Proyecto Dominga: el «gallito» de poder Valdés-Uriarte

El triunfo que obtuvo La Moneda el lunes en el Tribunal Constitucional, en el tema del aborto en tres causales, eclipsó el rechazo del comité de ministros al proyecto minero-portuario Dominga. Pero, con el correr de los días, dicha decisión ha ido develando la actual pugna de poder interna que impera en la sede gubernamental, que enfrenta al bando económico con la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte, la asesora más influyente y cercana a la Presidenta Michelle Bachelet, pero que en los descuentos del actual Gobierno estaría perdiendo terreno.

Quedan casi siete meses para que termine la administración bacheletista y, si bien muchos en el Ejecutivo están en proceso de cierre, concentrados en consolidar el legado de Bachelet, como es el caso del director de políticas públicas de Palacio, Pedro Güell, y otros se mantienen en la tarea de “sostener cotidianamente la estantería política”, como señalan que es el papel que cumplen el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y la ministra Paula Narváez, los gallitos internos de poder siguen vigentes en la sede de Gobierno.

En el seno del Ejecutivo reconocen que no es un elemento político menor ni tampoco es común que, ante una decisión institucional como fue la que adoptó el lunes 21 el comité de ministros, de rechazar el proyecto Dominga, miembros del gabinete públicamente cuestionen la resolución, como lo hicieron el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien se retiró de la sesión sin votar. Aunque recalcaron que la autoridad actuó con “absoluto convencimiento y autonomía”, otros insisten en que fue el titular de Hacienda el que influyó “en ese gesto”. Sin embargo, cualquiera sea la verdad, lo cierto es que esa fue la primera alerta de que había un quiebre en el Gobierno.

En La Moneda –reconocieron varios de sus inquilinos– no se predijo que la suerte de “rebelión” fuera pública y evidente. “Me retiré antes de que se procediera a la votación del proyecto, lo anterior producto de que dada la citación al comité para ver este caso el día viernes, dados estos plazos, en mi caso, fue imposible poder realizar un análisis en profundidad de todos los antecedentes presentados, y en ese considerando fue que yo decidí el no participar de la decisión, producto de que en realidad acá lo que se requería era una decisión fundada de cada uno de los puntos presentados”, dijo Céspedes ese lunes.

A sus palabras se sumó, el miércoles 23, el subsecretario Micco, quien sentenció –durante su exposición en el Encuentro Regional de Empresas de la VIII Región– que «en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que precisamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad tanto medioambiental como en la relación con las comunidades (…). Lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada. Sin duda alguna el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población, y sin duda alguna la inversión es fundamental para la nueva realidad que está enfrentando Chile».

En ninguno de estos casos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, les quitó el piso a las declaraciones de Céspedes y Micco, por el contrario, optó por evadir el tema y se limitó a decir que quería “conversar con algunas personas”.

En La Moneda consideraron que era “inaceptable” la actitud del subsecretario de Hacienda y que, dado que Valdés no hizo nada para neutralizarlo, se entendió que actuó con su venia y respaldo. No solo eso, en el Gobierno dicen que es sabido que siempre actúa en consenso y en bloque con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, de quien es muy cercano y fue el que lo propuso el año 2015 para reemplazar al cuestionado Alberto Arenas en el manejo fiscal.

Una jugada arriesgada, advirtieron en Palacio, porque no es el momento político ni económico propicio para que Hacienda “se debilite” con una rebelión así y porque consideran que Valdés “no tiene reemplazo”.

Es conocida la posición del jefe de la billetera fiscal en el tema Dominga, varios inquilinos de La Moneda recordaron esta semana que en marzo –ante el rechazo del CEA al proyecto– públicamente salió a darle un espaldarazo: «Chile tiene hace un rato un problema en términos de concretar inversiones, la mayor parte de las veces por permisos o judicialización, incluso en zonas deprimidas que necesitan nuevos motores de actividad», señaló en una entrevista a La Tercera, donde advirtió que dicha situación podía «hipotecar» el crecimiento del país.

Ya en marzo en el Gobierno reconocían que el tema generaba división interna en La Moneda, nadie se atrevía a asegurar entonces qué iba a suceder, porque había quienes pronosticaban que el proyecto Dominga se caería, que no estaban los votos para darle luz verde, mientras que otros apostaban a que la relevancia de la iniciativa es tal, que en un escenario económico nacional adverso no había consideración política suficientemente de peso para rechazarlo. Los últimos claramente se equivocaron.

En estos días en Palacio se ha hablado “del bando de los económicos”, refiriéndose a Valdés, Micco, Céspedes y Eyzaguirre, y que lo sucedido con los cuestionamientos al rechazo de Dominga “prueba que son un bloque que tiene peso y que hace ruido”.

EL OTRO BANDO

Para nadie es un misterio, en la administración bacheletista, que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, siempre fue contrario al proyecto Dominga, que fue él quien quiso acelerar la definición y por eso citó el viernes 18 al final de la jornada al comité de ministros para que se reuniera a las 7:30 a.m. del lunes 21. Durante el fin de semana circularon informes técnicos hasta muy entrada la madrugada del domingo y, a pesar de la insistencia de Céspedes de postergar la definición, Mena mantuvo a firme su cronograma, salió esa mañana de la reunión anunciando el rechazo y explicó que “el crecimiento económico no puede ser a costa del patrimonio ambiental, ni causar riesgo a la salud de las personas. No estamos en contra del crecimiento económico, pero este debe responder a los daños que puedan provocar”.

Lo que tampoco es un secreto en el Gobierno –explicaron– es la estrecha cercanía que Mena tiene con Uriarte, un vínculo que, se comenta, data del período en que la jefa de gabinete presidencial fue ministra de Medio Ambiente, durante el primer Gobierno de Bachelet. Quienes lo conocen dicen que “siempre actúa coordinado” con la abogada PS, que ambos se juntan regularmente, ya que tienen un grupo de amistades en común compuesto por personas relacionadas con los temas del sector y que fue ella la que abogó para que, tras la salida de su antecesor, Pablo Badenier –con quien Uriarte no tenía una relación fluida–, se quedara a cargo de la cartera.

Por eso el ministro de Medio Ambiente es considerado una suerte de “cuadro” de Uriarte en el Gobierno, lo que se suma a que la información interna que hay en La Moneda es que la Presidenta Bachelet le encargó a ella el tema de Dominga.

Al respecto y consultada por El Mostrador, la jefa de gabinete presidencial precisó que “como es de público conocimiento, mi tarea en el Gobierno es la Dirección del Gabinete Presidencial y NO tengo a cargo el monitoreo de ningún ministerio. Tampoco tengo tareas de monitoreo de temas de competencia ministerial. Las tareas sectoriales están a cargo de los ministros o ministras respectivos”.

Pero más allá de las formalidades, desde que asumió como jefa de gabinete –reemplazando a Narváez, que estaba de pre y posnatal– es conocida, comentada y asumida en el Gobierno y por todo el oficialismo su cercanía, influencia y poder en la actual administración, lo que la llevó a ser parte del círculo más estrecho de confianza de Bachelet. Baste recordar que fue ella con quien la Mandataria resolvió todos los detalles del cambio de gabinete de mayo de 2015, que modificó la correlación de fuerzas de su Gobierno y marcó el principio del fin del bacheletismo puro.

Es por eso que en el Gobierno y en La Moneda misma recalcan que los cuestionamientos públicos del “bando económico” del Ejecutivo representan una fisura evidente en el poder de Uriarte. Dicen que Hacienda le está haciendo “un gallito” y que las discrepancias públicas solo demuestran un debilitamiento en su capacidad política para alinear al gabinete. “Ana Lya está perdiendo poder, igual que el segundo piso”, agregaron.

Además de una visión técnica medioambiental ante las debilidades que mostraba la iniciativa, tras bambalinas en La Moneda está instalada en algunos la idea de que en el rechazo del proyecto Dominga también pesó, de alguna manera, un factor político: evitar invocar nuevamente el fantasma del caso Caval y que se instalara de lleno, una vez más, en los patios de Palacio.

En marzo se hizo público, nuevamente, que en el 2014, trece días después de llegar a La Moneda por segunda vez, la hija menor de la Presidenta, Sofía Henríquez, adquirió un terreno de 5.000 metros cuadrados por $ 6.500.000, monto que fue “pagado al contado”, en la comuna de La Higuera, en la IV Región, a 12 kilómetros de donde se planificaba el proyecto Dominga.

Rápidamente hizo ruido público, al punto que la propia Mandataria tuvo que salir del paso, primero con una declaración pública en la que habló de “polémica artificial”, que le sorprendía que se reflotara algo que se sabía y que “solo puede explicarse por el intento de vincular su contenido con la reciente decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), de la Región de Coquimbo, y desacreditar interesadamente el proceso de evaluación de un proyecto minero».

Pero no fue suficiente y, al día siguiente, hizo un punto de prensa en La Moneda, donde, evidentemente molesta, Bachelet pidió enérgicamente que dejaran a su hija tranquila, que la decisión de la compra la tomó ella, que no había nada vinculado a un negocio, sino que tenía un objetivo recreativo. Agregó que su nuera, Natalia Compagnon, hizo los trámites, compró el terreno y que luego le entregó el valor respectivo y se hizo el traspaso legal a sus hijas.

LA ESTANTERÍA

En este choque entre Uriarte y el bando económico del gabinete, en La Moneda dicen que el resto de las autoridades de Palacio han tomado palco. Explicaron que el ministro del Interior, Mario Fernández –en estos días de Vicepresidente, dado que Bachelet se encuentra de gira por Centroamérica– cumple un rol más bien de consenso, que jamás genera conflictos ni tensiones, que ayuda a “amortiguar” los choques internos y que se relaciona bien con la Mandataria.

El subsecretario Aleuy también se habría mantenido al margen y sigue inalterablemente abocado a su rol de “bombero político”, encargado de apagar y controlar todo tipo de crisis interna, es el que lleva –recalcaron en Palacio– el gobierno cotidianamente, en el día a día. “Nadie le disputa su rol, es casi un ministro en las sombras”, sentenciaron en el Ejecutivo.

En el seno de La Moneda dicen que la ministra Narváez está “cada vez más cerca” de Aleuy, que ambos son los más políticos, que actúan bajo la premisa de la lealtad socialista con la Presidenta, pero que a la vocera –por la naturaleza de su cargo– le toca la “situación más difícil generalmente”, que es poner la cara públicamente y tratar de dar explicaciones.

En el caso del rechazo a Dominga, fue Narváez la que al día siguiente enfrentó las versiones de roces entre Mena y Valdés, instancia en la que insistentemente trató de bajar el perfil al asunto y poner el acento en que había operado correctamente la institucionalidad. “Lo que ha habido acá ha sido un proceso transparente a lo largo de toda la trayectoria de tramitación de este proyecto Dominga. Han sido de público conocimiento además los distintos informes técnicos, cualquier persona puede acceder a ellos a través de la página web, de internet, del Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo tanto, lo que ha pasado aquí es que ha funcionado nuestra institucionalidad, lo que ha pasado aquí es que las decisiones se han tomado sobre la base de consideraciones de carácter técnico y siempre ha sido. No todos los sectores tienen las mismas visiones respecto de los proyectos ni las mismas consideraciones, porque evalúan dimensiones distintas de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, lo que ha correspondido ha sido una resolución, es un tema ya zanjado hasta esta instancia, que es el comité de ministros y, por lo tanto, no tenemos nada más que agregar al respecto”, precisó.

Al día siguiente, en Radio T13, siguió la misma línea: “Tenemos que cuidar nuestra institucionalidad ambiental, que es bastante nueva en Chile, es un proceso también de ajustes institucionales. Yo no creo que esto pase por ir generando descréditos y descalificaciones a las instituciones que tenemos sino que todo lo contrario. Lo que nos tiene que interesar a todos como Estado, principalmente, es fortalecer esas instancias institucionales y no desacreditarlas. El Gobierno va a seguir funcionando con la institucionalidad ambiental que está y que es vigente y considera que la resolución de este comité de ministros, en este caso, ha operado de acuerdo a aquello”.

Pero ese mismo día vino la crítica pública del subsecretario Micco y todo lo dicho por la vocera quedó neutralizado, quedando en evidencia el choque interno.

En el oficialismo hay una buena opinión de Narváez, destacan su lealtad a toda prueba con la Presidenta Bachelet, que a veces peca de ser demasiado bienintencionada, por lo que más veces de las que obliga su cargo termina pagando costos, como en esta ocasión, donde quedó en evidencia que no había un diseño previo para manejar el rechazo al proyecto Dominga.

ALEUY SERMONEA A MICCO