El Presidente Gabriel Boric abordó la decisión del Ejecutivo de revocar las pensiones de gracia mediante una facultad administrativa presidencial, decisión anunciada ayer por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Consultado por el criterio que aplicará el Ejecutivo, el Mandatario señaló que pidió evaluar 50 de los beneficios entregados y que apuntarían a delitos de alta connotación.
«Hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales, y lo que he mandatado a los organismos correspondientes, es que, eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas (antecedentes penales), hoy día se revise», señaló.
En esa línea, indicó que «efectivamente, voy a hacer uso de una facultad administrativa, para que, en el caso que identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas y narcotráfico, yo personalmente voy a usar uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones«.
TRASFONDO: PODRÍAN SEGUIR RECIBIENDO PENSIÓN
Los casos que quedan fuera del criterio. Los primeros 5 beneficiarios y a la vez condenados del 18-O conocidos a la fecha fueron declarados culpables de robo, lanzamiento de artefacto incendiario, desórdenes, maltrato de obra a Carabineros e incendio, por lo tanto quedarían fuera del criterio fijado por el mandatario. Lo mismo ocurre con el ex prófugo por estafa.
- Andrés Fuica Fuica: fue condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019. Su pensión se remonta a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a 4 cuadras del supermercado, pero la sentencia del tribunal que condenó a 2 carabineros por el caso, lo excluyó de la lista. Una segunda causa, todavía abierta y donde figura como víctima, está desformalizada.
- Gabriel Allende Torres: fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví, el 21 de octubre de 2019. Su pensión se origina en una querella del INDH por sus heridas con perdigones. La fiscalía formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos.
- Adán Castro Cifuentes: fue condenado por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, el 21 de octubre de 2019. Al cabo lo pateó en la cabeza cuando estaba en el suelo, dijo su sentencia. Su pensión nace de que, al ser detenido, recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”, dijo la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento. El tribunal y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron dejar al policía con medidas cautelares.
- Eliseo Carrera Espinoza: fue condenado por desórdenes por apedrear un carro de Carabineros en Iquique, el 9 de diciembre de 2019. Su pensión se origina en que durante una protesta ocurrida el 3 de enero de 2020 resultó con una fractura expuesta de muñeca al recibir un tiro con una escopeta que lanzaba bombas lacrimógenas.
- Previamente registraba un prontuario por delitos de diferente gravedad cometidos en la Región de Tarapacá: 8 condenas por robo en lugar no habitado, 2 por hurto y una por desórdenes.
- Jonathan Parra Rebolledo: fue condenado por incendio y desórdenes públicos por quemar una caseta de Carabineros de la Plaza de Armas de Talca, el 19 de octubre de 2019. Al día siguiente —consignó una querella del INDH— recibió en una protesta un perdigón en el hombro y otro en el tórax cuando se cayó el escudo que llevaba, el que estaba hecho con una tapa de basurero.
- Juan Francisco Villalobos Prado. El pensionado de gracia del estallido social que estuvo un año y medio prófugo por estafa, y que comenzó a recibir el beneficio cuando ya era buscado por la Justicia, tampoco está incluido en los criterios para dejar de recibir el beneficio, ya que la causa por estafa sigue abierta y su condena previa es por un hurto, a una pena de multa.
- Villalobos dejó el penal Santiago Uno el jueves, tras depositar una caución de $300 mil, cerca de la mitad de su pensión mensual. La causa donde figura como víctima se abrió por una querella del INDH basada en su testimonio, la que consigna que no hubo constatación de lesiones.
Las peticiones de Chile Vamos y Republicanos. Parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos reiteraron este martes su petición de cortar el beneficio a todos los condenados y mantener su carácter de excepcional.
- El diputado UDI Henry Leal, quien presidió la comisión investigadora por pensiones de gracia del 18-O, planteó que “nuestra opinión es que no se puede entregar una pensión de gracia a una persona que tenga antecedentes penales; condenas, porque la pensión de gracia es un beneficio que entrega el Estado a una persona que ha prestado un servicio a la patria”.
- El diputado Agustín Romero, jefe de bancada de Republicanos, planteó que “una persona que haya tenido una violación a los derechos humanos merece una compensación declarada por un tribunal. Una pensión de gracia, a mi juicio, y de acuerdo a lo que establece la norma, se otorga a personas que tienen grandes servicios para la nación, es un tema excepcional. No puede naturalizarse una pensión de gracia como el pago de una indemnización, para eso existen otros procedimientos”.
TOHÁ: REVOCACIÓN A DELITOS GRAVES EX POST BENEFICIO
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes al alcance que tendrá la propuesta del Ejecutivo para revocar las pensiones de gracias otorgadas a personas con antecedentes penales, la cual fue anunciada ayer lunes por su cartera tras una extensa polémica que ha complicado a La Moneda.
En concreto, la jefa de Gabinete explicó que la intención del Gobierno es revocar los beneficios a las personas que hayan cometido delitos luego que le fuera asignada la pensión de gracia.
«La propuesta que está haciendo el Ejecutivo es que cuando la persona ya tiene una pensión de gracia y comete delitos y es condenada por ellos, pierda la pensión de gracia«, dijo Tohá.
En esa línea, la secretaria de Estado hizo hincapié en que los delitos tienen que ser graves para que le sea revocada la pensión. Entre esos se considerarán los homicidios, violaciones y narcotráfico.
«Hay varios con delitos graves y ahí lo que se va a sopesar, porque eso todavía no se ha terminado de definir, la comisión que es la que hace los informes para la asignación de estas prisiones de gracia va a examinar todos estos casos, considerando cuáles son los que tienen estos delitos graves y también sopesando el tipo de daño que hayan recibido», precisó.
No obstante, el Gobierno tomará en cuenta el nivel de daño que sufrió la persona que recibe la ayuda fiscal y que cuenta con antecedentes: «La consideración del Ejecutivo es cuando hay daños severos, por ejemplo personas que tuvieron pérdida del globo ocular, no debiera ser un obstáculo el que tengan antecedentes penales, porque es de tal entidad del daño que sufrieron».
Y agregó: «Pero hay muchos casos, o sea no muchos, pero hay varios casos en que hay daños que no son de esa entidad de gravedad y que hay antecedentes penales de delitos graves».
En octubre de 2023, Tohá indicó que no había forma de revertir los beneficios fiscales. Hoy en día, el escenario es completamente distinto y el Ejecutivo se encuentra impulsando una propuesta para eliminar algunas pensiones.
La ministra explicó que su decisión cambió luego de haber llegado «a la convicción de que no solo tenemos la atribución, sino que la podemos defender adecuadamente en sede judicial si fuera el caso. Y por eso hoy día el Ejecutivo puede decir con tanta propiedad que sí es posible revocar las pensiones de gracia». (Emol-Ex Ante)
