La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, aprobó una ley de «ejecución humanitaria de la pena» para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla «a través de vigilancia electrónica» desde su domicilio.
La norma favorecerá a Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada.
Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad– cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio mandatario felicitó y amnistió.
En la nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena.
La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.
Horas después de que la justicia ordenara el regreso de Fujimori a la cárcel, este fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. (ADN)
