El nulo crecimiento de la actividad económica de septiembre y las alertas hechas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la proyección de ingresos fiscales, son algunas de las banderas rojas que surgieron en las últimas semanas en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025, que debe quedar afinadas antes de que termine noviembre.
El camino se veía crispado entre los parlamentarios, especialmente de oposición, lo que obliga al Gobierno a buscar un acuerdo que allanara el camino. Desde el martes pasado, el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, trabajó con los parlamentarios de la comisión especial mixta de Presupuesto un protocolo para viabilizar la aprobación del erario fiscal del próximo año.
El resultado de las negociaciones dio vida anoche a un acuerdo marco, que guio las conversaciones hasta el completo despacho del proyecto de ley, que incluye algunos de los principales requerimientos que habían hecho parlamentarios de oposición y el CFA.
El acuerdo contempla un ajuste de gasto para 2025, equivalente a $543.539 millones (unos US$600 millones), lo que reduce desde 2,7% a 2% el crecimiento de los desembolsos.
El ajuste se realizará mediante una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo entre las distintas partidas presupuestarias, incluyendo el Tesoro Público. Esta rebaja la implementará el Ministerio de Hacienda mediante decretos que se emitirán dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, en enero.
El ajuste excluirá a los servicios de salud, a las policías de Carabineros e Investigaciones, a Gendarmería de Chile, al sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda, detalló Hacienda.
Como tercer eje, se acordó que en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2025 se actualizará la proyección de ingresos efectivos y estructurales del gobierno central, considerando la recaudación efectiva de 2024, los ajustes metodológicos que se hayan identificado como producto de la asesoría externa antes mencionada y la actualización de proyecciones macroeconómicas para el año.
Sobre esta base, la Dirección de Presupuestos determinará el nivel de gastos compatible con el cumplimiento de la meta fiscal del año correspondiente a -1,1% PIB y, a partir de ahí, los ajustes que se requieran para su logro.
Respecto del eje de financiamiento, se comprometió que los eventuales retiros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se efectuarán de acuerdo con la normativa vigente de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Complementariamente, se deberá solicitar autorización al Congreso para efectuar retiros al FEES cuando éstos superen en el acumulado del año el 0,3% del PIB.
Además, se propondrá una norma permanente que aplique este criterio en los años siguientes, de tal manera que, junto con aportes graduales preestablecidos, se logre alcanzar una meta para el nivel en régimen del FEES.
Dentro del mismo eje, se acordó que se mantendrá el límite de endeudamiento de US$16.000 millones propuesto inicialmente, del cual cerca de US$8.000 millones corresponden a amortizaciones de deuda y ajustes financieros mandatados por ley, en tanto que el financiamiento destinado al balance de operaciones del gobierno se estima en menos de US$4 mil millones.
La instancia conformada por 13 diputados e igual número de senadores respaldó 31 de las 32 partidas presupuestarias correspondientes a los distintos ministerios, poderes autónomos y el Tesoro Público, además del articulado de la propuesta.
En tanto, la Comisión rechazó los recursos para el Ministerio de Defensa y programas y asignaciones particulares de 17 partidas, contenidos que, para ser reincorporados, deberán ser repuestos por el Ejecutivo en la siguiente etapa de la tramitación legislativa.(Emol)
