Decepción y vergüenza. Eso es lo que sintió el diputado comunista Matías Ramírez al escuchar al ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmar que no se cerrará Punta Peuco.
Si bien valora otras iniciativas de reparación con las víctimas de la dictadura que ha tomado el gobierno del Presidente Gabriel Boric, enfatiza que la clausura del penal sería de las más relevantes. En esa línea, hace presente que los incumplimientos de los compromisos “ponen en juego la sintonía” con las bases que permitieron al sector llegar a La Moneda.
Además, contrasta la decisión de mantener operativo Punta Peuco con la postura que tuvo Sebastián Piñera en 2013 -cuando logró cerrar el penal Cordillera-, y reconoce que eso deja en un mal pie a la actual administración.
¿Por qué es importante el cierre del penal? Para algunos se trata de algo simbólico.
Estamos hablando de un acto de justicia material respecto a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Eso escapa del simbolismo, sería una señal potente que en Chile los violadores de derechos humanos no tengan un trato especial.
El gobierno ha argumentado que se tiene que evitar la crisis de sobrepoblación carcelaria. ¿No le parece una justificación razonable?
Yo creo que no. Acá ha existido una discusión, incluso en el Parlamento, y se han autorizado, por ejemplo, nuevas licitaciones para la construcción de cárceles. En el caso de las personas condenadas en Punto Peuco, estamos hablando de un número menor en comparación a otros centros penitenciarios, y perfectamente se podrían hacer los ajustes necesarios para distribuir esa población en distintos centros penitenciarios. Acá se toma una decisión más en lo pragmático, a objeto de no colisionar con la oposición.
De todas formas, este gobierno ha hecho varios esfuerzos por la reparación de las víctimas de la dictadura. Entre ellos, el plan de búsqueda. ¿No es suficiente?
Todos los esfuerzos van en una dirección correcta. Cuando se habla de un plan de búsqueda, de tipificar la desaparición forzada, son elementos importantes. Pero la situación de Punta Peuco marca un hito que va mucho más allá, que es establecer una cárcel de privilegios para los criminales de la dictadura civil militar. Eso es mucho más relevante que otro tipo de acciones. Mientras se mantenga esa cárcel, la impunidad va a seguir vigente. Por eso es importante tomar una decisión diversa a la que ya ha comunicado el gobierno.
¿Por qué cree que un gobierno de derecha pudo cerrar el penal Cordillera y uno de izquierda no puede hacer lo mismo con Punta Peuco?
Cordillera era un penal diverso, había menos reclusos, pero fue una decisión política. Marcó un antes y un después en esa materia. Más allá de caer en datos tecnócratas, como el tema de la sobrepoblación, acá va por un tema del cumplimiento del Estado de Chile en materia de derechos humanos. Esa convicción se debe materializar en todas las acciones y no solamente en algunas. En este escenario, con un Parlamento más cercano a la oposición, el gobierno lo que busca evitar es generar un flanco donde nuevamente la derecha pueda golpear.
¿Qué dice de este gobierno que la administración de Sebastián Piñera haya podido cerrar Cordillera y que hoy se evada la clausura de Punta Peuco?
Habla de un pragmatismo en la gestión política. Eso evidentemente es lo que no se espera de un gobierno de transformaciones, como fue presentado en un inicio, con un programa y medidas anunciadas en materias de derechos humanos. Dentro de esas, en lo material, el cierre de Punta Peuco era necesario. Evidentemente las comparaciones siempre van a existir y dejan en un mal pie (al Ejecutivo), considerando la decisión que tomó el gobierno de Piñera en su momento.
¿Cree que para un gobierno de derecha era más fácil tomar este tipo de decisiones porque había apoyo de la izquierda para cerrar Cordillera? Hoy la derecha se iría en contra…
Evidentemente. Para Piñera puede haber sido mucho más fácil tomar esa decisión. Tampoco lo hace garante de los derechos humanos, si uno considera que en su segundo mandato se generaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Acá lo importante era tomar una decisión política, independiente de los costos. En el caso de Punta Peuco, uno esperaba que esa fuera la convicción del gobierno.
¿Se siente decepcionado de esta administración en materia de derechos humanos?
Respecto de esta materia en particular, sí. No en general, porque se han tomado ciertas acciones que uno puede poner en valor, como el plan de búsqueda. Pero respecto a la situación de Punta Peuco, siendo una un compromiso de campaña, existe una decepción. Cuando se relativiza la existencia de una cárcel privilegiada, a mi parecer, es una vergüenza. Acá no puede haber una doble lectura. Lo que uno esperaría es que se tome una decisión velando por las víctimas, por el cumplimiento de los estándares internacionales, dando una señal para que el ‘nunca más’ sea una realidad. Una decisión de estas características genera vergüenza.
¿La decepción es compartida en el PC?
No lo sé. No es una opinión que se haya colectivizado, pero me imagino que puede haber sectores que mantienen el mismo parecer.
Usted ha cuestionado varias de las decisiones del gobierno, como la no condonación del CAE, los dichos del Presidente Boric sobre Venezuela. ¿Tiene sentido ser parte de un gobierno si son tantas las discrepancias?
La crítica y la autocrítica siempre son parte de los espacios políticos. Eso en ningún caso nos pone en una vereda contraria al gobierno, sino que hace ver que los incumplimientos de estos compromisos ponen en juego la sintonía que se puede tener con la base que impulsó al gobierno.
¿Qué espera del gobierno en este casi año y medio que le queda? ¿Hay tiempo para apegarse a las promesas de campaña?
Si se quiere avanzar en algún compromiso particular del programa, debe darse desde ya. El tiempo se va agotando. (La Tercera)
