El fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal regional, Mario Carrera, encabezaron el pasado jueves un megaoperativo policial en el cerro Chuño de Arica, centro de operaciones de Los Gallegos, ante los intentos de la banda por reorganizarse mientras se desarrolla el juicio contra sus miembros. Se trata uno de los proceso judicial más complejo de los últimos años en el país. Esto debido a la peligrosidad de los acusados.
Es más, en total son 38 miembros del clan que la Fiscalía lleva a juicio oral, solicitando para 11 de ellos penas de presidio perpetuo, además de otras penas que suman más de 200 años de presidio para los restantes. De este total, 34 son extranjeros, en su mayoría venezolanos, y cuatro chilenos.
La acusación incluye 22 hechos delictivos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación. Así, entre estos delitos se les atribuye siete homicidios (seis de ellos calificados) registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
Durante el proceso previo al inicio del juicio oral, el Ministerio Público logró validar la totalidad de sus pruebas reunidas en el marco de la investigación contra esta agrupación delictual. Dentro de la batería de pruebas se incluyen peritajes de armas de fuego, más de 60 informes policiales, y peritajes contables de 12 cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal.
Precisamente, frente a este último punto cabe alzar la pregunta si las bandas delincuentes pertenecientes al crimen organizado cuentan con la participación de profesionales que colaboran con el mercado ilícito.
ANÁLISIS DE LA PDI
Emol consultó a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre si estos grupos criminales -que operan en Chile- tienen entre sus filas a miembros que cuenten con título profesional. Así respondió el prefecto Mauricio Jorquera, Jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro (Precocen).
«Últimamente, las investigaciones han permitido detectar integrantes de estos grupos criminales con profesiones y oficios específicos, los cuales cumplen labores técnicas en la estructura, como contadores encargados de cuadrar los ingresos ilícitos en las diversas sociedades de fachadas o de pantallas, como también abogados encargados de obtener información privilegiada en las causas judiciales y tener una representación legal en caso de ser detenidos», dijo Jorquera.
Sin embargo, el prefecto ahondó en su punto: «Además, ingenieros comerciales y encargados de comercio exterior, quienes les colaboran y asesoran en los diversos movimientos de carga a través de las variadas rutas. Del mismo modo, este último tiempo se ha podido advertir químicos involucrados en la fabricación de drogas sintética».
En ese sentido, detalló que las bandas del crimen organizado «se encuentran altamente estructuradas, con sus roles y jerarquías definidas, lo que les permite mantenerse en el tiempo y lograr concretar sus ilícitos, donde su propósito principal es aumentar sus ganancias e integrar sus recursos y bienes a los mercados formales o legales«.
Puntualizó que «para lograr estos objetivos requieren de expertos y personas que le permitan integrar sus ganancias, creando empresas lícitas tales como automotoras, empresas de transporte, salones de juegos de azar, etc., donde se deben contratar a personal en áreas legales, contables, gerenciales o ejecutivos que manejen los negocios de la organización».
Sin embargo, sostuvo que no se han detectado «indicios que permitan afirmar un relacionamiento con actores comunicacionales y el crimen organizado, a diferencias de otras realidades en el mundo».(Emol)
