Leyendo la prensa un día antes del 18 de octubre me di cuenta de lo perdidos que estamos en Chile. Tanto, que dentro de una semana iremos a votar en un plebiscito, a pesar de que los colegios están cerrados y buena parte de las fuentes laborales también, con la mitad de la población en cuarentena total o parcial.
Pero vamos a ir a votar el próximo domingo si queremos una nueva Constitución. Tamaño riesgo para algo que, como ha reconocido el propio Gabriel Boric, del Frente Amplio, es solo una demanda de la élite. Nunca estuvo ni está entre las prioridades de los chilenos contar con una nueva Constitución, pero ciertos políticos procuran convencer a la población que tenerla permitirá satisfacer todas las demandas sociales, aunque la evidencia es que con la actual Chile se puso a la cabeza de América Latina en todos los indicadores.
Tan perdidos estamos que la mayoría de la izquierda enfrentó el 18 de octubre como una celebración, enfatizando el derecho de las personas a manifestarse y subrayando que censuran criminalizar la protesta y las violaciones a los derechos humanos… por parte del Estado.
¿Había que festejar ayer que un año antes salieron hordas a las calles a reventar la infraestructura pública, saquear y quemar con un nivel de violencia inédita en Chile?
Muy perdidos tenemos que estar para que sólo condenen la violencia “porque no sirve para el plebiscito”. ¿Cómo es que llegamos a validar la fuerza y a convertir en los violadores de los DD.HH. a los encargados por ley de mantener el orden público, a los cuales exigimos actuar a riesgo de sus vidas? Se calla que hay 5.289 carabineros y solo 1.660 civiles lesionados por la violencia desde el 18 O, ¿o eso da lo mismo? ¿Cómo entendemos que las únicas declaraciones de condenas al uso de la fuerza llevan el apellido plebiscito, como por ejemplo, que “no sirve para el plebiscito”? Esta ambigüedad llegó al paroxismo de la mano del presidente del PC, que no puede decir que no debe haber violencia, se disculpa “porque quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré”.
¿En qué momento llegamos a que los organismos del Estado exacerban los ánimos proclives a la violencia o son ineficaces totales para contenerla? Sabiendo que muchos anarco-lumpen-narcos se aprestaban para salir a incendiar nuevamente el domingo, un organismo del Estado, como es el INDH, compite con Amnistía por cuántas querellas presentó después del 18 de octubre. Asegura que 2.520, y sobre el 90% contra Carabineros. Nada dice, como establece el balance de la institución policial, que el 76% de las querellas presentadas en su contra desde octubre de 2019 han sido rechazadas por los tribunales y un número aún mayor de recursos de amparo y de protección han sido declarados inadmisibles.
Perdidos sin remisión estamos con un Ministerio Público que le correspondía investigar los horrores del pasado 18-O y ha presentado apenas ¡cuatro! acusaciones por el incendio de 25 estaciones del Metro, las que abarcan apenas cinco personas. El Estado las reconstruyó, al costo de US$ 255 millones, pero con esa impunidad a un año, no es muy fácil concluir que podremos ver una repetición de la maldad contra los sectores más vulnerables que dependen de las 136 estaciones del Metro quemadas o vandalizadas. Los mismos magros resultados exhibe el poder persecutor con los saqueos y los incendios a los supermercados y tiendas esos días negros, exhibiendo resultados sólo en el delito de desórdenes, con 68 condenas.
¿Cómo hemos llegado a que en un país donde la gran mayoría es moderada y aprecia que está mucho mejor que sus padres y que sus hijos estarán aún en mejor posición, sea una minoría ultrista la que lo esté poniendo en riesgo? Este grupo de jóvenes, y algunos bien mayores, tiene firme el timón de la oposición, arrastrando a los otrora socialdemócratas a la guerra de las acusaciones constitucionales, el bloqueo legislativo a la actual administración y a los resquicios para cambiar la Constitución.
Desgraciadamente, perdidos estamos cuando ilusionamos a la ciudadanía con que las demandas sociales no pueden esperar, cuando sabemos bien que el Estado está gastando el 50 por ciento más de los ingresos que tiene y que hoy somos un país más pobre y seguiremos retrocediendo si no buscamos la forma de crear riqueza para financiar volver a donde estábamos antes. Es decir, es vender humo ofrecer mayor bienestar después de esta pandemia y la incógnita que abre el proceso constituyente. Y los políticos lo saben, pero subastan sueños que crearán mayor frustración.
¿Quién se explica que después de un año de la explosión delincuencial cuyo núcleo fue la Plaza Baquedano, ayer domingo un puñado de bárbaros (porque no hablaremos de “manifestantes pacíficos”, que no lo son) volviera a vandalizar el monumento del general Baquedano, repintado 24 horas antes? ¿Y que en la tarde se repitieran los “hechos aislados”, según los medios, como quemar dos iglesias, destruir y saquear al amparo de los cómplices de la narco violencia que volvía a teñir de indignidad la plaza con sus fuegos artificiales?
Irremediablemente perdidos debemos estar en un país cuyos dirigentes no atinan a unirse ni frente a la violencia ni frente a la adversidad de un virus. No han cosechado nada, pero impiden que los que están en el gobierno resuelvan los problemas reales y sean reconocidos por la ciudadanía. Y vamos así consolidando un país que se pierde y está perdido por una minoría extraviada. (El Líbero)
Pilar Molina
