Se han cumplido 44 años del Golpe de Estado y aún no terminan de cicatrizar las heridas que nos quedaron como consecuencia de los crímenes de la dictadura. El derrumbe del estado de derecho nos enseñó dolorosamente todo lo que perdimos cuando, debido al torbellino de miedos y odios en los años de Allende, la política se volvió estéril y le abrió paso a los tanques. El 11 de septiembre fue posible porque las furias sectarias aturdieron la capacidad de la sociedad chilena para salvar los principios de civilización, y sobre todo porque no hubo suficientes defensores de la democracia liberal. Sí, esa democracia que despreciaban entonces aquellos que decían que la revolución socialista iba a traer una mejor.
A diferencia de numerosos países en los que hubo dictaduras que violaron masivamente los DD.HH., Chile logró grandes avances en materia de verdad, justicia y reparación. Desde la recuperación de la democracia, muchos agentes de la represión fueron procesados y condenados. Al esfuerzo de reparación contribuyó la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Presidente Ricardo Lagos en 2003, y que permitió que miles de personas entregaran su testimonio sobre los abusos sufridos. Hicieron fe por supuesto en que el Estado cumpliría el compromiso de no dar a conocer los detalles de sus padecimientos en un plazo de 50 años. Romper ese compromiso sin el consentimiento de las víctimas es inadmisible.
Por desgracia, hay quienes sostienen en este campo una postura determinada por la odiosidad y el cálculo político: van de justicieros implacables por la vida, de fiscales de la historia, y eso les da dividendos. En los hechos, han usado la causa de los DD.HH. para sacar ventajas partidistas y personales. Buscan mantener vivo un fuego que les presta utilidad y que, si llegara a apagarse, les haría perder la superioridad moral que creen tener.
Hugo Gutiérrez, diputado del PC y candidato a la relección, declaró el martes 12: “No se entiende por qué se puso secreto por 50 años si no es para otorgar impunidad a los que torturaron”. Es un intento indecente de sembrar dudas sobre la disposición del Presidente Lagos al actuar como lo hizo, y también sobre la conducta del propio obispo Sergio Valech y los integrantes de la comisión. Pero hay algo más: se trata de difamar a Lagos y los demás presidentes que llevaron a Chile de la dictadura a la democracia por un camino no compartido por Gutiérrez y el PC. Se confirma así cuán profundos han sido los equívocos dentro de este gobierno.
Es lamentable que el apuro legislativo de la Presidenta Bachelet se exprese también en esta materia. Necesitamos fortalecer la adhesión a la cultura de los DD.HH. y defender las libertades bajo cualquier circunstancia, pero al mismo tiempo rechazar cualquier intento dirigido a mantenernos prisioneros de los traumas y las divisiones del pasado. (La Tercera)
Sergio Muñoz
