Entre los episodios vinculados con la salida de Trump, la censura de las grandes tecnológicas al expresidente bloqueando sus cuentas no mereció debida atención. Se dijo que son empresas privadas, lo que les permitiría hacerlo. Ciertamente que son privadas. Más aún, ellas inventaron estos nuevos sistemas de comunicación instantáneos y de alcance masivo. Esto último es lo que convierte su servicio en un asunto público, lo que transforma el carácter de un contrato entre privados.
Hay que recordar que numerosísimos servicios prestados por privados han merecido una regulación, a veces muy estricta, tanto al servicio como a las empresas prestadoras. Las superintendencias tienen este fin. Sus reglas normalmente abarcan asuntos novedosos de la modernidad, carentes de costumbres o tradiciones que aporten una pauta. Se trata de evitar arbitrariedades por el carácter público adquirido por esos servicios. Un Estado fuerte no solo cumple bien protegiendo la seguridad y la soberanía de la nación. Para serlo debe abarcar también la relación entre privados para evitar irregularidades debido a las asimetrías entre prestadores y usuarios
Recientemente vivimos la experiencia del grave error de la Onemi, que provocó pánico en la población y pérdidas cuantiosas a numerosas empresas que prestaban sus servicios en ese momento. Es otra cara del mismo problema. Hubo muchas explicaciones que solo diluyeron responsabilidades evitando la salida inmediata del director de esa repartición, como responsable último de la gravísima falla. ¿Hubo una empresa privada que falló? Sí. Pero estaba mandatada por la Onemi y debía atenerse a sus protocolos. Y el mandante no se preocupó de controlar la capacidad de ejecución del mandatado. Tampoco se preocupó de advertir a la población de cómo sería su actuar en caso de emergencia. Además, ¿tiene el Estado la potestad de intervenir los celulares de toda la población sin una autorización previa y conocida?
Fallaron las tecnológicas y la Onemi en sus respectivas proyecciones públicas. Privados y estatales tienen la obligación de atenerse a normas básicas, aunque no estén escritas, cuando inciden en asuntos de amplia trascendencia. Normalmente, cuando se exige escribir esas normas para que valgan, significa que la sociedad está muy descompuesta. Es preciso afirmar con claridad los conceptos de privado, de estatal y de público. La vida actual requiere claridad tanto con el vocabulario como con las responsabilidades. (El Mercurio)
Adolfo Ibáñez
