Hay una pugna por apoderarse de las riendas y modular el desenlace de esta crisis, cuando todavía no terminan las manifestaciones y a poco más de dos semanas del inicio explosivo el viernes 18 de octubre con la destrucción de gran parte de nuestra red del Metro, que siguió con saqueos e incendios masivos.
Cómo no. La oposición pone en duda el legítimo derecho del gobierno -electo por voto popular hace menos de dos años- a conducir la crisis fortaleciendo su programa social, replanteando las reformas estructurales que no le había aprobado ella misma y buscando mecanismos para descomprimir el estallido social a través de diálogo y cabildos y poder llegar a un nuevo pacto social. Ha dicho que no excluye ni siquiera una nueva Constitución.
Una parte de la izquierda parece dispuesta a conversar y así lo ha hecho, aceptando concurrir a La Moneda a buscar vías de salida, pero imponiendo sus propias condiciones porque, como dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, “el gobierno tiene que entender, su programa está acabado”. El problema es que también quisieran dar por terminada la actual administración.
Se ilusionan con que ahora viene el programa que perdió en las presidenciales de 2017. Sacan cuentas alegres con la masiva asistencia a la gran marcha, sumándose el millón 200 mil personas que asistió en Santiago y otras decenas de miles en regiones. No admiten que muchos de los participantes eligieron al actual Presidente. Quizás no volverían a votar por él, pero seguramente tampoco lo harían por la izquierda. Y omiten considerar que la mayoría no estaba en la calle (sólo el 20% en Santiago) y quiere volver a la tranquilidad y poder retomar lo que antes funcionaba, como el transporte público o la compra en supermercados. Por supuesto que los más perjudicados con los más vulnerables, porque el saqueo e incendio de dos tercios de los locales se focalizó en sus barrios, no donde viven los ricos, que usan menos transporte público.
Esa mayoría silenciosa, aunque descontenta y demandante, mira tanto o más feo a los políticos que al Gobierno. El 81% considera que lo más importante, dentro de un abanico de demandas sociales, es reducir las dietas y el número de parlamentarios (encuesta UDD). Imposible más elocuente la evaluación donde la mayoría del Congreso hace propuestas de gastos millonarios ahora que se financiarán, por supuesto, con nuevos impuestos. No propusieron esos desembolsos gigantescos en la administración socialista anterior porque priorizaron poner los pesos (aun a costa de déficit fiscal) en la onerosa gratuidad de la educación superior antes que mejorar múltiples subsidios a los con menos recursos. La consigna ahora es algo que tampoco hicieron en el gobierno de Michelle Bachelet, imponer una nueva Constitución y una asamblea constituyente como camino único de salida de la crisis. Son esos políticos que creen tener la solución de todo en la Carta Magna los que no han aprobado ninguna de las reformas que les facilitarían la vida a los más vulnerables, desde el alza de pensiones, al seguro catastrófico de salud o la sala cuna universal.
La izquierda menos dialogante (PC y sectores del Frente Amplio) cree que el gobierno puede ser botado por mecanismos extra constitucionales y, como siempre, hay sectores de la DC dispuestos ahora a dar lienza a salidas fuera de la Constitución, como Matías Walker, y a aprobar lo que antes censuraron por ser contrario al orden institucional.
La izquierda quiere dirigir el proceso, pero no parece estar consciente que no tiene líderes reconocidos y tampoco ideas nuevas. Buscará legitimar como expresión ciudadana el cabildeo de grupos anti modelo de libre mercado, como Unidad Social, constituido por No + AFP, la Cut, la Anef y el Colegio de Profesores. Insistirán en que el pueblo no quiere más AFP y quiere Asamblea Constituyente, como las tuvieron antes Bolivia, Ecuador o Venezuela. Ninguno de esos países logró el desarrollo que Chile y por supuesto que si los AC toman la cabeza habrá menos para repartir.
Pero para llegar a imponer esa fórmula amada por los socialistas y la izquierda se requiere continuar con la protesta y la violencia y generar un cuadro de caos institucional. Por eso cuestionaron al gobierno por declarar estado de emergencia y, al mismo tiempo, por no ser capaz de atajar los saqueos e incendios. Por eso convirtieron los delitos de incendios, saqueos e infracción al toque de queda en un problema de violación sistemática a los derechos humanos, sin jamás mencionar que el 60% de los heridos, cerca de mil, son los uniformados a cargo de la difícil tarea de mantener el orden público. Por eso han celebrado el fracaso de no poder realizar la Apec y la COP 25 en Santiago. Y por eso quieren acusar constitucionalmente al Presidente y a su ex ministro del Interior. Todo suma.
Estamos en un punto histórico de quiebre. Parte de la oposición apuesta a crear un escenario que le arrebate al gobierno legítimo conducir el proceso para recuperar la paz social. Otros menos ultra coinciden con el oficialismo en el respeto a la regla básica de la democracia, que es que los gobiernos se votan en las urnas y no se botan en las calles. Lo contrario permitiría gobernar sólo a quienes legitiman la violencia como instrumento político. (El Líbero)
Pilar Molina
