El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue creado como un espacio que mira, reflexiona y revisa la historia de nuestro país con el fin de instalar los derechos humanos en nuestro presente e impulsarlos con fuerza y permanencia hacia el futuro, respondiendo a una sugerencia formulada en el llamado Informe Rettig. Está regido por un Consejo integrado por once personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Dada esta condición se suponía que en el ejercicio de su cargo actuarían con la debida diligencia e independencia que debieran guardar dada su investidura.
Desgraciadamente, dos hechos recientes han resentido el prestigio de este importante organismo.
El primero fue el pronunciamiento de su directora, señora Consuelo Contreras, quien, refiriéndose a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, afirmó que estas no fueron sistemáticas, en circunstancias que el anterior director, señor Sergio Micco, por sostener lo mismo fue apartado de su cargo, debido a un pronunciamiento de la mayoría de ese Consejo en el sentido contrario.
El segundo fue la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, señor Cristián Azócar, respecto de una querella presentada por el INDH por el delito de “tráfico de influencias”, determinando que el instituto carece de atribuciones para hacerlo, ya que solo puede ejercer esta acción exclusivamente en los delitos enunciados en la ley que le dio origen. La razón de esta limitación es que siendo el INDH un organismo de Derecho Público solo puede hacer lo que la ley específicamente autorice.
Espero que los consejeros recapaciten sobre las actuaciones cuestionadas del instituto y se atengan en el futuro a las disposiciones y sentido que tienen las normas que lo rigen. (El Mercurio Cartas)
Jorge Donoso Pacheco
