Este martes, el Ministerio del Interior presentó el Compromiso Transversal por la Seguridad, una de las principales tareas que asumió la ministra Carolina Tohá desde su llegada a La Moneda tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre.
La discusión, sin embargo, se trabó luego de que el Presidente Gabriel Boric entregara una serie de indultos que incluyeron a presos del llamado «estallido social» y a un ex frentista, lo que causó que los parlamentarios de Chile Vamos abandonaran la mesa de conversaciones.
Debido a esto, el pacto no logró convocar a todos los partidos políticos, sino que se logró tras la reunión de Tohá con alcaldes, gobernadores, parlamentarios oficialistas, el senador RN Manuel José Ossandón y el diputado del PDG Gaspar Rivas, los únicos opositores presentes. En Mirada Líbero conversamos sobre este tema con Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior y actual Director del Programa Político y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.
Para Ubilla, esta propuesta “es realmente pobre”. A lo que se suma el momento en que se anuncia. “Estamos a punto de cumplir un año de gestión de gobierno y recién hacia finales de este primer año, el Ministerio del Interior ha tenido una acción que en mi opinión es fallida respecto a convocar a distintos sectores políticos para enfrentar una agenda del tema más importante que es la seguridad. Esta conversación no la estamos teniendo en marzo, abril o mayo del año pasado, sino que a finales del primer año de gobierno, que es muestra de debilidad”.
El exsubsecretario del Interior señaló que hizo dos lecturas del documento que anunció el Ministerio del Interior y explicó que “aproximadamente el 40% de las 70 y tantas medidas que propone este borrador de acuerdo -la propia ministra dijo que era un borrador en discusión que se trabajaría durante febrero- son administrativas. Es decir, basta la instrucción de un ministro o subsecretario de Estado para que una repartición pública tenga que hacerla. Entonces, haber esperado tantos meses, y hacer una discusión pública de todo esto para que, a lo menos, el 40% se pueda hacer por secretaría, me parece insólito”.
Sobre el resto de las medidas, dijo que “alrededor del 58% son de orden legislativo. Recién ahí entran los parlamentarios a conversar, y cuando uno mira la naturaleza de las propuestas, la mayoría se dice que se presentará ‘el primer trimestre’, ‘el segundo trimestre’ de este año, ‘se preparará un anteproyecto de ley’. Es decir, tampoco hay una bajada específica respecto de lo que se quiere hacer”.
A pesar de lo anterior, Ubilla reconoce algunas medidas positivas de lo presentado ayer por la ministra Carolina Tohá, como el plan de aumentar la dotación de asistentes policiales, funcionarios que cumplen funciones importantísimas en temas investigativos, “y propone hacerlo con recursos del Tesoro para aprovechar bien los recurso públicos y aumentar la planta a aproximadamente 400 a 500 funcionarios de la Policía de Investigaciones. 500 funcionarios es un número muy relevante”.
LOS «PEROS»
Aún así, el actual Director del Área Política de LyD manifestó su preocupación por cómo se aborda el problema del crimen organizado en este acuerdo y por parte del gobierno. Señaló que “es repetir lo mismo que esta en el Congreso y nada nuevo. En la discusión presupuestaria se hablaba de 65 mil millones de pesos para tener dinero fresco para combatir el crimen organizado, y no hay ningún antecedente financiero. Cuando se leen las medidas para fortalecer Aduanas y otras instituciones, se dice ‘vamos a comprar máquinas de scanner para Aduanas’, pero el problema no pasa por los pasos habilitados, el contrabando las armas pasan por pasos no habilitados. Ahí no hay ni siquiera luz eléctrica, pasa la gente en la noche a cualquier hora, con contrabando, droga, etc. Entonces, le falta a este gobierno la conceptualización de problemas de fondo”.
Añadió que “el propio Subsecretario del Interior, cuando dio a conocer este plan, dijeron que en marzo se haría la primera evaluación. Nosotros en LyD estamos día a día siguiendo ese tema, creemos que no podemos seguir escuchando promesas que no se cumplen o no se ejecutan o se administran con una nuevo plan como este. El plan de crimen organizado debe estar implementándose y no requería este acuerdo transversal”.
Respecto de la protección de las víctimas, Ubilla apuntó que la propuesta de crear una Defensoría de las Víctimas se discute desde hace varios años, “desde el gobierno de Piñera e incluso desde el gobierno de Bachelet. Dice que le van a poner urgencia, pero que estará asociado solo a delitos de homicidios y violación. ¿Qué pasa con portonazos, los secuestros, atentados incendiarios en el sur? Deben agregar todos los delitos que son mayoritarios, los con mayor frecuencia son robo, hurto, encerronas, portonazos, etc. Es un problema de enfoque, aquí se mira los derechos del victimario, pero no de las víctimas”.
Asimismo, señaló que “es hora de que el país dé los presupuestos, si esto es la primera preocupación de la población. En vez de seguir creando comités y mesas de trabajo, ocupemos esos recursos para atender la primera necesidad de las personas que es darle seguridad. Entonces, esto se hizo nuevamente de mala manera, hay falta de lineamientos ideológicos, y más encima se le asigna responsabilidades a la oposición que no está sentada a una mesa, lo que es ridículo porque el 40% de las medidas no requieren a parlamentarios de oposición”.
«RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD ES DEL ESTADO»
El exsubsecretario también se refirió a la polémica entre el Ministerio del Interior y los centros comerciales, tras los dichos del Subsecretario Monsalve luego del robo a la tienda MacOnline en el Mall Plaza Egaña. Frente a esto, señaló que “me llama la atención que no hayan continuado la mesa público-privada que el Ministerio del Interior siempre ha tenido. Siempre existían trabajos muy cercanos del Ministerio con centros comerciales, con el comercio detallista, y todas las áreas que podían ser gravitantes en este tema, y por lo tanto me sorprende el diálogo áspero que se produjo, porque si uno tiene una mesa permanente ese diálogo se hace primero dentro y no por la prensa”.
De igual manera, manifestó que “independiente de cuál sea el monto de los recursos, la pregunta es de quién es la responsabilidad de la seguridad, y es del Estado. Los mall o tiendas de barrio lo que tienen que hacer es tomar medidas privadas para mejorar sus estándares de seguridad, pero sigue siendo la responsabilidad del Estado darle seguridad a todos los ciudadanos. Tenemos una ley de seguridad privada bastante débil y muy antigua, y el gobierno recién dice que entregará indicaciones para esa ley en el primer semestre, cuando ya debería estar aprobada”.
Su llamado es a que “no perdamos el tiempo, colaboremos. ¿Están las cámaras de los centros comerciales en línea con las comisarías más cercanas? ¿Carabineros o la PDI han sugerido cómo mejorar sus estándares? El conocimiento lo tienen los actores del Estado, ¿han transferido esa expertiz a los centros comerciales? No es porque yo defienda el centro comercial, sino que yo defiendo el espacio público que entrega el centro comercial. Hoy muchos chilenos van a esos espacios públicos, entonces el Estado no puede deshacerse de sus niveles de responsabilidad». (El Líbero)
