; uno con objetivos públicos, pero que sea privado;y eventualmente, un tercero de universidades privadas, que no reciban un peso del Estado, con ciertas regulaciones”.
¿Y el lucro en este esquema? Montes respondió que “estas instituciones funcionarán con su propia lógica, probablemente van a cobrar y tener formas de financiamiento de esa naturaleza”.
Para el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Alberto Robles (PRSD), ésta “es una pésima idea”. El parlamentario oficialista remarcó que las universidades que se compruebe que lucran “deben salir del sistema, ésa es la forma de transparentar la situación”.
Ayer Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, se refirió a la polémica y dijo que la reforma a la educación superior abarcará “prácticamente todas dimensiones que hay que abordar para justamente hacerse cargo de aquellos elementos de diagnóstico que sabemos que hoy el país tiene que enfrentar”.
Quiroga subrayó que el debate respecto al tema se va a “enfrentar una vez la iniciativa ingrese al Congreso” y que “el programa de gobierno ha sido claro (respecto al lucro) y en ese sentido se ha ido avanzando en establecer la educacación como un derecho en el nivel escolar. La ley va a proponer un marco regulatorio en esa dirección”. (La Tercera)
