Tres semanas restan para el plebiscito que definirá si es que la ciudadanía chilena aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución que presentó la Convención. En el camino, distintos actores han mostrado su parecer respecto del texto y hoy son los rectores de las universidades chilenas los que entran al ruedo: La Tercera sondeó a las 45 máximas autoridades de las instituciones adscritas al Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria. No todos contestaron, algunos argumentando que no lo hacían por prescindencia, aun cuando Contraloría sí les permite dar su opinión.
Son 11 rectores los que manifestaron una postura tendiente a rechazar: Ignacio Sánchez (PUC), Galvarino Jofré (UC Silva Henríquez), Aliro Bórquez (UC Temuco), Diego Durán (UC Maule), Rodrigo Alda (UC Norte), Federico Valdés (del Desarrollo), Cristián Nazer (Finis Terrae), Sergio Mena (Gabriela Mistral), Gutenberg Martínez (Miguel de Cervantes), José Rodríguez (San Sebastián) y Darcy Fuenzalida (Santa María).
“El texto adolece de problemas muy serios, lo que me impide apoyarlo”, señala Sánchez, quien esgrime como algunos de ellos el aborto libre y su objeción de conciencia, sumado a que se propone una educación centrada en lo estatal. Por eso, espera que “una vez que se rechace esta propuesta se generen las condiciones y mecanismos para otro texto”.
Mientras, Jofré comparte el juicio sobre el énfasis en lo estatal y aunque dice reconocer la intención de dar acceso a toda persona a educarse, ve “con preocupación el diseño de un sistema nacional de educación que no valora plenamente la vida, no entiende adecuadamente el aseguramiento de la calidad y no reconoce en plenitud el derecho de los padres a educar a sus hijos”.
Por su parte, Bórquez expone que “en lo personal no estoy dispuesto a aprobar a fajo cerrado. Una propuesta que polariza al país como está ocurriendo da cuenta que no es una buena propuesta”. Asimismo, Durán dice ver “con mucha preocupación” el texto, “no solo porque no cuenta con el apoyo mayoritario”, sino que no logró recoger aspectos, como en educación superior, donde hay “proyectos no estatales que tanto han hecho por el país”. A su juicio, tampoco hay garantías en sistema político o justicia. “Si bien hay aspectos muy importantes, estos no logran por sí solos, en mi caso, convencer, y junto con el aborto libre dificultan seriamente su aprobación”.
Alda argumenta que el proyecto “tiene una mirada reduccionista del sistema universitario, dado que solo se enfoca en instituciones del Estado”. Así, dice que las historias de planteles como el suyo no pueden desconocerse, “al igual que la libertad de ciudadanos y familias para elegir qué educación requieren”. Y cierra: “El camino elegido tendrá impactos que pueden poner en riesgo los avances, al no reconocer los aportes de todos los actores del sistema, con consecuencias sobre estudiantes y territorios”.
En tanto, Nazer arguye que el texto presenta “graves deficiencias” en educación superior y su sistema de provisión mixta “que ha permitido aumentar notablemente la cobertura e impulsar la calidad”. Asegura que la acentuación de la educación pública es loable, pero que el problema es “la ausencia de mención a la educación privada”. Por esas “omisiones” y otros aspectos “es que no puedo apoyar esta propuesta constitucional”. Del mismo modo, Mena asegura que la propuesta “no recoge ni valora los aportes de las universidades privadas y que permitieron democratizar el acceso a la educación superior”, donde tampoco existe “un compromiso explícito con un sistema mixto”. Además, dice que es un texto “que restringe aún más de lo que ya está intervenido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos” y que “discrimina de un modo tan extremo a la enseñanza privada, que es imposible apoyarlo”.
Además, Gutenberg Martínez asevera que la propuesta “desgraciadamente es un proyecto técnicamente mal construido y débil académicamente. No es una casa de todos y propicia la división”. Y argumenta: “Muchas propuestas son cuestionables y aquellas que se pueden valorar son las menos. El sistema político representa serios riesgos para la democracia; lo plurinacional es una mala inspiración extranjera; lo educacional es una concepción estatista antigua y superada. No cabe duda que habrá que partir de nuevo”.
Fuenzalida, desde la Federico Santa María, asegura que el borrador “lamentablemente no recoge el rol histórico de la educación pública en Chile, compuesta de universidades estatales y no estatales”. Por ello, dice, “cuesta entender que no se haya considerado este aporte y el necesario reconocimiento que asegure su provisión”. Para él, añade, “no es posible apoyar un texto que no reconoce a universidades como la nuestra”, la que asegura ha jugado “sin dudas” un rol público.
Finalmente, Rodríguez señala que “se hace muy difícil apoyar un proyecto constitucional que discrimina a las instituciones privadas”, y Valdés hace poco aseguró que el texto le daba “muchas razones” para votar Rechazo.
Pilar Romaguera (de Las Américas), si bien no se define por esta opción, sí muestra ciertas aprensiones, al igual que Cristhian Mellado (UC Santísima Concepción), quien de todas formas aclara que “independiente de lo que pase, si se aprueba o no una Constitución, lo cual es claro que se necesita, la decisión debe ser una decisión lo más informada posible y en conciencia. Lo importante es que se corrija la desconsideración hacia el rol clave de las universidades públicas no estatales.
LOS QUE APRUEBAN
En la otra vereda, cinco rectores muestran ideas -ahora o en entrevistas recientes- favorables al texto: Álvaro Ramis (Academia de Humanismo Cristiano), Eduardo Hebel (de La Frontera), Juan Manuel Zolezzi (Usach), Osvaldo Corrales (de Valparaíso) y Elisa Araya (Umce).
“Apruebo porque la propuesta constitucional fortalece el rol social de la educación garantizándola de forma universal en todos sus niveles; instala los principios de inclusión, no discriminación y pluralismo; asume la necesidad de ampliar y fortalecer la educación pública y, a la vez, garantiza claramente la provisión mixta en el sistema; instala el deber de una educación no sexista y libre de violencia”, son algunos de los argumentos de Ramis.
Mientras, Hebel dice estar “de acuerdo con lo que estipula el borrador respecto de educación pública, pues garantiza la universalidad, establece la educación como derecho, potencia las universidades estatales e incorpora una mirada intercultural y territorial. Esto, para una región como La Araucanía, es relevante”.
El aún rector Zolezzi dijo en entrevista con La Tercera que “yo voy a aprobar”, misma situación que Corrales, quien, si bien aseguró que no era una respuesta que daba como rector, su yo ciudadano estaba “por la opción de aprobar”. Araya también señala que como ciudadana aprobará, pero además como rectora se sumó a una carta que apoya esta opción.
Y aunque no lo dicen directamente, hay rectores que sí muestran señales de apoyo hacia el texto, como Luis Alberto Loyola (de Antofagasta), Natacha Pino (de Aysén) o Rafael Correa (de O’Higgins). “Tiene aspectos positivos, como que se reconozca el derecho a la educación como un deber primordial e ineludible del Estado”, apunta Loyola, y añade que es “interesante que la propuesta consagre a la educación pública como eje de un Sistema Nacional de Educación”.
Asimismo, Pino augura que “independiente del destino (de la propuesta), “me ocupa gestionar y proyectar el futuro de nuestro proyecto haciendo frente a evidentes desigualdades territoriales”. En esa línea, resume, “el borrador consagra el derecho a la educación como un deber primordial del Estado, describe sus fines y fija sus principios, donde encontramos congruencias con los que inspiraron la creación de nuestra universidad”.
Por su parte, Correa cree que “los chilenos nos hemos dado una gran oportunidad para tener una Constitución acorde a un país progresista, así lo hemos querido y debemos elegir entre dos textos: la Constitución del 80 o la que propone la Convención”. Así, dice que si gana el Apruebo, “deberemos avanzar estableciendo las leyes que lo ordenen”. Y, por el contrario, si vence el Rechazo, “habrá que corregir la Carta del 80 y ese sería un proceso más largo y difícil, no solo por la dificultad intrínseca de adaptar esa carta, sino también por la situación social que se generaría”.
Además, Eduardo Silva (Alberto Hurtado) no se juega con una opción. De hecho, asegura que hay motivos para aprobar y rechazar, pero que sea cual sea el resultado “necesitamos una nueva Constitución. Si esta propuesta se aprueba, hay muchas cosas que mejorar. Si se rechaza, deberemos generar un nuevo texto que recoja esas mejoras y las propuestas anteriores”.
Con todo, no emitieron su postura (Apruebo o Rechazo) de cara a este sondeo los siguientes rectores de casas de estudios estatales: Martínez (Arturo Prat), Maripani (de Magallanes), Arias (de Atacama), Avilés (de La Serena), Garrido (de Los Lagos), Durán (Utem), Sanhueza (de Playa Ancha), Torres (de Talca), Rodríguez (de Tarapacá) y Cataldo (del Biobío). Tampoco se hicieron parte estos rectores de privadas: Castro (Unab), Richter (Austral), Ribera (Autónoma), Vásquez (UC de Valparaíso), Ruff (Bernardo O’Higgins), González (Central), Saavedra (de Concepción), Peña (Diego Portales), Manque (Mayor) y Recart (Santo Tomás).
Beyer (Adolfo Ibáñez) y Devés (de Chile) tampoco lo hicieron, pero en el pasado cercano han mostrado cierta tendencia. “El texto es un flaco favor al país”, dijo en Emol el primero, mientras que la segunda señaló en mayo a CNN que “difícil sería no aprobar”. Además, Guzmán (de los Andes), esgrimió razones de salud.
