El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que modificará «las resoluciones internas del ministerio del Interior» para efectos de que se requieran los antecedentes penales a la hora evaluar la entrega de pensiones de gracia.
Antes, la autoridad había señalado que cerca del 10% de quienes han recibido este beneficio por sufrir violaciones de derechos fundamentales durante el estallido social, contaba con antecedentes penales.
Entre ellos destaca un sujeto que se encuentra prófugo de la justicia y otro que registra dos detenciones por casos de violencia intrafamiliar.
Ante el revuelo que causó esta información, el subsecretario salió a reiterar que las pensiones entregadas bajo el marco del estallido, fueron entregadas cumpliendo el marco normativo.
«Los decretos que asignaron pensiones de gracia a personas que estaban por el estallido social, tanto en el Gobierno del Presidente Piñera, como en el Gobierno del Presidente Boric, son decretos idénticos y todos hacen alusión a la glosa 12. Por lo tanto, las pensiones se entregan en base a la glosa 12, que fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados».
En esa línea, afirmó que «las pensiones de gracia se han entregado respetando rigurosamente el procedimiento que se estableció a través de una resolución del ministerio del Interior, resolución del 4 enero del año 2022, firmada por el susbsecretario Francisco Gali«.
«He hablado con el subsecretario Gali, primero porque todos hemos respetado rigurosamente ese procedimiento, por lo tanto, se han entregado todos los requisitos que ahí se pedía», acotó.
Y apuntó que «se pedía el requisito de que hubiera un informe de afectación entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) u otro organismo competente. Solo se recibieron antecedentes del INDH y en segundo lugar, se estableció un conjunto de antecedentes que deberían entregarse. Ninguno de esos antecedentes que había que entregar, hacian alusión a que había que entregar los antecedentes penales».
Con todo, Monsalve señaló que «me he comprometido, y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del ministerio del Interior, porque nos parece, a partir de los hechos que han ocurrido, que no solo en estas pensiones de gracia, sino que en todas las pensiones de gracia que entregue el Gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas».
En ese sentido, la autoridad destacó que la entrega de los antecedentes penales «no fue establecido para la entrega de pensiones en el marco del estallido social, pero tampoco nunca había sido establecido como requisito en ninguna pensión de gracia que haya entregado el Estado de Chile del año 81 a la fecha, y quiero decir que el Estado de Chile ha entregado más de 18 mil pensiones de gracia por distintas razones«. (Emol)
