Una de las promesas de la segunda campaña del Gobierno de Michelle Bachelet fue el cambio de la Constitución de 1980 y que, en la práctica, llevó al anuncio, ya instalada nuevamente en La Moneda, de lo que se conoce como Proceso Constituyente, instancia que llevaría a que el país cuente con una nueva Carta Fundamental. ¿Cuándo?, eso está por verse, ya que, de acuerdo a los tiempos, lo que muchos tienen claro es que será el próximo Congreso, con sus nuevos representantes o los mismos de siempre, los que asuman la tarea de que esta propuesta se transforme en un hecho concreto.
El 2 de diciembre de 2015, recordemos que la Mandataria dio a conocer los nombres de quienes integran el llamado Consejo de Observadores Ciudadanos, un grupo variopinta, según explicó la propia Jefa de Estado, en su momento, «integrado por hombres y mujeres de reconocido prestigio y que representan la diversidad de visiones que conviven en nuestro país», agregando que dicha instancia, busca «que estén presentes todas las miradas de una forma u otra».
Según las palabras pronunciadas el año pasado por la Presidenta Bachelet, lo que se pretende es “dar garantías de que habrá total equidad en la elaboración de la Nueva Constitución, que no va a haber una visión favorecida o perjudicada en los espacios de participación. Si no que, en esos espacios de participación, lo que estamos esperando es que estén presentes todas las miradas de una forma o de otra», enfatizando en que “la labor del Consejo será trabajar autónomamente en cada una de las fases, que toda la información necesaria se encuentre disponible, que se cumpla cada etapa comprometida y que cada pase del erario público se gaste como corresponda». Aquí es necesario tener presente que, a través de la Ley de Presupuestos, el Gobierno destinó 2 mil 836 millones de pesos para la implementación del Proceso Constituyente, bajo la glosa “Estudio para una nueva Constitución”.
La dificultad es que, a casi tres meses de conformado este Consejo de Observadores Ciudadanos, las declaraciones de la Presidenta Bachelet parecieran flotar en el aire, sin pisar tierra firme, ya que en cuanto al Proceso Constituyente y el Consejo de Observadores, hay más incertidumbre que certezas y se mantiene una nebulosa respecto de cómo están trabajando los integrantes del Consejo y la forma en que, en la práctica, asumirán el desafío, no menor, de hacerse responsables de la puesta en marcha de los Cabildos Ciudadanos.
El panorama no es nada de simple y ya han surgido cuestionamientos de carácter político, como por ejemplo, la reciente amenaza del presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, en el sentido de que el partido no seguiría participando ni brindando su apoyo, en la medida en que no se den reales garantías de que el proceso sea transparente.
FALLAS EN EL DISEÑO
En el marco de la discusión del Proceso Constituyente también hay críticas, pero no desde la perspectiva política, sino más bien de fondo, desde la mirada que los expertos tienen sobre esta materia. En este sentido, según Álvaro Ramis, Doctor en Ética y Democracia, el tema de fondo es que “se trata de un tema muy esperado, postergado y que ha avanzado a cuenta gotas y que evidencia una gran contradicción”. En tal sentido, plantea que, precisamente, esa contradicción está dada por un aspecto concreto: “La ciudadanía apoya una reforma muy profunda a la Constitución, incluso, se manifiesta mayoritariamente a favor de una Asamblea Constituyente, pero desconoce el Proceso Constituyente y las diferentes encuestas como Plaza Pública CADEM y ADIMARK reafirman esta paradoja”.
Cabe indicar, precisamente, que por ejemplo, de acuerdo a los sondeos realizados por Plaza Pública CADEM, con un universo de 70,9% de consultados, un 61% considera que la reforma a la Constitución es muy o bastante positiva para el país. Sin embargo, más allá del interés de la sociedad civil, porque exista una nueva Constitución, lo que hay que preguntarse es si, realmente, la gente sabe lo que esto significa, qué es la democracia, cuáles son los alcances de que haya una nueva Carta Fundamental y en cuánto podrían cambiar las condiciones del país. Frente a ese escenario, ¿son suficientes las jornadas de educación cívica o la publicidad que intenta rescatar algunos conceptos, pero sin una mayor profundización de lo que son los derechos sociales, la libertad y la igualdad?
Álvaro Ramis, quien es director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana, asegura que “hay responsabilidad del Gobierno y del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente de difundir y exhibir ante la opinión pública lo que esto significa, ya que es un proceso desconocido, hasta el momento”. Agrega que, en general, en materia de Proceso Constituyente es importante que “efectivamente, se escuche la voz de la gente, que no se la sustituya por un mecanismo técnico, que no se convierta en una instancia de expertos (Consejo de Observadores), sino que represente, fielmente, lo que la ciudadanía está demandando en materia de una nueva Constitución legítima para Chile”.
El experto advierte que “los recursos que hasta, ahora, se han utilizado para conocer el Proceso Constituyente, como por ejemplo el Constitucionario y otros, son realmente herramientas bastante poco eficaces para lograr este objetivo”.
Hay que mencionar que Junto al Constitucionario que es una suerte de diccionario de conceptos, se está realizando un Constitucionario Móvil, donde tres furgones recorren las playas entregando folletería con 23 ilustraciones. Las propuestas que el Gobierno ha buscado para dar a conocer este tema, desde un inicio ha sido objeto de críticas, incluso, el Ministro del Interior, Jorge Burgos ha debido contra-atacar los cuestionamientos, asegurando que no hay, de por medio, ninguna campaña propagandística.
Álvaro Ramis asegura que “se debe corregir la metodología de los Cabildos y permitir el debate y no poner a competir derechos que son inconmensurables”. Además, señala que también tiene que darse un cambio en la coordinación del Consejo de Observadores Ciudadanos, “no veo a (Patricio) Zapata en ese cargo, falta convicción. Zapata no conduce el Consejo, no se coordina con los consejeros que impulsan el Proceso Constituyente, ni tampoco con los de la derecha”.
