Desde hace varios meses que ya se vienen escuchando nombres de precandidatos presidenciales en los diversos sectores políticos y, rodeando estos nombres, surgen inevitablemente las preguntas respecto de los posibles pactos o alianzas, sobre el procedimiento con el que se definirá finalmente a los candidatos, y acerca de la importancia que tendrán las encuestas en la toma de decisiones.
Aunque todo ello es razonable, se olvida en esta lucha previa un elemento sumamente importante –al menos en la teoría- y del que poco hemos escuchado: el programa de gobierno (o al menos sus lineamientos generales). Esta hoja de ruta debiera contener una visión del país hacia el cual se aspira avanzar, con miradas de largo plazo, y no sólo respondiendo a la coyuntura o a las temáticas hoy presentes en la agenda pública. En ese sentido, ¿cuál es el espacio en el que se está llevando a cabo esa discusión programática y quiénes la están conduciendo? ¿En los partidos políticos? ¿O entre los grupos de cercanos, asesores y expertos, que acompañan a los candidatos? ¿O en otro tipo e instancias?
Desde la Ciencia Política se sostiene que los partidos políticos que respaldarán a estos candidatos deberían ser uno de estos espacios privilegiados de discusión. Desde las teorías más clásicas, los partidos canalizan intereses y demandas desde la sociedad y configuran propuestas concretas acordes a su ideología. Se espera que debatan diversas alternativas y soluciones, tomen posición respecto a la amplia gama de problemas públicos y establezcan prioridades y proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, que entre sus militantes o simpatizantes existieran profesionales expertos de diversas temáticas, que pudieran alimentar estar propuesta, presentar información y experiencia comparada, rol que también podrían cumplir centros de estudios vinculados a los partidos.
El programa también puede estar siendo diseñado por profesionales cercanos a los candidatos. Buenos candidatos van a estar rodeados de buenos expertos, gente que sabe de lo que habla para proponer y definir. Pero, ¿y si no es así? Al menos es razonable cuestionar cómo alcanzan ese espacio de influencia, relevar que estas definiciones quedan a acotadas a un pequeño grupo de personas y que, por tanto, existirán sesgos en las alternativas a discutir.
Por último, también pudieron generarse instancias participativas e inclusivas de otros actores relevantes. Encuentros ciudadanos, plataformas web, y otros, pueden ser un medio para recoger visiones desde distintos sectores. Estos espacios pueden permite ampliar la discusión. Sin embargo, los criterios de priorización de las temáticas no siempre son claros, ni el carácter vinculante de estas instancias, existiendo el riesgo de que sean instancias participativas de fachada.
En rigor, las tres alternativas no son excluyentes, y pudieran complementarse de manera virtuosa. El punto aquí es que hoy, salvo algunas excepciones, se desconoce cuáles están siendo utilizadas por los candidatos. Algunos han anunciado que socializarán sus programas en enero; quizás en ese momento tengamos respuesta a estas interrogantes. (El Mostrador)
Cecilia Osorio
