Hace una década que las cuotas están ajustadas al 10% del ingreso del deudor, con una tasa subsidiada de máximo UF +2% anual, y con un plazo de pago máximo de 20 años. Actualmente, los deudores no quedan registrados como morosos en los boletines comerciales, y la deuda no se computa para otros créditos. Puede existir un número reducido de deudores que no han podido reprogramar su perfil de pagos; eso debe corregirse a la brevedad,
Se podría disminuir a 8% de los ingresos el tope máximo a pagar, como en Gran Bretaña, y, como propuesta, dejarlo en un 4% bajo cierto nivel de ingresos. Por definición, si la persona baja su nivel de ingresos, también disminuye su cuota, y si está desempleado no tiene que pagar mientras dure esa condición. Se podría rebajar a 15 años el plazo máximo de pago. Por cierto, la equidad impone otro reto: cómo desincentivar la informalidad laboral, dado que el ingreso es el informado por Impuestos Internos, es decir, de actividades formales.
Por cierto, esta fue una promesa electoral, lo mismo que tener una educación escolar de calidad y servicios de salud sin listas de espera. En la situación social y económica actual no nos parece que esta sea una necesidad prioritaria para el país. Hoy enfrentamos otros problemas urgentes en vivienda, salud, educación escolar y en seguridad. Es necesario desmitificar y priorizar en el debate sobre políticas públicas y uso de recursos. (El Mercurio Cartas)
Hugo Lavados Montes
Rector U. San Sebastián
