Los candidatos presidenciales están en pleno proceso de formación de alianzas y eso está afectando el contenido de sus programas. No obstante, un tema en que ya se perfilan claramente las diferencias programáticas es el correspondiente al rol del Estado y del mercado en la oferta de educación, salud y pensiones.
El Frente Amplio -cuyo apoyo ha buscado el candidato Alejandro Guillier- tiene en esa materia una visión muy distinta del rol del Estado subsidiario que prevaleció en Chile durante el régimen militar, la época de la Concertación, y el gobierno de Sebastián Piñera. Es importante destacar que la diferencia en este tema no es tanto en cuanto a los objetivos a ser alcanzados, sino en cuánto a los medios a utilizarse.
Distinguimos en Chile nítidamente entre el rol proveedor del Estado y su función productora. Se reconoce que con el objeto de propender al bien común el Estado debe jugar un papel crucial en el financiamiento de los programas sociales. Tanto así, que un porcentaje que supera largamente el 60 por ciento del presupuesto nacional está dedicado a este último fin.
Por eso, los enfrentamientos principales en este asunto se producen cuando se entra a debatir sobre la forma de lograr mejor los objetivos en materia de servicios sociales. Hasta 2014 se propendió en Chile a la oferta privada de esos servicios provistos por el Estado, preferentemente por intermedio de subsidios a la demanda, lo que permitió generar competencia en la oferta de los mismos. El Frente Amplio propone reformas radicales al respecto, ahora con la finalidad de que el Estado pase a ser el oferente (productor) dominante de servicios sociales. Están así idealizando implícitamente al Estado, pensando que puede servir al interés común con gran eficiencia y desprendimiento.
Pero la realidad es muy distinta a la visión que tiene el Frente Amplio, como lo sugiere la Teoría de las Decisiones Públicas. En la práctica el Estado es gobernado por personas, con sus virtudes y defectos, que -igual que en el sector privado- tratan de satisfacer sus legítimos intereses particulares. Como en general las instituciones estatales no están sujetas a competencia efectiva y su supervisión resulta ser compleja, sino laxa, sus operaciones tienden a ser relativamente ineficientes. Como botón de muestra y para aquilatar la magnitud posible de estas ineficiencias, basta con destacar la educación escolar municipal que, por alumno, está resultando ser de un costo cercano al 50 por ciento superior a la privada subsidiada, sin ser de mejor calidad.
Por todo lo anterior, si bien la provisión estatal parcial de educación, salud y pensiones, entre otros servicios sociales, se justifica, su oferta (producción) debiera continuar siendo hecha por privados en forma competitiva. En esta materia el Frente Amplio pareciera estar equivocado o, al menos, pecar de exceso de idealismo. (La Tercera)
Rolf Luders
