Cruce de nombres con bases de datos como Dicom y conversaciones “sinceras para transparentar todo”, son parte de las medidas que tomarán las colectividades de Chile Vamos para evitar eventuales nombramientos que sean criticados por conflictos de interés o un pasado poco ético.
La reunión que sostuvo Sebastián Piñera a menos de 24 horas de su triunfo en el balotaje con los presidentes de la UDI, RN y Evópoli, fue el principal tema de conversación en un almuerzo de la bancada de diputados gremialistas con la timonel del partido, Jacqueline van Rysselberghe. La senadora llegó al encuentro para dar detalles del trabajo que asumió la directiva de la colectividad desde esa cita.
El lunes, Piñera -además de pedirles para la primera semana de enero, una carpeta por partido con nombres y los currículums de las personas competentes para los ministerios, subsecretarías, intendencias y servicios- les encargó la misión de hacer una correcta revisión de antecedentes de cada persona y un rastreo de su historial.
La petición apunta a evitar futuros nombramientos de funcionarios de gobierno con potenciales conflictos de intereses, un pasado cuestionable, reproches éticos o judiciales. El futuro mandatario habría transmitido a su coalición que la “limpieza” de los nombres entregados será responsabilidad de cada partido.
En la UDI esta labor está siendo liderada por la misma Van Rysselberghe y el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas. “Estamos revisando. Uno conoce más o menos las personas que está mandando y si no lo conoce pide antecedentes de quien lo recomendó y después chequeamos el tema, googleamos el nombre y además revisamos si es que hay Dicom o cosas por el estilo”, afirmó van Rysselberghe.
Tras la cita, en la que también entregó la oportunidad a los parlamentarios para que propusieran personas, la senadora se retiró a una reunión con el jefe de bancada, Felipe Wad. Consultada respecto de la posibilidad de que la “disidencia” del partido presente nombres por su cuenta y de forma directa al equipo de Piñera, la timonel precisó que el futuro Presidente “pidió una relación institucional con los partidos y es lo que estamos haciendo”.
En RN las personas que están a cargo de la designación de nombres son el presidente del partido, Cristián Monckeberg, el secretario general, Mario Desbordes, y la vicepresidenta, Paulina Núñez.
En este partido aseguraron que no se ha establecido un sistema general para realizar el chequeo, pero aclararon que se trata de un tema de “sentido común”. Aunque según T13.cl, no se descarta pedir incluso certificado de antecedentes e información a la justicia si es necesario.
De esta forma, tanto Monckeberg, Desbordes o Núñez se encargarán de hablar con los candidatos para evitar que exista un eventual conflicto de interés. “Estoy ayudando al partido a recopilar antecedentes y currículum de mujeres. Estoy conversando directamente con ellas para preguntarles si tienen eventualmente algún conflicto, si pertenecen a alguna sociedad, si han tenido contratos con el Gobierno. Creo que va a ser clave lo que cada candidata, en nuestro caso, pueda transmitir y transparentar”, dijo la diputada Núñez. Por su parte, Monckeberg agregó que los candidatos “tienen que tener sus papeles al día y si hay complejidades o enredos hay que resolverlo”.
En Evópoli el trabajo es muy parecido. En esa tienda el proceso de revisión consiste en examinar los datos de cada persona en bases de datos como Dicom, Poder Judicial, Google y redes sociales. Incluso, reconocen que al final del proceso se conversará con cada militante para pedirle “que transparente todo”. “Venimos a oxigenar y renovar la política, entonces, no vamos a presentar o pretendemos no presentar personas que tengan algún tipo de conflicto de intereses”, dijo el presidente del partido, Francisco Undurraga.
LOS ESCÁNDALOS DEL PASADO
En 2014 cuando la Presidenta Bachelet nombró a su gabinete y sus equipos de Gobierno, se vio envuelta en una serie de escándalos por personas que estaban involucradas en potenciales conflictos de interés. Fueron cuatro los subsecretarios nombrados que tuvieron que declinar en sus posibles cargos: Claudia Peirano, Hugo Lara, Carolina Echeverría y Miguel Moreno.
El caso de Peirano fue el más polémico. La ingeniera DC fue criticada por participar en una agencia de Asistencia Técnica Educativa y por los contratos de asesorías que realizó a la red de colegios particulares subvencionados de propiedad de su ex marido Walter Oliva. En dicha ocasión el oficialismo criticó el rol del entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por no revisar bien los datos.
El primer gobierno de Piñera también tuvo situaciones similares. Dos episodios ocurridos con autoridades, tiempo después de haber asumido, causaron sus renuncias. Un caso fue el de Fernando Echeverría quien duró tres días como ministro de Energía. Tuvo que salir de la cartera por el conflicto de interés que tenía al tener participación en empresas ligadas al rubro energético. Otro caso similar fue el del subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, por una investigación de Contraloría que lo involucró en irregularidades en la venta de un terreno en Puente Alto.
SERNAC Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Si bien el primer paso que debe dar el Presidente electo, Sebastián Piñera, es conformar el gabinete, hay una serie de cargos que también se debe definir en el corto plazo: la designación de los jefes de servicios. Aunque todavía no hay nombres definidos, sí habría un acuerdo de cuáles serían los primeros cargos que cambiarían.
De acuerdo a la última ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, se facilita la instalación de un nuevo gobierno al facultar al Presidente entrante para nombrar directamente -es decir, sin concurso público- hasta a 12 jefes de servicio, quienes deberán cumplir con los requisitos del perfil de selección de dicho cargo aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública. De esta forma, se otorga flexibilidad a la autoridad, facilitando la instalación del equipo a cargo de temas prioritarios de la agenda del nuevo gobernante, a nivel de servicios públicos.
Así, de este universo de 12 cargos, el Gobierno entrante tendría definidos cambiar una vez aterrizados en La Moneda al director del Servicios Nacional del Consumidor (Sernac) ,Ernesto Muñoz, y al director del Trabajo, Christián Melis.
Ambos han jugado un rol importante en dos reformas que ha impulsado este Gobierno. Muñoz ha sido la principal “cara” detrás del nuevo Sernac, el cual hoy está en proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional (TC), y que según lo que ha trascendido el fallo le quitaría parte importante de las atribuciones normativas y sancionatorias. Melis, en tanto, ha tenido un rol protagónico en la implementación de la Reforma Laboral.
Otro de los cargos que el nuevo Gobierno evalúa cambiar es el del Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien asumió en agosto de 2015. La prioridad no estaría puesta en Barraza debido a que su cargo expira en agosto de 2018, por el que el plan original es mantenerlo hasta ese mes para luego a través de un proceso de Alta Dirección Pública cambiarlo.
La dirección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) también es un cargo que está en “la mira” de Presidente electo, pero al igual que el SII no está dentro de las prioridades. Esto no porque no sea importante, sino que tiene que ver con el proceso de entrega de resultados del Censo 2017. Si bien mañana se conocerá la primera entrega de resultados de población definitivos la segunda entrega será en abril de 2018. Luego, a mediados del primer semestre del próximo año se iniciará el proceso de conciliación censal, o conciliación demográfica, que se debiera extender entre 6 y 8 meses y que permitirá estimar la tasa de omisión censal de población y, con ello, realizar la estimación de población total. Por esta razón, la idea original es esperar que Clark culmine la entrega de resultados para iniciar un proceso de renovación. (Pulso)
