Suele olvidarse que el próximo plebiscito y la nueva Constitución que de él resultará nacieron como una alternativa pacífica, democrática, frente a la violencia desatada en las calles el año pasado que empujaba hacia una rebelión popular y una ruptura del orden democrático.
De hecho, el acuerdo del 15 de noviembre afirma en su primer punto: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Y en seguida agrega “Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 (luego postergado hasta octubre por efecto de la Pandemia) que resuelva dos preguntas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución?, b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”
Ni el PC ni el FA concurrieron a este acuerdo, alegando circunstancias formales y de procedimiento, pero sin ocultar su disgusto frente a ese acuerdo que restaba viabilidad a cualquiera estrategia rupturista movilizada por la violencia en las calles. Percibían, además, que ese golpe de timón —logrado por las fuerzas políticas y dirigentes del arco democrático— volvía a poner el conflicto dentro del cauce institucional, el cual en los días anteriores estuvo a punto de desbordarse. Daba una tregua al gobierno y al propio presidente —que los grupos radicalizados pretendían voltear— y confirmaban al Congreso Nacional como el centro de las negociaciones por venir.
Si la posición del PC y de la mayoría del FA fue ambigua frente a la violencia desatada a partir del 18-O, los grupos que se auto califican más a la izquierda (ultra izquierda) en sus variadas expresiones entendieron el pacto del 15 de noviembre como una maniobra espuria destinada, justamente, a frenar el proceso de ruptura que debía conducir hacia una “auténtica” asamblea constituyente, capaz de cambiar de raíz el poder constituido.
Según señala un académico, “el ‘Acuerdo por la paz Social y nueva Constitución’, urdido y presentado —literalmente— ‘entre gallos y medianoche’ por representantes de la mayoría de los partidos parlamentarios en las primeras horas del 15 de noviembre de 2019 pretende, junto con desmovilizar y reducir la intensidad de la rebelión popular, evitar que el poder constituyente originario —que, es preciso reiterarlo, radica exclusivamente en la ciudadanía— se ejerza mediante una Asamblea Constituyente. […] Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. La actual rebelión del pueblo chileno nos ofrece una gran oportunidad de avanzar en esa dirección” (Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, diciembre de 2019, pp. 13-19).
Más directo y claro, el Partido de Trabajadores Revolucionarios planteó retrospectivamente, en mayo pasado, que “en la rebelión del 18 de octubre estaba planteada la caída de Piñera y la conquista de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Vimos la potencialidad de la fuerza de la clase trabajadora, en alianza con la juventud y el pueblo, en lo que fue la jornada histórica del paro nacional del 12 de noviembre, el más grande en los últimos 30 años. […] Pero luego del 12 de noviembre, los partidos del régimen, desde la derecha, la ex Concertación y sectores del Frente Amplio corrieron a firmar el ‘Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución’ para salvar a Piñera y sacarnos de las calles mediante un tramposo ‘proceso constituyente’, limitado y controlado por ellos mismos, para no tocar las herencias de la dictadura. Paralelamente los dirigentes de la CUT y la Mesa de Unidad Social decidieron no continuar con las jornadas de huelga para pedir una ‘negociación’ con el gobierno, ciego y sordo ante nuestros reclamos”.
II
De manera que el clivaje abierto en torno al estallido del 18-O y el eje institucionalidad/ruptura (reforma/rebelión; pacto constitucional/asamblea popular), se instaló en la esfera política y ha estado latente bajo la superficie de la pandemia desde entonces. La violencia ha vuelto a las calles con toda su carga anti sistémica y desprecio por las formas democráticas y también por sus modos de convivencia, valores y prácticas. La amenazante rutina de los días viernes —donde cada semana se juega la posibilidad de que el proceso se descarrile— es un vivo recuerdo de que el 18-O puede volver a ocurrir en cualquier momento.
Por lo mismo es tan importante la actitud que adopten las fuerzas políticas de izquierda frente al renacer de la violencia.
Tras los sucesos del viernes pasado en Plaza Italia, los partidos de la Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) hicieron público su repudio, señalando que la legítima movilización pacífica “no puede prestarse para abusos de grupos minoritarios, que, aprovechando estos escenarios de protesta, realizan actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada”. Agregan que “esto va en contra de la demanda social, generando desconfianza en la ciudadanía. Es necesario esclarecer quiénes han perpetrado estos actos y cuáles son sus verdaderas intenciones”. Acusan que estas expresiones de violencia “son funcionales a la derecha y a los partidarios del rechazo para generar temor infundado respecto del proceso constituyente”. Hoy, en cambio, “el desafío es lograr un amplio triunfo en el plebiscito constitucional, y generar las condiciones para que la gente concurra a votar sin miedo, sin violencia”.
Distinta ha sido la reacción del PC frente a los mismos hechos, según pone en evidencia su presidente en una entrevista publicada el día 11 de octubre. Vuelve allí a la ambigüedad que, más bien, es una indefinición intencional, buscada, para mantener una posición flexible en cuanto a los métodos de lucha, donde parecería dar lo mismo la palabra o la pedrada, la institucionalidad o la calle, la reforma o la rebelión.
Consultado el presidente del PC si a la luz del retorno de las protestas tendría sentido manifestarse tan cerca del plebiscito, responde: “Eso depende de voluntades de millones que salen a las calles [nota: la realidad es que hablamos de cientos]. Decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”. Más adelante el periodista pregunta al dirigente comunista: ¿condena la violencia que ha ocurrido en Plaza Italia? Responde él: “Es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”.
Es un discurso propio de la mistificación, donde al final la violencia sale impune y la responsabilidad sobre ella queda en manos de carabineros, el gobierno, el Estado, la derecha, los contradictores en el plebiscito y, cómo no, Ponce Lerou.
Más contundente, y sin ambigüedades, es la visión sobre estos asuntos de los grupos de ultra izquierda, como Convergencia 2 de abril, que buscan acompañar el momento constituyente con uno destituyente, según proclama una declaración emitida por este grupo en septiembre pasado. Se indica allí que “el momento destituyente/constituyente en curso debe abordarse desde distintas aristas o momentos”.
Primero, “un momento inmediato, que se materializa en el Plebiscito. Se requiere que todas las fuerzas de izquierda llamen sin titubeos a Aprobar y optar una convención constitucional, pero, a la vez, en el mismo proceso instalar la necesidad de elaboración programática. En ello somos claros y claras: El proceso constituyente de la institucionalidad burguesa, resultante del acuerdo de paz y nueva Constitución nace limitado, con una verdadera camisa de fuerza para mantener el status quo. Deber o tarea entonces del pueblo organizado será asediarlo y desbordarlo, para instalar en la Convención los avances programáticos adoptados por nuestro Pueblo; en ello la movilización popular será la herramienta principal, frente a las intentonas del bloque en el poder de solo modificar las correlaciones de poder entre los actuales integrantes del Parlamento, sin modificar de raíz las condiciones de su modelo reproductor de la explotación y opresión”.
Segundo, un momento de “Asamblea Popular Constituyente (APC), en donde las expresiones de la clase organizada discuta y vaya tejiendo su propio programa y pensando la sociedad que queremos, con el fin de trazar una hoja de ruta propia que permita disputar todos los momentos de este proceso destituyente/constituyente. […] Aclaramos que la APC no la entendemos como un espacio paralelo, sino como un espacio central, de “preparación”, para el asedio y desborde de la Convención Constitucional”.
Tercero, un momento de preparación de más largo aliento, “no para uno o dos años de ejercicio político, sino pensar esto como un momento de quiebre histórico que brinda opciones tanto como desafíos históricos para la izquierda. Por lo mismo, […] hay que pensar en clave de diseño de programa económico que sustente las pretensiones de transformación radical de la sociedad, la organización de Partido Revolucionario, al mismo tiempo que pensamos las formas colectivas de organización y defensa de este programa”.
III
En suma, igual como ocurrió el 18-O pasado, las izquierdas aparecen nuevamente divididas frente a la violencia que vuelve a las calles, dificultando con ello la expresión de un frente unificado de todas las fuerzas que comparten el camino institucional para renovar el orden democrático.
En efecto, una parte de ellas, más allá de las izquierdas representadas en el Congreso, percibe la violencia como un eficaz complemento estratégico para apurar el desborde del proceso constituyente y arribar por fin a un punto de ruptura.
Por su lado, el PC, y de seguro también varios componentes del FA o desprendidos de él, aguardan expectantes qué ocurrirá el 18-O y durante la semana siguiente, prefiriendo mantener todas sus opciones abiertas. Estarán atentos a las condiciones objetivas de la lucha política y a las condiciones subjetivas de las masas en la calle antes de decidir si se inclinan por el camino constituyente o por su desborde en favor de la rebelión popular.
Por último, el progresismo —proveniente de la tradición democrática de la Concertación y la Nueva Mayoría, forjada en la lucha contra la dictadura y contra las tesis de rebelión popular armada y todas las formas de lucha de aquel entonces— apuesta claramente por la vía democrática hacia una nueva Constitución construida en base a la deliberación y los acuerdos. Su consistencia interna y capacidad de maniobra frente a la izquierda ambigua serán factores decisivos para el balance de fuerzas en los días previos al plebiscito, durante éste y luego hasta finalizar el año.
Por esto mismo es importante que todas las fuerzas políticas que concurrieron el año pasado al acuerdo por la paz, contra la violencia y en pro de una nueva Constitución, sean capaces —en las semanas y meses que vienen—de preservar el camino institucional, denunciar la violencia destituyente y poner presión sobre el PC y los sectores del FA para que abandonen las ambigüedades del discurso mistificador de la violencia. (El Líbero)
José Joaquín Brunner
