Semanas atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó en la comisión que está investigando los criterios para otorgar pensiones de gracia a víctimas durante el estallido social que 40 personas que recibieron el beneficio registran antecedentes penales.
El subsecretario detalló que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y 23 durante la presente administración.
En ese contexto, sostuvo que se trata de «facultad exclusiva del Presidente de la República» y que «todos los Presidente de la República lo han tenido«.
Asimismo, sostuvo que «si el Presidente de la República lo estima pertinente podría revocar el beneficio«.
La información que entregó Monsalve generó críticas desde la oposición y se emplazó al Gobierno a hacer modificaciones legislativas para ser más rigurosos en la entrega de estos beneficios.
Por su parte, el Gobierno argumentó que el reglamento no se considera como requisito solicitar los antecedentes penales, no obstante se manifestó abierto a mejorar la legislación.
Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó una variación con lo que dijo el subsecretario Monsalve semanas atrás. En esta oportunidad, durante la comisión investigadora de este miércoles, la secretaria de Estado aseguró que “no hay manera de revertir el beneficio”, salvo que dejen de estar presente las condiciones que lo motivaron.
En ese caso habría que evitar las lesiones ya ocurridas – lo que sería imposible – o que se determinaran que fueron falsas.
Al finalizar la comisión la ministra Tohá sostuvo que “la ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo” y aseguró que “nunca se ha revertido una pensión de gracia”.
La única manera posible para dar pie atrás a este beneficio, según la ministra del Interior, es anularlo a través de un decreto, lo que tendrían que resolver la interpretación los tribunales”.
USURPACIONES
Una serie de interpelaciones cruzadas entre la oposición y la ministra del Interior, Carolina Tohá, han marcado el debate en torno al veto presentado a la ley de usurpaciones. Por su parte, la secretaria de Estado ha hecho especial hincapié en cómo afectaría a las personas que viven en campamentos la normativa despachada por el Congreso, acusando que «la derecha piensa que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel».
Incluso, emplazó a los diputados que han sido voluntarios en TECHO, «recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad y ¿Hoy van a visitar esos campamentos a decir a toda esa gente debiera estar en la cárcel?».
Las acusaciones de Tohá fueron criticadas por la posición, es más, los 25 senadores de Chile Vamos y el Partido Republicano a través de una carta a la secretaria de Estado manifestaron su «molestia e indignación».
Asimismo, en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Rojo Edwards (republicano) le pidió a la ministra «retirar sus palabras», ya que como cofundador de TECHO sostuvo que «algunos de nosotros dedicamos parte importante de nuestra vida al trabajo en campamento, yo, por lo menos, bastantes años de mi vida, trabajé en campamento. Me parece una injusticia tremenda. Yo me gustaría, ojalá que usted quizás pudiera retirar esas palabras porque no nos representa lo que somos. Quiero decirle que también fui diputado de La Araucanía».
Ante esta presión de la oposición la ministra del Interior sostuvo que «no me puedo retractar porque es lo que sucede».
«Si no se cambia la pena para la usurpación no violenta, las personas que están en campamento se exponen a penas de cárcel. Es la verdad, no es un juicio mío, no es una opinión», agregó la secretaria de Estado.
En esa línea, indicó que «por eso es tan importante corregir esto, por eso es que el veto es ponderado porque se hace cargo de que en esos casos no puede aplicarse una pena de esas características. En cambio en otros casos, sí, por eso se da de las dos opciones al juez». (Emol)
