Luego de su retorno anticipado y obligado al país, moros y cristianos esperaban que se le pidiera la renuncia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Pero no sucedió, sino que para la sorpresa de muchos apareció como ratificado en el puesto, ya que se esperará la verdad judicial, que como se sabe, puede tardar tiempo en ver la luz.
Razones para separarlo del cargo sobraban. Desde luego, está el asunto del “fraude de la intendencia”, que alcanza ya a la friolera de $ 26.000 millones e involucra a decenas de oficiales de la institución policial. Un escándalo de proporciones nunca antes visto, por el cual nadie en Carabineros ha pagado por la responsabilidad de mando, por un descontrol administrativo que se extendió por muchos años.
Después, el cuestionamiento de la “Operación Huracán” por parte del Ministerio Público, que acusó pruebas fabricadas. Esto último tendrá que dilucidarse, pero lo cierto es que se trató de una pesquisa llevada adelante por Carabineros al margen de las facultades de investigación de los delitos que la Constitución entrega a dicho ministerio en forma exclusiva, frente a las cuales a las policías solo les cabe acatar las instrucciones que reciban de él. Para ello, la policía uniformada se asiló en la ley de inteligencia, que habilita a recoger información, con un carácter más bien preventivo, ante amenazas terroristas, pero que jamás puede entenderse que habilita a investigar delitos prescindiendo del Ministerio Público.
Cuando los fiscales acusaron la falsedad e iniciaron una investigación penal por ella, anunciando que no perseverarían en la persecución de los supuestos responsables de delitos terroristas por considerar que las pruebas estaban contaminadas -apreciación de la exclusiva competencia del órgano de persecución penal y que Carabineros no puede calificar-, de manera increíble el general a cargo de la inteligencia declaró que ello significaba amparar a los que han provocado miedo en las regiones del sur y llamó a los tribunales a no aceptar la pretensión del Ministerio Público. Declaración oficial que simplemente no es aceptable en la institucionalidad. Si ya no era suficiente, lo que pareció haber rebasado el vaso fue el hecho de que en medio de esta crisis el general director partió de vacaciones fuera del país, sin informar -se ha dicho- al gobierno. La pregunta, entonces, es por qué se le ratificó.
Las razones pueden ser varias, como que en los gobiernos recientes nadie ha respondido políticamente por nada y por qué tendría que suceder ahora, aunque en un país serio no solo se iría el jefe policial sino el ministro a cargo (que también andaba de vacaciones en medio de la crisis). O bien, que es sabido que a la Presidenta no le gusta que la pauteen. Pero quizás el verdadero motivo es que se dio el gustito de dejarle un presente griego a su sucesor. Bueno, veremos si éste efectivamente cambió -como nos han dicho- y ahora está dispuesto a pagar costos por conducir al país. (La Tercera)
Axel Buchheister
