Habría “un consenso transversal” para una reforma del sistema político, porque no haría posible la gobernabilidad por la extrema fragmentación del sistema de partidos. Esta se habría producido por la reforma electoral de 2015, que introdujo un sistema de representación proporcional puro que debiera corregirse.
Es un diagnóstico equivocado. No existe una extrema fragmentación partidista; el mal estado de los partidos no fue causado por el sistema proporcional y los partidos tienen limitaciones organizativas que se entrecruzan con escollos que se encuentran en otras partes del sistema político, especialmente en el sistema económico, en la administración pública y en el Estado de Derecho.
La tesis de la fragmentación partidista se apoya en un error conceptual: el criterio numérico. Como argumentó Giovanni Sartori (1976), los partidos que se cuentan para definir el tipo de sistema de partido son los relevantes: los que tienen “poder de chantaje” para formar o derribar gobiernos.
Desde las elecciones de diputados de 2021 y considerando las renuncias de parlamentarios al PDC, que lo llevaron a perder relevancia, existen seis partidos relevantes: PS, FA, PC, RN, UDI y Republicano. Es un sistema de partidos de pluralismo limitado de acuerdo con la tipología de Sartori (entre 5 y 6), que permite la gobernabilidad. Además, tienen una amplia mayoría en el Congreso. No la emplean por la incapacidad de las élites de ponerse de acuerdo para enfrentar las polarizaciones entre el gobierno y la oposición en varios ámbitos de las políticas públicas.
El sistema proporcional no produjo la “fragmentación” partidista. Comenzó en los años del binominal, por conflictos y fracturas en los partidos que condujeron a la fundación de nuevas colectividades. El proporcional atomizó a la nueva izquierda surgida de las movilizaciones de 2011, que podría terminar con el partido único del Frente Amplio.
Sin embargo, los partidos relevantes tienen severas limitaciones que les impide tener un protagonismo constructivo. Son débiles electoralmente, pues ninguno alcanzó un 11% de los votos; también lo son como organización, con pocos políticos de carrera (King, 1981) y profesionales con habilidades para desempeñarse bien en el gobierno y, en tercer lugar, no tienen figuras con liderazgo para influir en el proceso político y en la opinión pública, siendo, además, tensionados por los “independientes”.
Por otro lado, el sistema de partidos no funciona en solitario. Está integrado al sistema político, perteneciendo a una de las cinco arenas que están interconectadas. Ellas son la sociedad civil, la sociedad política, el Estado de Derecho, la burocracia estatal y el sistema económico (Linz y Stepan, 1996).
Tres arenas son claves para enfrentar el complicado estado del sistema político. La primera es el sistema económico. Chile heredó de la dictadura una economía de mercado puro, en la tipología de Linz y Stepan, sin Estado regulador y sin “una red de seguridad para sus ciudadanos (cuando son) dañados por importantes bandazos del mercado y busque un cierto alivio ante desigualdades extremas” (Linz y Stepan, 1996: 11). Estos atributos provocan tensiones y conflictos que dan cuenta de su antagonismo institucional con la democracia. Para que haya estabilidad social y progreso económico, agregan los autores, debe existir una sociedad económica. Para alcanzarla, se deben impulsar reformas institucionales y de políticas al sistema económico para establecer una sociedad económica.
Dos, la burocracia estatal es muy débil. No tiene recursos humanos y prácticas institucionales suficientes para constituir un recurso eficaz para los gobiernos, es decir, participar en la preparación y ejecución de las políticas, indispensable para que los partidos sean exitosos cuando están en el gobierno (party government). Frente a esta debilidad, cada presidente contrata centenares de profesionales para que lo asesoren (“segundo piso”), y lo hacen también los ministros, los cuales, además, cambian a los directores de divisiones y de departamentos de sus ministerios por profesionales de fuera del Estado. Todo esto provoca discontinuidades en la gestión del Estado y limitan su eficacia y efectividad. Las democracias avanzadas tienen una administración pública moderna y eficaz, que apoya la acción de los gobiernos.
Tres, el Estado de Derecho tiene graves limitaciones, con un diseño institucional que dispersa la autoridad entre organismos de gobierno, el Poder Judicial y entidades paraestatales, sin recursos para darles coherencia y eficacia para asegurar la paz social y la igualdad ante la ley.
En consecuencia, una reforma política reducida a disminuir el número de partidos no mejorará la gobernabilidad. Por el contrario, agravará las limitaciones y trabas que dañan el sistema político. Se requiere una reforma política en serio, comenzando por tener partidos fuertes, pero también, arenas políticas modernas, que harán posible un desarrollo político que nos podrá llevar al desarrollo, disminuir las desigualdades y tener estabilidad social. (El Mercurio)
Carlos Huneeus
