Las múltiples críticas a la conformación de una Comisión Presidencial en contra de la corrupción y la relación entre política y dinero muestran que el lenguaje permite todo (o casi todo), pero que la mayoría de nuestras opiniones suelen tener su pilar profundo –muchas veces inconsciente– anclado en nuestras emociones e intereses, razón por la que siempre será necesario revisar los “porfiados hechos”, antes de definir las acciones que conviene llevar a cabo en momentos de crisis.
Asimismo, en su generalidad, apuntan como validación a “valores” que buscan dar “universalidad” a sus posiciones personales, tales como que la Comisión reemplaza a la “voz del pueblo” (aunque habitualmente el pueblo sea sólo su partido o grupo); que inhibe la participación ciudadana, ideando leyes tan complejas que solo los expertos pueden inteligir (aunque haya peticiones ciudadanas que pueden derrumbar tranques); que se trata de propuestas que emergen de una minoría que excluye las ideas de las mayorías (aunque no existe otro modelo en que las mayorías tienen algo que decir que no sea la democracia); que el tiempo que se les ha dado para emitir sus opiniones es muy breve (y si hubiera sido mayor la acusación sería por dilación y falta de sentido de urgencia); que ya hay una enormidad de proyectos en el Congreso que están paralizados que deberían ser revitalizados por el Ejecutivo (pero que la clase política lleva años discutiendo) y similares.En efecto, la mayoría de las críticas, si no todas, provienen, como era de esperar, de expertos, opinólogos, analistas, estudiosos, que no fueron llamados a formar parte de la Comisión. Es probable que varias de ellas hubieran sido distintas si estuvieran convocados.
Qué indican los hechos. Que hay proyectos sobre financiamiento de la política que duermen en el Congreso hace años y no son aprobados ¿Por qué? Porque afectan a quienes dichas leyes incumben. ¿Cuándo es posible que esa inercia se rompa? Cuando una crisis hace imposible la mantención del statu quo. ¿Quién debiera haber asumido el cambio? La propia élite dirigente. Pero estando aquella élite desprestigiada, parece buena idea partir desde una propuesta validada desde la academia o “intelligentsia” nacional –menos desacreditada que otros– para que, posteriormente –en 45 días–, esta sea discutida por los poderes colegisladores institucionales involucrados, como el Ejecutivo y el Congreso, aunque estén seriamente afectados por la caída de la confianza ciudadana en sus cualidades éticas.
Se trata, en definitiva, de una salida ecléctica, que no es ni ultraparticipativa, ni hiperelitista; ni populista, ni tecnocrática. Por lo demás, sólo una comisión independiente puede, efectivamente, proponer fórmulas que los incumbentes estarían imposibilitados de presentar por pudor o por inviabilidad política.
Entonces, quienes alegan que la Comisión es una vuelta a la “tecnocracia” de gobiernos anteriores, predican, al mismo tiempo, que la participación ciudadana es condición sine qua non para que las leyes que nos rigen, desde la propia Constitución, sean legítimas y voluntariamente acatadas por los ciudadanos, cariz que se complementa con la inducción a la conformación de una Asamblea Constituyente que “refunde” las instituciones desprestigiadas, rompiendo el vínculo entre dinero y política mediante mayor control de la voracidad empresarial, su renta y ¿propiedad del medio de producción?
Quienes, por otra parte, temen que la mayor participación nos arrastre a un desate “populista” con propuestas refundacionales y/o cuerpos legales que, como vemos, pueden cambiar abruptamente el modo en que nos relacionamos, prefieren –o deberían preferir– la conformación de estos grupos de expertos, aunque alegan en contra de su composición, sin los tradicionales representantes notables de la élite política comprometida. Entienden, empero, que la complejidad de las sociedades modernas en lo social, político, cultural y económico implica inextricables redes de intereses, voluntades, vocaciones, capacidades y apetitos que deben conjugarse de manera armónica para sostener los grados de libertad que las democracias pueden otorgar. ¿La conclusión de esta postura debería ser que nada cambie o que solo quienes están en las élites pueden dar mejores soluciones?
Lo que entendemos por “populismo” y “tecnocracia”, que parecen los demonios a exorcizar en las opiniones de los detractores de la Comisión, es clave entonces para deducir el motor real de aquellas críticas, por lo que su definición nos permite abordar –respetando los “porfiados hechos”– la actual crisis en su estado larvario, la que, empero, de no resolverse, podría llegar a ser parte de la habitualidad de las personas comunes y comenzar a ser sentida en carne propia.
En efecto, “populismo”, usado de manera peyorativa, tiene más de una definición, pero se podría resumir como aquel uso y abuso de medidas de gobierno destinadas a ganar la simpatía de la población, reivindicando el rol del Estado como defensor de los intereses de la más amplias mayorías, mediante un intervencionismo que supere desigualdades e injusticias sociales, sin considerar costos reales asociados.
“Tecnocracia” se entiende, desde su raíz etimológica, derivada del griego como “gobierno de los técnicos”, un modelo añadido en tiempos modernos y que proviene de convicciones positivistas según las cuales el uso del “método científico” puede resolver problemas sociales, reemplazando las decisiones basadas en convicciones ideológicas.
En el presente caso, no parece que la convocatoria a la Comisión pueda derivar en el peligro de “gobierno de los técnicos”, porque su propuesta será entregada al Ejecutivo y al Congreso para su discusión, respetando así los procedimientos de la democracia; porque cada uno de los convocados tiene sus propias posturas ideológicas –que seguramente se expresarán en la discusión interna– y porque, para evitar suspicacias elitistas, sus integrantes ya se han reunido con representantes de diversos estamentos sociales para recibir ideas y posturas respecto del tema.
Tampoco son un grupo refundacional, ni deben dar cuentas a otros sectores de interés, ni a otras élites. Más bien representan al poder experto –de los pocos que aún quedan sin desprestigiarse totalmente– proveniente de diversas escuelas, que intentará, por la vía de acuerdos y “método científico”, acercarse a soluciones prácticas que pongan coto, al menos, a los desvaríos más peligrosos de la connivencia dinero-política, que si se mantuviera tal cual –cosa difícil– efectivamente amenazaría con llevar la situación político-social hacia una dolorosa conflagración y refundación.
Parafraseando a Churchill, es cierto que la democracia es el peor de los sistemas, pero es el mejor que conocemos. De allí que más vale que una comisión de peritos entregue pronto propuestas que, por lo demás, son, en su mayoría, conocidas, obvias, se han planteado más de una vez y están en el sentido común de la gente, a que lleguemos a un punto en el que la solución provenga de salvadores “populistas” que no solo echarían por tierra lo avanzado en dos generaciones, sino que nos arrastrarían a situaciones que son siempre más costosas que las rabietas, pesimismo y malos augurios de unos cuantos políticos, expertos y opinólogos, con alma de machos alfa expulsados de la manada.(El Mostrador)
