El Gobierno llamó el martes a un pacto fiscal. Este anuncio tiene aspectos positivos que merecen ser destacados. Uno de ellos es que después de casi un año y medio de gobierno, se reconoce que las alzas de impuestos no son la única forma de financiar aumentos permanentes del gasto. Se aborda la necesidad de elevar la capacidad de crecimiento de la economía y de mejorar la forma en que se usan los recursos públicos.
También es buena la intención de lograr un acuerdo con una mirada de 10 años. Este horizonte permite incluir gradualidad y estabilidad en las medidas que se incluyan. Y las propuestas que apuntan a mejorar la capacidad de crecimiento de largo plazo también son positivas. Entre ellas, destaca la reducción de los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, las medidas tendientes a crear un sistema nacional de cuidados y acelerar las concesiones de obras públicas, entre otras.
Asimismo, es destacable el conjunto de iniciativas que apuntan a reducir la informalidad, como también la renuncia a avanzar en los impuestos al patrimonio y a las utilidades retenidas, reconociendo la abrumadora evidencia que hay en contra de este tipo de medidas. El anuncio también se hace cargo del escándalo de corrupción reciente, al establecer un mayor control de aportes a fundaciones y ONG. Falta conocer los detalles, como en muchos otros puntos.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno tiene una serie de problemas. En cierta forma, se abusa del lenguaje al hablar de un pacto. Por el momento se trata solo de un anuncio. Para que sea un pacto se requiere un apoyo explícito de la oposición y de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Ese apoyo aún no está.
Se reconoce de forma tardía que para financiar el programa de gobierno se requería más crecimiento y mejor ejecución del gasto público. El Gobierno ha perdido el impulso inicial y se ha enfrentado en distintos ámbitos con la oposición, por lo que ahora, con las relaciones desgastadas, es más difícil alcanzar acuerdos. También hay un problema de credibilidad. Pese a la intención expresada de que este sea un pacto para los próximos 10 años, no hay garantía de que los futuros gobiernos lo respetarán.
El debate tributario, lejos de cerrarse, se reabre y posiblemente siga abierto por todo lo que resta de este gobierno, lo cual no es una buena noticia para el país. Además, existen dudas sobre la magnitud del financiamiento. La propuesta considera 1,5% del PIB por fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y 1,2% del PIB por modificaciones al impuesto a la renta más dividendos del crecimiento económico y la eficiencia del gasto. Estos dividendos aún no han sido calculados, pero creemos que solo con más crecimiento y mayor eficiencia del gasto se podría generar el 1,2% del PIB, en cuyo caso no sería necesario el aumento de impuestos. En Clapes UC estimamos que existe alrededor de 1% del PIB en recursos dirigidos a programa mal evaluados y mejoras de compras públicas.
Por otra parte, las iniciativas procrecimiento combinan propuestas de corto plazo (depreciación semiinstantánea, reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas, reimpulso a la construcción, entre otras) y de largo plazo. Para efectos de lograr una fuente de financiamiento permanente, lo importante son las segundas.
A pesar de que hoy se conocen más detalles de las propuestas, es esencial conocer los proyectos que se presentarán, antes de apoyar el anuncio, incluso en sus aspectos que parecen positivos. En materia de reducción de la evasión, por ejemplo, si bien existe acuerdo amplio para avanzar, no da lo mismo la forma en que se logre el objetivo.
Faltan también detalles en lo que respecta a la reforma del impuesto a la renta y en relación con los impuestos correctivos que, aunque siguen en carpeta, no fueron parte del anuncio. Un pacto fiscal no debería dejarlos fuera. Finalmente, la propuesta insiste en subir impuestos a los contribuyentes de altos ingresos, sin avanzar en una ampliación de la base imponible. Es decir, no se avanza tampoco en la solución del problema de que cerca del 75% de las personas en Chile no paga impuesto a la renta.
Creemos que es deseable lograr un buen pacto fiscal que dé estabilidad y un horizonte de largo plazo a las personas, pero la propuesta del Gobierno requiere aún mucho trabajo para lograrlo. (El Mercurio)
Hermann González B.
Coordinador macroeconómico Clapes UC
Felipe Larraín B.
Director Clapes UC, profesor titular UC
