¿Por qué la falta de probidad detectada en el Ejército de Chile? ¿Serán aciertos periodísticos, meticulosas investigaciones de la Fiscalía o porque existen asuntos más de fondo e incluso estructurales que los pueden explicar, aunque jamás justificar?
¿Qué hay tras el mayor caso de corrupción detectado en el Ejército en la desviación de los fondos desde la ley reservada del cobre detectado en el 2014?En esa ocasión se descubrió una práctica de corruptela que al parecer venía realizándose desde hace aproximadamente una década, la cual dejó en evidencia ante la opinión pública que para realizar el delito de desviación de fondos se requería falsear facturas, adulterar firmas, mantener proveedores sinvergüenzas… en definitiva, una red de corrupción que permitía el enriquecimiento ilegal de unos pocos militares.
En tal sentido, ¿bastará con argumentar que la razón de dicho comportamiento radica en que la sociedad exhibe nuevos niveles de corrupción, por lo tanto, las fuerzas armadas en general, y el Ejército en particular, no son actores ajenos a dicha realidad?La respuesta debiera ser un categórico NO, puesto que la propia naturaleza de las fuerzas armadas, que tienen el monopolio de las armas, no permite semejantes excusas, y con esos argumentos no se eximen de responsabilidad los estamentos políticos que debieran asegurar un control y mando sobre las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, el deber primero de las ramas castrenses está en responder positivamente a la confianza que la sociedad deposita en ellas, ya que hasta hoy se las entiende como instituciones permanentes de la República que nos brindan las condiciones para el desarrollo de la sociedad. De hecho, por su propósito y fundamento son las únicas que cuentan con un presupuesto “reservado”. Esto debiera ser revisado debido a varias razones, entre ellas, la necesidad de una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones en materia de adquisiciones militares (defensivas–polivalentes). Desde otra perspectiva, los propios criterios de la OECD lo han recomendado a Chile por trasparencia y mejor toma de decisiones, esto incluso antes de conocerse estos hechos de corrupción.
Siguiendo con la búsqueda de la hipótesis que nos arroje luces acerca del por qué oficiales del Ejército cometen actos de corrupción, algunos podrían señalar que tal vez es resultado del proceso de profesionalización, ya que el contingente militar de hoy no tienen los compromisos vocacionales mínimos para la probidad que requiere un funcionario público que tiene bajo su mando la administración de sendos recursos financieros.Es decir, tras esta razón estaría el conocido dicho popular: “la ocasión hace al ladrón”. Al respecto, si bien el componente moral del contingente es un asunto central a evaluar en el reclutamiento y formación de los militares, el asunto que pareciera importante de relevar es el problema de carencia de institucionalidad apropiada en materia de controles y regulación en la relación de mando civil–político sobre las Fuerzas Armadas.
En efecto, la propia transición a la democracia tuvo como premisas tácitas, por un lado, indagar o saber la verdad en materia de violaciones a los derechos humanos en el período de la dictadura (Comisión Rettig y Valech, entre otras acciones de los gobiernos de la época), mientras que por el otro se mantuvo una autonomía decisional y de funcionamiento de ellas, cuestión que se aprecia desde el Plan de Modernización de la Fuerza (Alcázar) hasta la actualidad.
¿Autonomía en qué? En materia de compras (armamento y demás), mantenimiento de los sistemas de armas y regulaciones financieras, recontratación de funcionarios, entre otras acciones y políticas. Incluso cabe constatar cómo cada una de las ramas presenta su propia política internacional y sus propios proyectos de adquisición de sistemas de armas. Ello sólo por mencionar algunos aspectos de la autonomía del sistema militar.
En definitiva, una característica permanente desde el retorno a la democracia ha sido la prescindencia del control civil o político, el cual ahora, ante la evidencia de los hechos de corrupción, intenta dejar las responsabilidades sólo en el área individual – penal, que por cierto se debe investigar y sancionar a los que han delinquido, sin embargo, la solución es mucho más compleja.
La actual crisis del Ejército en vista a la malversación de fondos institucionales, sumada la denominada empresa de “turismo” que algunos explican como un asunto de cultura institucional “equivocada”, concepto que no sólo intenta justificar lo injustificable en el ámbito de la probidad, deja más expuesta la falta de control civil y político en el ámbito castrense. La solución a ello no es tarea fácil ni de corto plazo, se deben crear condiciones institucionales, capacitación de civiles, entre otros procesos que permitan fortalecer al Ministerio de Defensa como órgano central de control en ámbitos que hoy están bajo la competencia de las propias ramas de la defensa.
Esa sería una respuesta de largo plazo sostenida, más allá de una mera ampliación de dotación de funcionarios en la Contraloría General de la República o de las capacidades investigativas de la Fiscalía. El asunto no es sólo de auditoria y persecución de responsabilidades, sino de acción política oportuna para revitalizar la credibilidad de las instituciones permanentes de la República. (El Líbero)
Jaime Abedrapo
