En mayo de 2015 se promulgó la Ley 20.840, que logró terminar con el sistema binominal. Este mecanismo, que perpetuaba el orden institucional sobre la base de dos coaliciones, fue reemplazado por un sistema “de carácter proporcional inclusivo”, que “fortalece la representatividad del Congreso Nacional”, según definición de los legisladores.
La Ley 20.840 disminuyó las barreras para la conformación de partidos y posibilita el ingreso de nuevas corrientes políticas al Parlamento.
La Reforma Electoral modificó los requisitos para la constitución de partidos políticos, reduciendo el número de afiliados necesarios para su inscripción. Antes de la Ley 20.840, era imprescindible contar con, al menos, el 0,5 por ciento del electorado que votó en las últimas elecciones. En cambio, ahora solo se requiere el 0,25 por ciento; es decir, el requisito se redujo a la mitad. Junto con ello, se exige que el nuevo partido pueda conformarse como tal en una sola región, reduciendo abruptamente la otrora exigencia de ocho regiones alternadas o tres regiones consecutivas.
Estas nuevas condiciones han concitado un renovado interés por conformar colectividades políticas, las que buscan representar en el Parlamento los más variados intereses.
Es el caso del movimiento Por mi Patria, que a fines del mes de julio culminó con la tramitación ante el Servicio Electoral para convertirse en un partido político. Esta colectividad, que se autodefine como patriótica y libertaria, es presidida por el ex capitán de Ejército Augusto Pinochet Molina, nieto de Augusto Pinochet Ugarte.
Según Eduardo Toledo, vicepresidente de Por mi Patria, este partido “surge al alero de lo que fue el Movimiento Unitario Nacional”, una extinta organización política que fundó el fallecido almirante Jorge Martínez Busch, y que reunía a un grupo de generales en retiro que habían sido designados senadores institucionales. Ellos “tuvieron la iniciativa de crear esta organización para agrupar a la gran familia militar que hay en Chile”, asegura Eduardo Toledo, relatando el origen de una colectividad que, dice, ahora está presente en las comunas de “Maipú, San Antonio, Santo Domingo, Recoleta, Puente Alto, Puerto Montt, Frutillar y Valdivia”.
Se constituyeron como movimiento el año pasado, con la pretensión de convertirse en un partido político y responder con él a la “crisis política que vive Chile”. El diagnóstico esbozado por Eduardo Toledo apunta al “mal manejo que ha llevado la clase política en los últimos 25 años”. Sin adscribir ni a la derecha ni a la izquierda, el movimiento Por mi Patria reprocha a los actuales partidos políticos, por transformarse “en una mera agencia de empleo”, llenando “el Congreso de familiares, con todos emparentados”, afirma Eduardo Toledo, como olvidando que integra una organización presidida por el nieto de Pínochet.
En este escenario, Por mi Patria cree saber “interpretar a la población, porque nuestra base política proviene de la familia militar y en la familia militar, tradicionalmente, han sido ciudadanos que han tenido la posibilidad de interactuar directamente con el pueblo”, asegura el vicepresidente de la organización.
Con esta impronta, afirman que su norte será “hablar con la verdad, asumir responsabilidades como lo hemos hecho históricamente y jamás vamos a permitir un hecho de corrupción”. El movimiento Por mi Patria quiere instalar en la agenda pública a la familia militar, porque “así como la clase media que no tiene representación política, la familia militar también tiene sus necesidades”.
En este sentido, la porfiada reivindicación por los derechos humanos, la verdad y la justicia, es percibida como “un slogan, un medio para acceder al poder”, que “oculta la verdad histórica que nosotros queremos promover”.
“Exigimos que respeten nuestra verdad histórica”, reclama Eduardo Toledo. Una donde Pinochet “no fue un dictador”, sino un gobierno autoritario. Por ello, declaran su irrestricta reivindicación al Golpe de Estado, porque “Allende había perdido la legitimidad de origen” y “las Fuerzas Armadas son las llamadas a evitar ese tipo de crisis. No hay otra forma de generar un orden ante una crisis política y social”, asevera.
Entonces, si se repite una crisis social, política y económica, ¿crees que sería necesario ese tipo de intervenciones?
“Sí, porque las Fuerzas Armadas tienen por misión velar por la seguridad interior y exterior del estado chileno”, afirma resuelto el vicepresidente de este nuevo partido. Cuando la autoridad pierde la legitimidad de origen. Cuando el pueblo entrega un mandato a un ciudadano para que lo represente es porque lo respeta y lo sigue. Pero cuando ese ciudadano cae en la ilegitimidad de no respetar las leyes de un Estado, de mentir a la población, de caer en la corrupción, esa legitimidad de origen se pierde y nace en el pueblo el legítimo derecho de rebelión. Ese derecho natural de rebelión obliga a los ciudadanos a exigir a ese presidente o presidenta que renuncie”.
Toledo continúa diciendo que “si el pueblo le exige la renuncia al presidente porque pierde la legitimidad de origen, de la misma manera pierde su calidad de autoridad hacia a las Fuerzas Armadas”.
