Los últimos planteamientos de la ministra sobre la Reforma a la Educación Superior muestran ciertas novedades, no obstante dejan muchos temas en el aire; por ejemplo al señalar que la Presidenta de la República prefiere que se tramite un solo proyecto, y no intentar que algunas materias se debatan primero en el Parlamento.
Una de ellas es la necesidad de contar con una Superintendencia de Educación Superior, con labores reguladoras que mejoren el funcionamiento de las instituciones. Con adecuadas facultades podría anticiparse a situaciones críticas, como cierres y quiebras que solo perjudican a los estudiantes; ya conocemos la situación de la Universidad Iberoamericana.
Este organismo podría ser un mecanismo útil para despejar asuntos que hoy se plantean sin base empírica; por ejemplo, la crítica al Consejo Nacional de Acreditación, que sustenta la supuesta necesidad de cambios profundos en esa entidad a raíz de problemas ocurridos hace más de seis años: la realidad demuestra que hoy no existe cuestionamiento producto de malas prácticas en los procesos de acreditación institucional, tanto de universidades privadas como estatales.
Sobre un asunto tan debatido como las transacciones relacionadas, las normas existentes respecto a las responsabilidades y derechos de directores y gerentes en una sociedad anónima abierta, son una buena guía para la administración de cualquier organización, definiendo lo que se espera de la conducta de sus integrantes y las sanciones por incumplimiento.
En todo caso, seguimos esperando que exista relación clara entre los contenidos del proyecto de ley y los objetivos que éste identifica: mejorar la calidad de nuestra Educación Superior y tener mayor equidad en el proceso formativo. La falta de coherencia tiene su origen en un diagnóstico erróneo sobre el sistema y sus componentes. En ciertos momentos, más que reconocer el aporte de las instituciones privadas, se acepta a regañadientes su existencia, planteando un cúmulo de restricciones a sus posibilidades de desarrollo. Existen visiones maniqueas sobre lo que han aportado y pueden aportar las Universidades Estatales o las del Cruch respecto a las privadas, sin considerar la calidad de las instituciones ni su aporte a la equidad. Autoridades de gobierno y parlamentarios, con frecuencia apelan a modelos ideales, comparando situaciones ajenas a la realidad nacional. Un caso es la pretendida superioridad de las universidades estatales, como tipología genérica, por sobre las universidades privadas; lo que se ha manifestado con fuerza en el financiamiento estatal, llevando a algo impensado, como es el recurso judicial de la Pontificia Universidad Católica de Chile por haberse vulnerado lo que, según su demanda, son derechos adquiridos.
Es de esperar que ahora tengamos un proceso reflexivo, que permita que todos los actores involucrados logremos que los cambios necesarios en nuestra Educación Superior vayan en la dirección de elevar la calidad y mejorar las oportunidades para los sectores de menos ingresos y capital cultural. No olvidemos que en el segmento de 40% de ingresos más bajos, solo estudian 36 de cada 100 jóvenes, mientras que en el 20% superior prácticamente todos lo hacen. (La Tercera)
