La solicitud del gobierno de retirar el carácter de terrorista a la querella contra los comuneros mapuches en huelga de hambre abrió el fin de semana la puerta a una seguidilla de dimes y diretes entre La Moneda y el comando del expresidente y hoy candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Pero ayer los dardos provinieron del mismo candidato independiente de derecha, el diputado José Antonio Kast.
En el marco del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), el parlamentario cuestionó el tratamiento del conflicto de La Araucanía durante la administración del exmandatario, fustigando el acuerdo alcanzado durante el primer año de gobierno del expresidente, en que 35 comuneros mapuches que sostuvieron una huelga de hambre durante casi tres meses, finalizó con el compromiso del gobierno de desistir en las causas invocadas por la Ley Antiterrorista
“No se puede negociar con los terroristas, ni hoy, ni el 2010”, lanzó el parlamentario exUDI y agregó que “en el 2010, más allá de lo que cualquier persona diga, se negoció y ustedes pueden ver los videos de Cristián Larroulet alegrándose de que se haya levantado la huelga de hambre”, mientras que los familiares de los comuneros “reconocen a la salida de La Moneda que le quebraron la mano al gobierno”, recordó.
A su turno y tras plantear sus propuestas en materia agrícola, el favorito en las encuestas, insistió en reprobar la decisión adoptada por la actual administración, subrayando que “el hecho de haber querido rebajar las medidas cautelares y no querer aplicar la Ley Antiterrorista constituye un gravísimo error”.
Acto seguido Piñera salió al paso de los dichos del diputado Kast, aseverando que “el año 2010, modificamos la Ley Antiterrorista porque no cumplía los estándares internacionales en materia de debido proceso y derechos humanos”, pero “nunca dejamos de aplicar esa ley, enfrentamos cuatro huelgas de hambre y nunca olvidamos la aplicación de la Ley Antiterrorista, y siempre aplicamos el recurso de protección para forzar a aquellos, que atentan contra su propia vida, de recibir alimentación y el tratamiento médico que requerían, y de esa forma compatibilizamos el cumplimiento del Estado de derecho, la lucha eficaz contra el terrorismo, con la protección de la vida de todos los chilenos”.
El llamado de atención al candidato de Chile Vamos por parte de Kast se suma al realizado por la administración Bachelet durante este domingo por el mismo tema. De hecho fue la ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez, quien el pasado domingo salió a responderle al exmandatario que había calificado como una “debilidad” la decisión adoptada por Palacio.
Así la vocera señaló que eran “desconcertantes” los dichos del exgobernante y lo acusó de estar “desinformando”a los chilenos y de “no hacerse cargo de lo que ocurrió en su propio gobierno, cuando tuvo que actuar de manera muy similar”.
La respuesta desde el entorno del presidenciable de Chile Vamos no se hizo esperar y durante la misma jornada, el jefe político del comando presidencial, el exministro Andrés Chadwick, llamó a que el gobierno asuma “sus responsabilidades y no le sigan echando la culpa al empedrado”.
Al exponer sus propuestas en agricultura, Kast destacó la importancia de fortalecer la seguridad en las zonas agrícolas, afirmando ser “partidario de que uno que pueda tener un arma legítimamente inscrita”, además de advertir que con la Ley Cholito, legislación en la que votó en contra, los trabajadores agrícolas “no pueden tener ni un perro para cuidar su predio”.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
A pesar del entusiasmo con que algunos parlamenarios de Chile Vamos anunciaron el sábado pasado la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, debido a la determinación del gobierno de recalificar los delitos por los que están siendo procesados los comuneros mapuche que estaban en huelga de hambre, de manera tal de no sancionarlos por Ley Antiterrorista; pasadas las horas en el sector se están tomando con más calma la decisión.
De hecho, los jefes de bancada de la UDI y RN, Felipe Ward y Leopoldo Pérez, respectivamente, coincidieron en que el tema debe ser analizado con calma. Para ello Ward convocó a los diputados gremialistas a una reunión a las 15 horas de hoy donde se resolverá la presentación o no del mecanismo fiscalizador.
Por su parte, Pérez hará lo propio con su bancada, ya que por el momento -explicó- se está haciendo una evaluación jurídica de los argumentos para hacer la presentación y también política, porque ambos elementos son relevantes para llevar la acusación a buen término, es decir, a la destitución del jefe de gabinete.
En la derecha argumentan que «no cuesta nada conseguir las 10 firmas que se necesitan para presentar la acusación», pero que no se quiere hacer un papelón, como ya ha ocurrido antes. El diagnóstico que hacen algunos dirigentes en privado, que va en contra de la idea, es que este tipo de iniciativas suele unir y fortalecer a la Nueva Mayoría y que a la derecha no le ha ido muy bien con las que han emprendido en este periodo de gobierno.
Mientras que consultada sobre el tema, la candidata presidencial de la DC -partido en que milita el ministro-, Carolina Goic, advirtió que «esta es la típica actitud de la derecha de sacar la pequeña ventaja política, en vez de generar diálogo, que es como necesitamos enfrentar los problemas complejos en nuestro país».
Por su parte, el propio Fernández señaló que la iniciativa «no tiene ningún asidero».
SNA: PREOCUPACIÓN POR VIOLENCIA EN EL SUR
extremistas que ha sometido a algunas regiones al miedo y a la destrucción, extremistas que no deben confundirse con el pueblo mapuche». Con estas palabras, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, concentró ayer parte de su discurso inaugural del Encuentro Nacional del Agro (Enagro), a lo que llamó una «profunda» preocupación por la creciente violencia en La Araucanía.
Y aunque destacó la reciente Operación Huracán que «deja atrás la inacción y pasividad que tanta desazón y alarma nos genera», mostró su preocupación frente a la definición del gobierno que decidió retirar la querella por Ley Antiterrorista a los acusados de incendiar una iglesia evangélica con fieles en su interior.
«Nos parece una mala señal ceder a presiones ilegítimas, pues debilita la acción de la justicia y refuerza la percepción de desamparo que tienen las víctimas», puntualizó el dirigente del agro.
Ariztía agregó que, a su vez, cualquier intento de reformar la ley Antiterrorista -considerando que se trata de un tema de alta sensibilidad- debe ser fruto de una discusión «reflexiva, sin dejar espacio a la improvisación y legislación a contrarreloj».
En esa atmósfera también hubo espacio para abordar la creciente violencia e inseguridad rural, destacando la reactivación de la Mesa de Prevención del Delito en el sector.
Según estadísticas oficiales, continuó su planteamiento, «solo el 25% de las denuncias hechas por delitos en el sector rural, se transforman en detenciones. Además, hay una gran cifra «negra», por delitos que no se denuncian».
El timonel comentó que para ayudar a revertir esa situación, en la página web de la SNA se ha habilitado un sitio específico para que quienes hayan sido afectados por un delito y lo hayan denunciado, puedan informar de sus denuncias. «Se trata de un formulario preparado por el propio Ministerio Público. A partir de esa información, el Ministerio Público podrá evaluar y nombrar fiscales preferentes en las regiones más afectadas», explicó.
El sucesor de Patricio Crespo en el agro también agradeció la receptividad de las diferentes autoridades de gobierno con el gremio, destacando la reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abbot. «Le hicimos ver nuestra preocupación por la creciente inseguridad rural y concordamos en tareas específicas, como constituir una mesa de prevención del delito para nuestro sector», dijo.
También aseguró que con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y su par de Economía, Jorge Rodríguez, «hemos coincidido en que el desafío fundamental de nuestro país es priorizar la agenda pro-crecimiento e inversión». (DF)
